En opinión del Tribunal de Cuentas (TC), el estado financiero “presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes”, la situación contable de la dependencia o empresa estatal o entidad que maneja fondos públicos. Eso rezan, casi siempre, los exámenes a los balances que realiza dicho órgano de control, aunque casi siempre también advierte apartamientos a la normativa de menor o mayor gravedad. En lo que va del año, en las resoluciones del TC que aprueban sus auditorías, algunos de los señalamientos fueron coincidentes, como el exceso de gasto en horas extras o el no haber cubierto un mínimo de vacantes con personas discapacitadas o afrodescendientes.
Otras situaciones hablan de debilidades en la gestión o directamente violaciones regulatorias en ciertas áreas del Estado. En esa categoría califican, por ejemplo, el pago de remuneraciones a los directores de un ente por encima de los máximos permitidos, un integrante de una Junta directiva que no figura en la planilla de trabajo, becarios que trabajan sin contrato, el uso de la “caja chica” para rubros no autorizados o la ausencia de un inventario actualizado de los bienes que posee una unidad ejecutora ministerial.
El TC tiene entre sus competencias “dictaminar e informar” respecto de las rendiciones de cuentas y de gestión de “todos los órganos del Estado, inclusive gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera sea su naturaleza”. También debe “intervenir en todo lo relativo” al manejo financiero de esos organismos, así como denunciar irregularidades en el uso de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.
Auditorías
En lo que va de 2018 el TC dio aprobación a más de una veintena de auditorías y exámenes de estados financieros, rendiciones de cuentas o balances cerrados, en general, a fin de 2016. Solamente en un caso no dio su visado.
La auditoría del estado de ejecución presupuestal de Ancap de ese año constató múltiples apartamientos, como los polémicos gastos con tarjetas corporativas realizados por jerarcas que terminaron en la Justicia. Entre otras cosas, el TC observó que el ente superaba el tope previsto para las horas extras de sus empleados; que las retribuciones de los directores excedían los máximos fijados por la normativa (en unos $ 10.000, al cobrar partidas como “viático comida” y “compensación producto”); y que el personal de Secretaría percibía partidas salariales adicionales no autorizadas, lo mismo que los becarios de los convenios “Yo estudio y trabajo” y los del “Inau-Sirpa”. Además, constató que, sin amparo legal habilitante, un funcionario de Ancap prestaba funciones en Ducsa, una subsidiaria del ente.
En Pluna Ente Autónomo solo se comprobó que no publicó los estados financieros en dos diarios de circulación nacional conforme lo dispone la Ley 17.040.
También realizó cuestionamientos a aspectos de la exposición contable. Los estados financieros de la petrolera estatal incluyeron partidas como ingresos y egresos “que no corresponden a la ejecución presupuestal”, a la vez que no se informaron los compromisos referidos a gastos de inversión contraídos y no realizados en el ejercicio. Asimismo, se imputaron como donaciones contraprestaciones de servicios efectuadas a dos seccionales policiales que no estaban respaldadas por resoluciones de directorio, ni fueron comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ni al sector Responsabilidad Social de la División Relaciones Institucionales y Comunidad, tal como lo exigen las normas.
OSE también gastó en horas extras por encima del límite legal y sin una resolución de directorio, constató el TC al evaluar su balance de 2016. Entre otros apartamientos, la empresa estatal de saneamiento y suministro de agua pagó subsidios a personal de confianza no previstos en la normativa, se excedió en los plazos establecidos para la rendición de viáticos y la compra de acciones de Manantial Dorado (por $ 400.000) no fue registrada en su presupuesto de operaciones financieras.
La auditoría del balance de 2016 de la Administración Nacional de Correos detectó apartamientos en los procedimientos de adquisición, por ejemplo, al no llamar a interesados ni hacer las publicaciones en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. También infringió los topes para las horas extras y en el pago de la partida complementaria de salud.
El examen de la ejecución presupuestal de AFE del ejercicio de 2016 detectó, entre otros aspectos, órdenes de pago que no se sometieron a la intervención preventiva por $ 2.638.355 y US$ 5.402. También, que el ente ferroviario se excedió en las horas extras y efectuó gastos en varios rubros careciendo de asignación de fondos. Algo similar ocurrió en el Banco de Previsión Social (BPS) al efectuar en 2016 varias transferencias de dinero sin contar con dinero disponible para hacerlo.
La auditoría de la ejecución presupuestal de la ANP correspondiente a ese año mostró que había becarios del programa “Yo estudio y trabajo” sin que hubiera suscrito convenios. Además, el organismo de administración portuaria superó el tope para las horas extras, que es equivalente a 5% de los rubros anuales destinados a sueldos.
