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En 2017, el 0,5% del monto de las convocatorias para adquisiciones del sector público fue por medio de herramientas como los convenios marco o el pregón, el 0,9% a través de licitación, 6,5% por licitación abreviada, 4,6% mediante compras de excepción, en tanto que el 88% correspondió a compras directas comunes. “¡Guau!, ¿verdad?”, comentó Ximena Pinto Nerón, una abogada y profesora universitaria al disertar en las Jornadas Técnicas de Compras y Contrataciones Estatales efectuadas en octubre. Y enseguida agregó, para reforzar el mensaje dirigido a una platea integrada por gestores del gasto de diversas oficinas gubernamentales: “Si bien tenemos una regla, que es el procedimiento competitivo, la regla se desvirtúa”.
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Ese comportamiento, que años atrás también cuestionó la Comisión de Defensa de la Competencia al señalar en un informe una “tendencia desmesurada” a favor del mecanismo de la compra directa, siguió en 2018 y se profundizó en el comienzo del 2019.
En total, el año pasado hubo 75.316 adjudicaciones —casi la mitad correspondientes al Poder Ejecutivo— y el 89% (67.082) fueron compras directas; otro 5% se hizo a través de compras de excepción e igual porcentaje por vía de licitaciones abreviadas, según datos de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) analizados por Búsqueda.
A su vez, en lo que va de 2019 —hasta fines de abril— se adjudicaron unas 19.600 adquisiciones o contrataciones; el 92% fueron mediante compra directa.
Esa modalidad tiene actualmente un tope de $ 471.000 (en el caso de la compra directa común). El Tribunal de Cuentas cuestiona con frecuencia su uso por apartamientos a las normas. Por ejemplo, en febrero observó la contratación directa de Riogas y Acodike por parte de la Secretaría Nacional del Deporte, dependiente de la Presidencia de la República, del suministro de gas licuado para algunas piscinas públicas para todo 2019, dado que por su monto (unos US$ 315.000) “debió realizarse un procedimiento licitatorio con las formalidades que el mismo conlleva”. En marzo objetó la contratación directa de la pavimentación en la localidad de La Capuera —por unos US$ 850.000— porque no encuadró en la causal de excepción invocada por la Intendencia de Maldonado “en la hipótesis de razones de urgencia no previsible”, dado que se trata de una obra “que se ha venido postergando en el tiempo a través de varias administraciones”. Además, en ese caso la comuna comprometió un gasto sin disponer de crédito, lo que contravino normas de gasto público (Tocaf).
Convenios marco
Una modalidad de compra adoptada hace pocos años en Uruguay que viene creciendo lentamente son los convenios marco. Es un procedimiento por el cual se establecen las condiciones técnicas y comerciales en que ciertos bienes o productos (hasta ahora se usaron para neumáticos, materiales de construcción, útiles de oficina, servicios de seguridad de la información, por ejemplo) deben ser ofertados a través de una tienda virtual —en el ámbito de la ACCE— durante cierto plazo, y distintas reparticiones del Estado pueden sumarse para abastacerse.
En marzo se lanzó un nuevo convenio de contratación de servicios de desarrollo de software de pequeño y mediano porte y otro, más reciente, para adquirir servicios de seguridad de la información (ciberseguridad).
La ACCE publicó en los últimos días un informe en el que evaluó los resultados del primer convenio para la compra de neumáticos, que estuvo administrado por la Presidencia de la República.
Se presentó una docena de proveedores y la mitad resultaron adjudicatarios. El Estado adquirió 2.159 neumáticos por US$ 152.393. Por el artículo con la medida especificada que más se compró (215/70 R 16) se abonó un precio promedio unitario de US$ 72,84; al mismo tiempo que se encontraba vigente este convenio, varias dependencias adquirieron 1.033 neumáticos —principalmente vía compra directa— a US$ 139,09 como precio medio.
Como parte de ese informe, se recogieron opiniones de proveedores. Uno afirmó que “hay muchas compras directas que no se hacen en línea. Uno oferta o por mail o por fax, y luego no hay seguimiento de la cotización, no sabemos qué pasó, quiénes fueron los oferentes y por qué precio se decidieron (los compradores), si apuntaron solo al precio o a la calidad del producto. Ni siquiera sabemos si compraron o no”.
