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En estas primeras semanas de octubre algo más de dos centenares de empresas recibirán una notificación de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) intimándolas a registrar sus estados contables en la Central Electrónica de Balances que ese organismo administra. Si no lo hacen, quedarán expuestas a una multa y, en extremo, a la suspensión del Certificado Único expedido por la Dirección General Impositiva, imprescindible para poder operar.
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La transformación en digital del registro de balances en papel en la AIN se concretó a mediados de 2013, de la mano de nueva normativa —de 2015— que clarificó los umbrales de facturación anual (26,3 millones de unidades indexadas a la inflación, equivalentes a unos US$ 3,3 millones o ingresos por más de 4 millones de UI si más del 90% proviene de renta extranjera) a partir de los cuales las empresas están obligadas a registrar electrónicamente sus balances. “No es el quiosquito de la esquina” el que está alcanzado por dicha exigencia, dijo a Búsqueda la auditora interna de la Nación, María del Carmen Rua.
Esa norma también identificó y amplió la nómina de sujetos obligados: además de las sociedades comerciales de cualquier forma, se incluyó a sociedades y asociaciones civiles, sociedades y asociaciones agrarias, fundaciones, cooperativas, fideicomisos y fondos de inversión no regulados por el Banco Central. Entre esas nuevas categorías están, por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol o las iglesias, que deberán registrar sus estados contables desde 2018 según el cronograma establecido.
Para cargar la información contable se emplea el XBRL (Extensible Business Reporting Lenguage), un lenguaje informático de transmisión de datos de fácil uso para las empresas y a la vez seguro; la AIN absorbió el costo de la licencia.
Este año, hasta agosto, se habían registrado 2.736 balances, lo que ya supera la cifra de todo 2016 (2.219). “Sabemos que hay que mejorar el cumplimiento. Tenemos identificado un buen número de empresas que deben inscribir sus balances y aún no lo han hecho”, afirmó la jerarca. Para empezar, el organismo notificará de la presunta omisión a más de 200 firmas que son las que presentan “mayor atraso”. Se trata de algunas para las cuales prescribió el plazo de registrar el balance en la central pasados 180 días después del cierre del ejercicio.
Cumplidas las etapas de difusión de los requisitos, la fiscalización “es una forma de darle credibilidad y que la central de balances sea percibida como una verdadera central para todos”, añadió la titular de la AIN. En ese sentido, dijo que hacia delante el “desafío” es lograr que los balances que se inscriben en dicha central sean aceptados como válidos frente a distintos organismos que lo requieran o ante el sistema bancario.
A los estados contables inscriptos en la central puede acceder cualquier interesado, previo pago de un arancel. Desde el exterior algunos compran de a decenas o centenas, para evaluar posibilidades de inversión, si bien también los adquieren interesados locales generalmente en menos cantidades. La central es, según Rua, una “oportunidad para el país, para propiciar inversiones tanto externas como locales”.
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