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Una primera dificultad para el Banco Central (BCU) es que la población en general entienda cuáles son sus cometidos y que entre ellos está velar por la estabilidad de precios; el 61% sabía eso en 2020, ocho puntos menos que en 2014, aunque más que en 2007 (55%), según sondeos de Cifra contratados por el organismo. Después está el comunicar adecuadamente para ayudar a que la política monetaria —que está bajo su control— surta efecto.
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Se trata de una preocupación que cobró relevancia con las actuales autoridades, que se proponen bajar la inflación a niveles más parecidos a los de las economías estables (en torno a 2%-3%); en los últimos años Uruguay convivió con registros anuales casi siempre mayores a 8%. “La transparencia contribuye a una mayor eficacia de la política monetaria y sienta las bases para una adecuada rendición de cuentas. Se refleja en la cantidad, calidad y oportunidad de la información que el banco central brinda al público en relación con el proceso de toma de decisiones de política monetaria (por ejemplo, la comunicación de objetivos, la publicación de estadísticas y pronósticos y la publicación de las explicaciones de las decisiones tomadas)”, explica un reciente documento del BCU. En ese análisis, los economistas Cecilia Dassatti y Gerardo Licandro utilizan dos índices para medir, justamente, la transparencia en torno a dicha política.
Bajo el índice Dincer y Eichengreen Uruguay alcanza un valor global de 8 sobre 15, que se descompone en: 2,5 sobre 3 para la dimensión de “transparencia política”; 1,5 sobre 3 en “transparencia económica”; 0 de 3 en “transparencia del proceso”; 2,5 en 3 en “transparencia de las políticas”; y 1,5 de 3 en “transparencia operativa”. El área donde se avanzó menos es la relativa a los procesos.
En la comparación internacional (con datos de 2015), Uruguay se ubica por encima de la mediana de los valores obtenidos para la muestra considerada en el estudio: el valor mínimo corresponde al Banco Central de los Estados de África del Oeste (0,5) y el máximo a Suecia (14,5).
Pero, tras considerar los cambios introducidos en el diseño de la política monetaria en 2020, el valor final del índice para Uruguay pasa a ser 10,5, por las mejoras en “transparencia procesal” (que sube de 2 sobre 3) y la mejora en cuanto a la dimensión de transparencia de las políticas (de 2,5 a 3).
El otro índice —metodología de Al-Mashat— se aplica solo a los bancos centrales con regímenes de metas de pronóstico de inflación más avanzados. Calculado para 2019, el valor global para Uruguay es 4,25 en un máximo posible de 20. Frente a República Checa, la menor distancia relativa se registra en torno a los objetivos de la autoridad monetaria y la mayor, respecto a la transparencia sobre los procesos políticos.
Si se incorporan los cambios en el diseño a la política monetaria del año pasado —reuniones más frecuentes del comité del BCU sobre la temática y la publicación de una “minuta” tras sus sesiones—, el valor final del índice es 4,75, un ligero aumento asociado con la “transparencia procesal”.
Los recientes cambios en la comunicación de la política monetaria en Uruguay se tradujeron en “mejoras en términos de las dimensiones de transparencia de procedimientos y políticas”.