En 2016 Antel hizo 104 compras directas sin invocar causales de excepción por un monto total de $ 16,8 millones, contraviniendo artículos del Tocaf, la Biblia para la administración financiera pública. Como otros apartamientos, el TC indicó que dos funcionarios de la empresa estatal de telecomunicaciones prestaron tareas de asistencia a los directorios de las sociedades HG e ITC, pertenecientes a Antel, y que otros tres percibían remuneraciones superando el tope salarial asociado al sueldo del presidente de la República. Además, constató que vehículos propiedad de empleados del ente habían sido contratados para el traslado del personal de los equipos zonales, lo que viola las disposiciones.
En Pluna Ente Autónomo solo se comprobó que no publicó los estados financieros en dos diarios de circulación nacional conforme lo dispone la Ley 17.040.
Al Instituto Nacional de Colonización el TC le señaló algunas fallas en la registración en el balance de 2016 y cuestionó que no comunicó una condena judicial en su contra por daños y perjuicios, entre otros aspectos relativamente menores.
El balance de la Dirección General de Casinos al cierre de 2016 recibió varias objeciones. Entre otras cosas, el órgano de contralor señaló que esa dependencia del Ministerio de Economía carece de un inventario general de todos los bienes, actualizado y valuado al cierre del ejercicio, y que abonó facturas de combustibles con fondos de su “caja chica”, infringiendo las normas. Además, debió pagar multas por no presentar en tiempo y forma la declaración mensual necesaria para el registro de la Historia Laboral en el BPS, mientras que incumplió con el porcentaje legal de la contratación de pautas publicitarias con el canal y las radioemisoras del Sodre.
Al examinar los estados financieros y de ejecución presupuestal de 2016 del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el TC detectó que uno de los integrantes de su Junta Directiva no recibía remuneración mediante dietas, no figuraba en la nómina de funcionarios que el instituto declara a BPS ni en la planilla de trabajo rural presentada ante el Ministerio de Trabajo. Y que ese jerarca rendía, además de gastos por pasajes, viáticos y combustible como los demás, “otros que no corresponden a su actividad” con autorización del instituto.
El tribunal también cuestionó que el órgano de auditoría interna del INIA había dejado de efectuar funciones de contralor de gestión para pasar a dar apoyo al comité gerencial, porque ello “ha debilitado el sistema de control interno”.
Algo similar objetó al analizar los estados de ejecución presupuestal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias de 2016. A esa persona pública de derecho no estatal cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo, también le observó que en sus centros forestales no se realizaron arqueos a la fecha de balance y que en Paysandú tasó una superficie de hectáreas mayor a la que realmente es de su propiedad, lo que, si bien fue reflejado en los estados financieros, no afectó la opinión del TC acerca de los mismos.
Tras auditar los estados financieros de 2016 de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), el órgano de control señaló como una inconsistencia que se registrara como inversión permanente un Display de Led Exterior que en 2013 fue entregado al Sodre. En una nota al balance se mencionó que se estaba por suscribir un contrato con dicha entidad, aunque a la fecha de su informe de auditoría el IMPO no tenía un contrato firmado, ni había establecido responsabilidades ni condiciones de uso.
El TC se abstuvo de visar los estados financieros de la “Cartera Hipotecaria XI-Fideicomiso Financiero” formulados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) correspondientes a 2016, alegando que la documentación respaldante de los créditos contenida en las carpetas de los clientes no resultó suficiente para opinar sobre la razonabilidad de los saldos y determinar la necesidad de ajustes que pudieran afectar el balance. La ANV aclaró que en ese año comenzó con un trabajo de actualización de la documentación, sobre todo aquellos que fueron transferidos del Banco Hipotecario al fideicomiso y que son más antiguos.
Del examen del balance de ejecución presupuestal de la Cámara de Senadores de 2016 surgió, entre otras cosas, que hizo una compra directa de tóner por un monto mayor al permitido por el Tocaf y que no se realizaron aportes previsionales por la partida de prensa escrita recibida por los legisladores que están por fuera del régimen de AFAP, un apartamiento a las normas que arrastra de anteriores ejercicios. En Diputados observó un problema similar, además de que no contempló la cuota para afrodescendientes cuando incorporó a 55 nuevos funcionarios.
Al Congreso de Intendentes le cuestionó haber presentado fuera de fecha los estados contables de 2016; el plazo es de 90 días después de cerrado el ejercicio.
El TC halló varios apartamientos al Tocaf por parte de la Junta Departamental de Florida en el ejercicio de 2017. Tras analizar su rendición de cuentas, afirmó que ejecutó gastos sin verificar previamente la disponibilidad presupuestal y que hubo pagos sin contar con la orden formal exigida por las normas. Uno se hizo a un proveedor de servicios que no contaba con certificados vigentes del BPS y la Dirección General Impositiva.
