Lo que sigue es un extracto realizado por Búsqueda de los 13 informes de la AIN.
Escuela de funcionarios.
En la Escuela Nacional de Administración Pública de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se evaluó la contratación, ejecución y cobro de cursos de capacitación de funcionarios.
“La contratación de cursos por convenio se ajusta a la normativa vigente”, aunque su ejecución “no se ciñe a lo establecido” en un reglamento académico general instaurado desde abril de 2012 ni al manual de operaciones.
Además, se constataron varias debilidades, como la concentración de funciones en los coordinadores, Bedelía y el Departamento de Gestión Financiero Contable “sin la debida oposición de intereses y supervisión”, la “subutilización y/o deficiencias del sistema informático”, la “insuficiencia de las actividades de control en las distintas etapas del proceso, así como la ausencia de comunicación y aprobación formal de las instancias que obligan a la ONSC, al solicitante y a los docentes”. Todo ello no asegura la “integridad y veracidad de la información relativa a los cursos ejecutados”, la “objetividad y transparencia en la selección de los docentes y asignación de cursos”, la liquidación de horas docentes efectivamente realizadas”, entre otros problemas.
No se presentaron descargos ni un plan de acción para la implementación de las recomendaciones efectuadas, aunque el informe remarca que la dirección trabaja en una mejora en la gestión.
Vigilancia privada.
Otra auditoría constató que el proceso de habilitación de las compañías que prestan servicios de seguridad y vigilancia, así como el control y fiscalización de las mismas, no asegura que se cumpla con los requisitos normativos.
El Registro Nacional de Empresas de Seguridad —una dependencia de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior—, a cargo de esa función, incurre en “deficiencias” en cuanto a la tramitación y controles que “afectan la integralidad de las actuaciones y generan demoras, facilitando la existencia de empresas en situación irregular y la prestación de servicios con guardias de seguridad que no cumplen con el perfil requerido”. Además, la información contenida en dicho registro “no es íntegra ni confiable”.
El organismo auditado presentó descargos informando las medidas correctivas adoptadas, aunque no estrictamente un plan de acción.
Privilegios diplomáticos.
El cuerpo diplomático goza de ciertas inmunidades y privilegios, como la posibilidad de ingresar al país vehículos libres de tributos, así como la exoneración de la patente de rodados y de los impuestos sobre el combustible que utilizan los automóviles de las misiones, entre otros. La AIN inspeccionó la gestión del área dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de darle trámite a esas prebendas.
Concluyó que dos funcionarias realizan indistintamente todas las tareas sin una adecuada asignación de responsabilidades ni supervisión. Además, la ausencia de una administración de datos “íntegra y confiable” impide asegurar que todas las personas acreditadas cumplan con la normativa, o que se hayan otorgado privilegios o se mantengan vigentes a quien no corresponda.
El organismo responsable presentó descargos que “no modificaron las conclusiones del informe, ni constituyeron un plan de acción para la implementación de las recomendaciones efectuadas”.
Documentos y pasaportes.
También en la Cancillería, fue auditada la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculaciones en su tarea de legalización de documentos, y la de emisión, custodia y recaudación de pasaportes diplomáticos y oficiales. Si bien los controles se sustentan en una base de datos independiente, presentan debilidades en cuanto a la información contenida allí. “Esto podría tener como consecuencia la exoneración de trámites sustentando en normas legales que no correspondan o autenticación de firmas no autorizadas”, afirmó la AIN.
A su vez detectó debilidades en el sistema informático utilizado, así como en el procedimiento de emisión de pasaportes oficiales y diplomáticos.
La Dirección de Asuntos Consulares hizo descargos y presentó un plan de acción para ejecutar las recomendaciones.
Retención de haberes.
“Las debilidades de seguridad del sistema informático utilizado para la liquidación de haberes” de los funcionarios del MGAP “no permiten asegurar que las retenciones se han realizado en forma correcta”, surgió de la auditoría efectuada en el Departamento de Retribuciones Personales de esa secretaría de Estado. Sin embargo, para los meses analizados no se encontraron observaciones para las retenciones legales hechas, mientras que de las derivadas de sentencias judiciales solamente se realizaron las correspondientes a pensiones alimenticias, lo que constituye una falla. También se constataron problemas con los descuentos del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas.
El informe de la AIN no tuvo descargos ni dio lugar a un plan de acción de las recomendaciones hechas.
Eficiencia energética.
En cuanto al rol asignado por la ley a la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria en favor del uso eficiente de la energía, se hallaron algunos incumplimientos a la normativa que exponen al organismo a “riesgos de pérdida de imagen institucional”. Es que si bien esa repartición “cuenta con los recursos humanos y financieros para realizar la gestión”, hasta fin de abril de 2014 —y habiendo transcurrido más de dos años de la promulgación de la ley 18.597 que declaró de interés el uso eficiente de la energía— aún no había elaborado el plan nacional en la materia, las metas anuales de energía evitada y la meta de ahorro energético en el período. En consecuencia, tampoco se emitieron los certificados de eficiencia energética, dado que se carece de los requerimientos previstos para ello.
El 3 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo aprobó por decreto un plan de eficiencia energética para ahorrar el consumo de 1.690 kilotoneladas equivalentes de petróleo hasta el 2024, lo que fue anunciado por los ministros Carolina Cosse (MIEM) y Danilo Astori (Economía) en una conferencia de prensa.
