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    Argentina: pago y control cambiario

    Cuando un país incumple sus deudas una vez, en adelante los prestamistas desconfían. Cuando lo hace más de una vez, las dudas respecto a su voluntad de pago se potencian. Por eso la amortización de la última cuota de un bono que el gobierno de Argentina concretó el viernes 3 fue exaltada por sus integrantes como un hecho significativo.

    En una decisión que había sido celebrada por su Congreso, ese país dejó de pagar su deuda pública a fines de 2001, cuando atravesaba una crisis que derivó en la caída del presidente Fernando de la Rúa. Para quienes tenían depósitos en Argentina que fueron pesificados en el “corralito” de esos años se emitió un bono —Boden 2012.

    Desde 2005 ese título tuvo amortizaciones anuales y el último pago, por unos U$S 2.200 millones, se concretó el viernes 3. “Terminamos de pagar el corralito”, señaló el Ministerio de Economía en un banner en su sitio web, acompañado de la leyenda “sin deudas somos más libres”.

    Un día antes la presidenta argentina, Cristina Fernández, había anticipado que se haría el pago. Fue en un discurso pronunciado en el marco de un acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el que también criticó a los bancos y anunció un aumento de las jubilaciones.

    El pago fue interpretado como positivo por analistas, porque entienden que descomprime los vencimientos de deuda pública y mejora la reputación de Argentina como deudor.

    Eso contrasta con las distorsiones que su gobierno está introduciendo en el mercado cambiario.

    A través de una resolución fechada el viernes 3, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció nuevas restricciones para el cambio de divisas en ese país. La nueva disposición establece, con vigencia desde el próximo lunes 13, que quienes viajen al exterior podrán tramitar un permiso para cambiar moneda exclusivamente del país de destino, es decir pesos en el caso de Uruguay o reales de Brasil.

    La AFIP requiere, para validar esas operaciones, que los “datos declarados por el potencial adquirente sean confirmados por la empresas de transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, o, en su caso, por el operador turístico interviniente”.

    Con esta y otras medidas el gobierno argentino pretende contener la salida de dólares del país.