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A los argentinos les gusta Uruguay; es un escape. Para algunos, el atractivo son sus playas, el ritmo provinciano, la amabilidad de la gente con el turista. Otros disfrutan del hecho de que cambian los gobiernos pero no las grandes líneas políticas, que los campos son relativamente baratos y que la conflictividad del sindicalismo charrúa no es tan dura como con los sindicatos peronistas. Y están los que los atrae una menor carga tributaria y la posibilidad de manejar su patrimonio con discresión, aunque no tanto como la que ofrecía hace algunas décadas.
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Hay argentinos que vienen de veraneo —con o sin vivienda propia— y los que permanecen un tiempo, lo que los lleva incluso a tramitar la residencia fiscal, pasando a ser contribuyentes bajo el régimen local. Pero también hay de otras nacionalidades que eligen a Uruguay para vivir.
En un evento organizado en enero en Punta del Este por una consultora con oficinas en los dos países platenses, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, adelantó el propósito de mejorar las condiciones para la radicación de extranjeros en el país, y ese anuncio se materializó hace pocos días a través de un decreto —aclarado por otro esta semana— y un proyecto de ley enviado al Parlamento. El propósito es que inviertan y consuman, dinamizando la economía.
La cantidad de solicitudes de certificado de residencia fiscal vino en aumento en los últimos años, según los datos entregados ayer miércoles a Búsqueda por la Dirección General Impositiva (DGI) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Se pasó de 551 en 2016 a 710 al año siguiente, a 876 en 2018 y a 891 en 2019. Para 2020 consignó 565 casos; si el ritmo se mantiene, en todo el año se mantendría la tendencia de incremento. Se requirió el detalle por nacionalidades. Pero la DGI explicó que no dispone de esa información, ya que no es precisa a los efectos de “determinar la residencia fiscal” de una persona.
Los certificados de residencia fiscal efectivamente entregados cada año son más que las solicitadas —una curiosidad estadística para la que ayer no fue posible conseguir una explicación desde la DGI— y muestran la misma tendencia. Según los datos entregados por la oficina recaudadora, fueron 925 en 2016, 1.206 en 2017, 1.631 en 2018 y 1.708 en 2019. En lo que va del presente año superaron apenas el millar (1.006) y, si sigue esa evolución, volverán a aumentar.
Por tipo de tramitante, los certificados entregados fueron más para personas jurídicas (688 en lo que va de 2020) que físicas (318). La DGI detalló que, en el caso de las solicitudes efectuadas por individuos —personas físicas—, cerca de 85% corresponden al criterio de “permanencia”, es decir al estar más de medio año civil en Uruguay.
Nuevo “estímulo”.
La flexibilización —una política de “estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo” y para que “todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”, según argumenta el decreto del jueves 11— refiere a otras causales posibles para acceder a la residencia fiscal, establece que se podrá tramitar la residencia fiscal si la persona tiene una inversión en inmuebles por valor superior a 3,5 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación (unos US$ 370.000) realizada a partir de julio próximo, y una presencia efectiva en el territorio uruguayo de 60 días en el año civil; lo vigente para ese criterio fijaba ese monto en aproximadamente US$ 1,6 millones. Otro decreto de esta semana modificó ese anterior, “de manera de exigir inmuebles adquiridos a partir del 1º de julio y no preexistentes. El problema es conceptual; se mezclan objetivos con herramientas. La residencia fiscal no es un régimen promocional”, opinó en Twitter Gustavo Viñales, un especialista en tributación que en la última campaña electoral formó parte del equipo de asesores del candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez.
Una nueva alternativa aprobada por el Poder Ejecutivo es que sea poseedor de una participación directa o indirecta en una empresa por valor superior a 15 millones de UI (casi US$ 1,6 millones) realizada a partir del mes próximo y que cree al menos 15 nuevos puestos de trabajo en relación de dependencia, contratados a tiempo completo, en el año civil y que no impliquen disminución de empleos en firmas vinculadas. Hasta ahora por esa causal el tope era tres veces superior (unos US$ 4,8 millones).
Para los argentinos en particular —dado el aumento de los impuestos y de la incertidumbre económica y política en su país—, tributar como residentes en Uruguay les supone sobrellevar una menor carga impositiva, ya que por ejemplo se empieza a pagar el impuesto a las rentas de las personas físicas a partir de un mínimo (“no imponible”) más alto que el tributo a las ganancias de su país. Otra nueva ventaja propuesta por el Poder Ejecutivo es que los nuevos residentes disfruten de una “vacación fiscal” (no pago de ciertos impuestos o con cargas reducidas) ya no por seis ejercicios fiscales —en total— sino por 11.
“Paraíso”.
Aunque desde hace algunos meses se incrementaron las consultas de argentinos interesados en tramitar su residencia fiscal en Uruguay, algunos especialistas son cautos sobre los efectos concretos que puede tener la flexibilización al régimen. Además, la reducción a 60 de los días que los extranjeros deben permanecer en territorio uruguayo podría ser motivo de cuestionamiento por parte de países —de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unión Europea— que han creado “listas negras” de las jurisdicciones que promocionan la inmigración mediante ventajas fiscales.
Enseguida de la presentación que hizo Lacalle Pou en el verano puntaesteño, el presidente argentino, Alberto Fernández, hizo una advertencia en una entrevista televisiva. “Sin ánimo de querer entrometerme, tengo la impresión de que a Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que no sería una buena idea caer otra vez en eso. Si yo fuera Luis, o si me preguntara, le diría: ‘Pensalo dos veces’”.
Y pocas semanas después, en febrero, la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, Mercedes Marcó del Pont, expresó preocupación por el aumento —de “dos o tres” a 17 en 2019— en la cantidad de cambios de residencia fiscal y adelantó la intención de investigar si responden a un fin “genuino o no”. En la prensa porteña se iban conociendo nombres de figuras del espectáculo o empresarios argentinos que cambiaban de residencia, como Marcos Galperin, uno de los fundadores y ejecutivo principal de Mercado Libre. Si bien no especificó los motivos, años atrás, en un tuit, mencionó la “estabilidad legal, fiscal y jurídica” entre las características que destacan a Uruguay sobre Argentina.
