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La Haya. (Juan Pablo Mosteiro). Para Philippe Couvreur la cíclica polémica entre Argentina y Uruguay por “las papeleras” (en realidad, fábricas de pasta de celulosa) quedó zanjada en 2010 con el fallo del otro gran tribunal mundial de La Haya: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas. Couvreur cumple su segundo mandato de siete años al frente de la Secretaría de esa Corte, que aspira a convertirse en “la piedra angular de las relaciones internacionales”.
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Puesta en marcha en 1945, la CIJ se ocupa de las controversias entre los estados miembros de la ONU por conflictos fronterizos como el de Uruguay y Argentina, o el más reciente diferendo limítrofe en el océano Pacífico entre Chile y Perú.
Couvreur (Bélgica, 1951) recibió a Búsqueda en el Palacio de la Paz, un centenario y monumental edificio de estilo neo-renacentista, “sede del derecho internacional” ya que alberga a la Corte Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje y la Academia de Derecho Internacional.
“Aquí, en la CIJ, tuvimos a dos jueces uruguayos: (Enrique) Armand Ugón y (Eduardo) Jiménez de Aréchaga, quien presidió la Corte (1976-1979). De hecho, Uruguay posee una larga tradición de interés por el derecho internacional. Ya estuvo presente en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya (1907) y en el estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional (la antecesora de la CIJ). Uruguay fue uno de los primeros países en aceptar la competencia de esta Corte”.
Argentina recurrió en 2006 a la CIJ por la eventual contaminación de las fronterizas aguas del río Uruguay a causa de la instalación de Botnia (hoy, UPM), una planta finlandesa procesadora de celulosa del lado uruguayo. El tribunal determinó en 2010 que la planta no contaminaba, aunque señaló que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción y ordenó crear una comisión conjunta para vigilar y controlar el impacto ambiental.
Couvreur declaró a Búsqueda que la CIJ “da una garantía fundamental de previsibilidad” para países pequeños, como Uruguay, porque “ante un diferendo, cualquier Estado puede evaluar sus posibilidades ante la Corte”.
“Es una instancia permanente, tiene un cuerpo de jurisprudencia y todos saben quiénes son los jueces, cuál es el procedimiento y cuál es el derecho aplicable. Además, los Estados cuentan con toda la logística de Naciones Unidas. Claro que ir a la Corte no es un acto amistoso, no se trata de un tribunal local sino de una Corte mundial y por eso tiene otro peso. Pero el fallo de la Corte se basa en la argumentación de las partes y las sentencias son definitivas e inapelables”, precisó.
El jerarca belga recordó que la CIJ “ya falló en 2010” sobre la cuestión de la pastera instalada en Río Negro y, si bien dijo no poder hablar sobre el caso concreto, precisó ante una pregunta de Búsqueda que “si el ‘país grande’ (en este caso, Argentina) no cumple con un decisión de la Corte se pone automáticamente fuera del juego internacional. Es obligación de los Estados partes ante una controversia aceptar el pronunciamiento de la CIJ. Y no cumplir con un fallo es un acto ilícito internacional con todas las consecuencias”.
¿Cuáles “consecuencias”? Según Couvreur, “hay una presión mundial muy importante, ¡gracias a Dios! Existe una reacción natural de la comunidad internacional contra aquel Estado que incumpla un fallo de la Corte. En el caso que usted señala —y al que no puedo referirme por razones obvias— ambos países se comprometieron a respetar y acatar la jurisdicción de la Corte. Una parte víctima de la inejecución de una decisión puede recurrir al Consejo de Seguridad, donde los grandes son más poderosos y juega el derecho de veto. O sea que un país pequeño tiene todas las garantías en esta Corte. Aparte está el peso moral. Toda esa presión es muy importante. Y ese es el límite del sistema judicial internacional”.
No obstante, recordó que “desde la creación de esta Corte han sido extremadamente raras las sentencias que han planteado serios problemas de ejecución. La experiencia muestra que un fallo es inalterable. Incluso lo fue para Estados Unidos, que en un primer momento se negó a aceptar una decisión de la Corte favorable a Nicaragua”.
En 1984, el gobierno nicaragüense acusó a Estados Unidos por violaciones al derecho internacional al apoyar a la oposición armada —los “contras”— en su guerra interna y por minar los puertos del país. La Corte dictaminó en favor de Nicaragua en 1986, pero la primera reacción de Washington fue negarse a respetar la decisión de la Corte, argumentando que ésta no tenía jurisdicción sobre el caso.
