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Para las industrias locales de fármacos, los últimos tiempos no han sido buenos debido a la “distorsión” que los reclamos sindicales ocasionaron a su actividad.
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“Tuvimos semanas y semanas de paros perlados, asambleas de todo un día, (…) los stocks se cayeron al piso, todas las empresas en función de su grado de sindicalización, perdieron oportunidades de negocio y varios perdimos o atrasamos pedidos de exportación”, dijo a Búsqueda el vicepresidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), Carlos Scherschener.
A su juicio, el sector está “bajo una amenaza, donde cualquier conflicto se exacerba y pone a las empresas sin posibilidades de producir”. Y disparó: “En este clima, la gente siente que pierde el control de sus empresas”.
La industria nacional del medicamento facturó el año pasado U$S 330 millones en el mercado interno y U$S 60 millones en exportaciones, según datos de la ALN.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA), Edgardo Oyenard, dijo a Búsqueda que “hay laboratorios que desconocen los derechos” de los trabajadores y que “en ningún lado el convenio” colectivo dice que deban quedarse “impávidos ante ello”. Agregó que hay disposición a discutir los planteos sindicales, pero si ese camino no prospera “el SIMA va a tomar las medidas que tenga que tomar las veces que sea necesario”.
Sobre la afectación de la conflictividad en la actividad de las empresas, el dirigente aseguró que el sindicato no tiene “datos concretos” y agregó que “una industria pujante, que año a año crece en cuanto a facturación, ganancias y apertura de mercados, debiera tener más responsabilidad desde el punto de vista empresarial, en cuidar las relaciones con los trabajadores”.
“Un tiro en el pie”.?
La ALN agrupa a una treintena de fábricas de fármacos de capitales nacionales y de la región. Su vicepresidente dijo que “sin duda la actividad sindical distorsionó el funcionamiento de los laboratorios; el que tiene tres agremiados se mata de la risa, pero el que tiene 50% de sindicalización lo sufre”.
Recordó que desde julio de 2013 la industria enfrenta medidas sindicales por la negociación del convenio colectivo, que fueron graduales pero que terminaron con paros perlados que impidieron desarrollar varios procesos productivos que deben ser continuos o con determinado grado de esterilidad, explicó.
Este año la conflictividad tomó notoriedad con la ocupación del laboratorio Gramón Bagó, uno de los socios de la ALN. En agosto se levantó la medida tras la designación de la figura de un árbitro que proponga una salida a ese diferendo, originado por el despido de dos visitadores médicos por faltas graves, según la empresa.
Scherschener agregó que además de perder ventas afuera, los laboratorios nacionales vieron afectada su participación en el mercado interno, puesto que cuando no pueden entregar la mercadería por las medidas sindicales, los importadores “entran y venden, incluso a un precio más bajo, porque tienen costos menores”.
Opinó que cuando la “lucha por los derechos se alarga, termina siendo un tiro en el pie para los trabajadores (porque) la empresa pierde además de negocios, credibilidad”.
Oyenard aclaró que actualmente no hay medidas de lucha y que se retomó la relación con la ALN para discutir temas de salud laboral. Sin embargo, informó que una empresa de logística en el sector de medicamentos está desconociendo categorías salariales —entre otros problemas— y que una industria se está negando a reconocer a algunos trabajadores como integrantes del sindicato. “Tenemos no menos de una veintena de situaciones de empresas con las que se reitera el tener que ir al Ministerio de Trabajo porque se violan los derechos” laborales, afirmó.
El SIMA tiene unos 1.300 afiliados y hay algo más de un tercio de esa cifra de trabajadores no agremiados.