Respecto a los gastos efectuados, la auditoría no pudo asegurar que hayan contribuido al logro del objetivo previsto. Ello debido a que los recursos del fideicomiso de ahorro y eficiencia energética —nutrido con el 0,13% de las ventas realizadas anualmente por las empresas prestadoras de servicios de energía, entre otras fuentes— “son aplicados básicamente en inversiones financieras en el Estado, (...) verificándose en algunos casos el uso de los mismos para gastos no previstos en la normativa”. Según la ley, dicho fideicomiso tiene como cometido financiar la asistencia técnica, promover la investigación y apuntalar proyectos de inversión para el uso más eficiente de la energía, además de actuar como fondo de contingencias ante una crisis en el sector.
La Dirección de Energía hizo descargos, pero no explicitó un plan de acción para corregir los problemas detectados.
Viáticos.
El pago de viáticos a los funcionarios que realiza la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP presenta varias debilidades de control, y por ello no es posible asegurar que el monto abonado corresponda con las comisiones de servicios que los originan y las tareas hechas. Esto podría llevar a que dicha repartición “incurra en ineficiencias en la utilización de recursos financieros, exponiéndola a riesgos reputacionales”, sentenció la AIN.
El informe recibió descargos y generó un plan de acción para adoptar mejoras en el proceso de pago de viáticos.
Fideicomiso del Sodre.
En la gestión económica y financiera del Fondo para el Desarrollo Cultural y Artístico del Sodre se constataron varios problemas. El fiduciario del fideicomiso —la sociedad Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión, perteneciente a la Corporación Nacional para el Desarrollo— incurrió en apartamientos legales, “de los principios contables y de buena administración que comprometen la transparencia y efectividad” de la misma.
“Se realizaron transferencias de fondos sin autorización del fideicomitente, depósitos de ingresos en cuentas no pertenecientes al fideicomiso, ingresos por venta de entradas que no se depositaron en cuentas del Sodre ni fueron transferidos a la cuenta única nacional”, se enumeró en el informe. También hubo diferencias en la registración según la fuente de información, registros contables sin comprobantes, documentos que no cumplen con las formalidades requeridas para respaldar gastos, errores y omisiones en las rendiciones de cuentas, compras de activos imputados a gastos, derechos y obligaciones de contratos comerciales y canjes no registrados contablemente.
El Sodre hizo sus descargos y comunicó el inicio de acciones correctivas, pero eso no dio mérito a modificaciones en el informe.
Compras en Salud Pública.
Una auditoría realizada en la División de Recursos Materiales e Infraestructura constató que “la gestión del proceso de compras, desde la recepción de la solicitud del bien o servicios hasta la registración de la orden de pago, no es eficiente”, ya que no se cumple con la centralización de adquisiciones del Ministerio de Salud Pública (MSP). Hay ausencia de una planificación anual de compras consolidada de todo el inciso que permita optimizar los recursos financieros y materiales, así como de registros suficientes que brinden información al Departamento de Compras y Suministros. Además, la supervisión de las distintas etapas de la adquisición es “inadecuada”.
No se presentaron descargos ni un plan de acción para la implementación de las medidas aconsejadas para atacar esos problemas.
Jurídica.
El área del Departamento Jurídico-Notarial del MSP que atiende los contenciosos presenta “debilidades procedimentales, administrativas y de supervisión que afectan la eficacia y ponen en riesgo la debida representación de los intereses” de esa secretaría de Estado, si bien de la muestra de expedientes analizados no se detectaron “impactos significativos”. Entre otras cosas, se recomendaron acciones de coordinación para generar “insumos útiles para la defensa, y datos confiables y actualizados”, pero el organismo no presentó un plan de acción para adoptar esas medidas.
Otra actuación de la AIN evaluó la gestión del MSP frente a los amparos para la obtención de fármacos oncológicos y endoprótesis aórticas no incluidas en el Formulario Terapéutico de Medicamentos y el Programa Integral de Atención a la Salud.
“Las debilidades detectadas en las áreas operativas encargadas de los procedimientos de incorporación de medicamentos y prestaciones perjudican la calidad de la prueba disponible y la División Jurídico-Notarial no cuenta con criterios argumentales uniformes, objetivos y validados”, sentenció la auditoría. Sugirió “cambios sustantivos” en los procedimientos y la estrategia de defensa procesal, ya que la aplicada actualmente “disminuye las oportunidades de obtener resultados favorables e impacta negativamente en la imagen institucional”.
El informe no recibió descargos ni dio lugar a un plan de acción.
Fondo lechero.
El sistema de control interno del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera —una persona jurídica de derecho público no estatal creada por una ley de 2007 para apoyar a los tamberos— funciona adecuadamente y en consonancia con las normas. De todos modos, la AIN recomendó que confeccionen ratios para monitorear si el fondo está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado. No hubo descargos ni se presentó un plan de acción.
Inefop.
En el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional —otra persona jurídica de derecho público no estatal— la AIN evaluó el cumplimiento del compromiso de gestión del ejercicio de 2012: cinco metas se cumplieron cabalmente, cuatro parcialmente, otras cuatro fueron incumplidas y respecto a otras siete no se pudo emitir opinión “dado que se mantienen las debilidades reseñadas en los dictámenes de los ejercicios 2010 y 2011”, como la “inexistencia de información íntegra y confiable, y la concentración de funciones con falta de oposición de intereses”.
