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En la sección “Cartas al Director” de la edición del semanario Búsqueda del jueves 30 de enero de 2020, el Dr. Juan Martín Jorge menciona, un tanto transversalmente respecto al objeto principal de su carta, “qué argumentos tiene Aratirí para hacer un juicio millonario al Uruguay por las decisiones de Mujica y su gobierno”.
Si bien coincido con el Dr. Juan Matín Jorge en la calificación pésima de la administración del expresidente Mujica, creo que sobre el tema de la demanda de la empresa contratista del emprendimiento Aratirí hay que profundizar sobre las responsabilidades que corresponden a nuestros gobernantes y parlamentarios.
El tema tiene trámite reservado, lo cual se comprende dada la “torta de plata” involucrada, por lo cual mi conocimiento es sumamente parcial y agradezco toda corrección que corresponda.
Según tengo entendido, la demanda de la empresa se apoya en el argumento de que el estado uruguayo varió “las reglas de juego” de la normativa relacionada con la explotación minera en Uruguay, después de la firma del contrato con el Estado uruguayo, lo cual produjo una baja en la rentabilidad esperada de la explotación del emprendimiento.
Sin entrar a juzgar la validez de la consecuencia económica del mencionado cambio institucional, es necesario profundizar en su estructura.
¿Este cambio de reglas de juego fue debido a una decisión del Poder Ejecutivo de la época mediante decreto o al contenido de una ley aprobada por el Parlamento de la República?
¿Los responsables políticos de la redacción de la norma así como los asesores técnicos cometieron errores u omisiones que permitieron la demanda de la empresa?
En caso de que el argumento de la empresa demandante se base en una ley con aprobación parlamentaria, ¿quienes son los parlamentarios que la votaron? ¿Consideraron la posibilidad de una demanda, tal como efectivamente se ha concretado?
Personalmente creo que los argumentos de la empresa contratista del emprendimiento Aratirí respecto a la baja en la rentabilidad del negocio son una fantasmada, la causa real de esta fue la baja de la cotización internacional del hierro, combinado con el nivel de calidad del mineral uruguayo.
La demanda es coherente con el perfil que suena a filomalandra de una empresa, que, sin razón aparente, tiene domicilio legal en la isla de Jersey situada en el canal de la Mancha, de definición institucional ambigua (dependencia de la Corona Británica, pero no parte del Reino Unido).
Sin emitir opinión al respecto por desconocimiento real de la situación, en lo personal me huele feo.
