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Impuestos y ricos: la DGI planea unificar la gestión del “segmento” de personas con “altos patrimonios”
La decisión es dejar de tratar al Impuesto de Primaria como una “islita” y hacer una “gestión específica” de los distintos tributos que recaen sobre las personas con más riqueza, señala el director general de Rentas
Sede de la DGI, en la Av. Daniel Fernández Crespo.
Al inicio de la actual administración, el Impuesto de Primaria se metió en la agenda pública por el caso del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y sus deudas por la casa de balneario en Solís. Sobre ese tributo volvió a hablarse la semana pasada, esta vez con el presidente de la República como moroso por una propiedad de su titularidad y una vivienda familiar con mejoras no regularizadas ante Catastro.
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El Impuesto de Enseñanza Primaria lo pagan anualmente cerca de un millón de contribuyentes: propietarios, promitentes compradores, usufructuarios y poseedores de inmuebles urbanos y rurales de todo el país cuyo valor imponible, expuesto en la cédula catastral, supere cierto monto ($ 282.612 en 2026). Mediante un trámite ante la Dirección General Impositiva (DGI), pueden quedar exonerados los padrones destinados, por ejemplo, a sedes de delegaciones diplomáticas, organismos internacionales o consulares, así como las propiedades del Estado, los gobiernos departamentales y las cooperativas de vivienda, entre otros.
La base imponible es el valor catastral de cada padrón y tiene alícuotas para cuatro franjas, de 0,15%, 0,20%, 0,25% y 0,30%; es un tributo cedular y la mayoría lo paga de manera innominada, sin que se identifique al contribuyente. Lo recauda la DGI, pero la plata se destina a financiar gastos de la educación pública, como alimentación, compra de útiles, reparaciones y limpieza de locales escolares.
La resonancia pública del caso del director de la OPP llamó la atención en su momento en la oficina recaudadora. “Hubo una inquietud generalizada con el tema del cumplimiento del impuesto; ojalá se diera con todos” los tributos, comentó en diálogo con Búsqueda por esas semanas el director de la DGI, Gustavo González Amilivia, y adelantó la intención de “vigorizar” la gestión de cobro.
La estrategia definida en ese sentido está tomando forma y es, de hecho, más abarcativa: implica que la oficina trate a los individuos con “altos patrimonios” como un “segmento” de contribuyentes alcanzados en su riqueza por diferentes tributos, no solo el de Primaria.
“La idea es ir hacia la definición de un segmento de altos patrimonios e incluir ahí todos los impuestos que están vinculados a personas físicas con altos patrimonios y tratar de ir caracterizándolas. Eso comprende la gestión del Impuesto de Primaria, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de arrendamientos, la distribución de dividendos, el IRPF por rentas de capital mobiliario —o sea, renta financiera de todo tipo— y el Impuesto al Patrimonio de personas físicas. Todos los impuestos que tengan que ver con la rentabilización del patrimonio o con impuestos que sean específicos al patrimonio propiamente”, informó el jerarca a Búsqueda.
El director general de Rentas alegó que brindar una atención específica al “segmento de altos patrimonios” es una “tendencia relativamente reciente de las administraciones tributarias” en el mundo, señalada —según mencionó— “en varios lados”, incluso en documentos del Fondo Monetario Internacional. “Así como tener una gestión específica sobre grandes contribuyentes, recomiendan tener una gestión específica sobre contribuyentes de alto patrimonio”, indicó.
¿Cuánto es un alto patrimonio?, le preguntó Búsqueda. “Está todo para definirse”, contestó González Amilivia. ”Pero el punto es: (hoy) tenemos todo eso fragmentado. Entonces, eso (el tratamiento como segmento) es lo que tiene más sentido para nosotros”.
En teoría, si en el futuro prospera una mayor carga fiscal sobre los más ricos de la población —una idea promovida por el PIT-CNT que es resistida por el Poder Ejecutivo—, su gestión entraría dentro de este segmento de contribuyentes de “alto patrimonio”.
“Islita” y “confianza”
El jefe de la DGI argumentó, además, que el Impuesto de Primaria “tiene mecanismos de control social interesantes, que están buenos, pero desde el punto de vista de la recaudación” el tributo “ni siquiera es de cerca lo más relevante que recibe la ANEP desde el punto de vista presupuestal. Eso no es para desdeñarlo tampoco, pero, quiero decir, ahí el tipo de alternativas que mejor funcionan en la gestión es que tienen que ser masivas”.
Insistió: “La pretensión es tratar de integrar el Impuesto de Primaria como una obligación más, no como una obligación por separado. (...) Siempre se ha mantenido como una islita” dentro de la DGI y “la idea es poder integrarlo al conjunto de obligaciones de los contribuyentes. Eso implica tratarlo como un impuesto nominado, que todavía no lo es. Me refiero: yo sé a quién le corresponde cada uno de estos padrones. Pero hacer eso (tratarlo como impuesto nominado), se justifica si vos lo hacés también gestionando todas las obligaciones tributarias vinculadas, sea el IRPF por arrendamiento, el Impuesto al Patrimonio” u otro impuesto.
González Amilivia no quiso hablar de plazos específicos para implementar esta innovación en la gestión de los impuestos de los contribuyentes de “alto patrimonio” y explicó que “probablemente esto requiera tener todo el cambio organizativo (asociado también a un nuevo plan estratégico al 2030) ya consolidado para poder hacerlo. ¿Por qué? Sobre todo porque requiere capacitar a un grupo de funcionarios específicos que trabajen esto, requiere generar los análisis de riesgos específicos para ese segmento, para que tenga sentido; cuando ponés a la gente a trabajar, la gente tiene que tener material de trabajo para hacerlo y ya tiene que saber cuál es su cartera de contribuyentes y de qué manera lo va a tratar, etcétera. Pero es relevante porque, más allá del impacto recaudatorio —todavía no tengo claro qué tan importante pueda ser su incidencia, y no estoy hablando de Primaria, sino de todos los impuestos vinculados al alto patrimonio—, esto es una tendencia internacional. No lo inventamos nosotros y tiene mucho que ver con la confianza; o sea, en qué medida vos ganás confianza en los contribuyentes. Tener una línea de trabajo específica sobre individuos de alta capacidad contributiva es relevante también en esto de ir generando condiciones de equidad en la gestión tributaria”.