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La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) “desconoce el universo de los inmuebles que integran su patrimonio” y no posee información confiable e íntegra al respecto, acerca de su valor patrimonial o catastral, así como sobre su disposición y estado. La falta de certeza sobre la cantidad de inmuebles arrendados y la ineficiente gestión de cobro causan “incertidumbre sobre el principal ingreso que tiene hoy en día el organismo, en cuanto a los importes a percibir, su exigibilidad, así como sobre la disponibilidad de dichos bienes”.
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Esos señalamientos hizo, como los más graves, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en un informe que evaluó los ingresos y gastos de AFE relacionados con sus inmuebles. Abarcó el período 2019-2022.
Respecto del servicio de vigilancia contratado para esas propiedades, la AIN afirmó que “no se ha constatado la existencia de un estudio objetivo que avale que los requerimientos de la prestación solicitados sean acordes a las necesidades. Existen debilidades en la etapa del llamado del servicio que impactan en el proceso de contratación. Asimismo, no se puede asegurar que las actividades de control implementadas garanticen la salvaguarda de dichos activos”.
El informe marcó que no fue posible efectuar los procedimientos de auditoría sobre los controles efectuados para garantizar la efectiva prestación del servicio de vigilancia acorde a lo adjudicado, ya que está en curso un “proceso sumarial respecto a una de las partes intervinientes”.