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Hasta ahora, en la trama del pasaporte entregado a Sebastián Marset Cabrera había pasado desapercibida la actuación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), encargadade dirigir las medidas de inteligencia y de contrainteligencia frente a amenazas como el crimen organizado.
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El tema fue planteado por primera vez el lunes 22 por el senador Mario Bergara durante su interpelación en el Parlamento a los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores por su trabajo en el caso Marset Cabrera. Al inicio de su presentación, Bergara cuestionó la “falta de coordinación” entre ambos ministerios pero también entre la SIEE, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y “otras tantas agencias nacionales” dedicadas al narcotráfico. La tercera pregunta de Bergara a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, fue conocer “el rol que jugó” la Secretaría de Inteligencia en todo el episodio.
El régimen de inteligencia del Estado uruguayo quedó establecido en 2018 con la Ley 19.696, pero a través de la Ley de Urgente Consideración el gobierno multicolor amplió las atribuciones de la SIEE como órgano líder del Sistema Nacional de Inteligencia, formado por los departamentos en la materia que operan en los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Economía. “El propósito es fortalecer las facultades de dirección de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado como vértice del sistema”, argumentó en 2020 el director del organismo, Álvaro Garcé.
Pese a esos cambios, que le permitieron a Garcé ser el primer director de Inteligencia del Estado y no coordinador como sus antecesores, la SIEE nunca estuvo al tanto del pedido realizado en 2021 por Marset Cabrera para obtener el pasaporte uruguayo mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos y era centro de una investigación internacional sobre narcotráfico global en la que participaba la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Droga (DGRTID).
“De acuerdo a la ley en su nueva redacción, la Secretaría tiene la dirección técnica del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Esto implica para nosotros el conocimiento de las cuestiones estratégicas, pero no de las operativas”, explicó Garcé a Búsqueda.
La SIEE obtiene información de los departamentos de Inteligencia de otros organismos a través de la Mesa Coordinadora, el órgano central del Sistema Nacional de Inteligencia, que se reúne en promedio una vez al mes bajo la convocatoria y presidencia de Garcé. Participa la Senaclaft, que funciona en la órbita de la Presidencia. Por el Ministerio de Defensa participa la Dirección de Inteligencia Estratégica; por el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Aduanas y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central; por Cancillería, la Dirección de Inteligencia, Promoción Comercial e Inversiones; y por el Ministerio del Interior, la DGRTID, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la Dirección de Hechos Complejos y la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. En ocasiones también han participado la Dirección Nacional de Migración y la Dirección Nacional de Identificación Civil, claves en el caso Marset Cabrera. Sin embargo, en ninguna de las reuniones se informó el tema del pasaporte.
Garcé afirmó que la razón es que el cometido de la Mesa Coordinadora es únicamente actuar como enlace mayor. “En consecuencia, es lógico y legal que cada servicio mantenga la independencia táctica, entre sí y con la dirección técnica. En ese contexto legal, la SIEE no tuvo conocimiento del pedido del pasaporte porque no correspondía”, manifestó.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
En el Parlamento, Bergara apuntó a las “aparentes fallas de coordinación”, especialmente al más alto nivel de la administración pública y las jerarquías de gobierno. “¿No hubo comunicaciones para coordinar? Es realmente difícil de explicar”, cuestionó. La ley indica que todos los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, sin perjuicio de su dependencia orgánica y de sus cometidos específicos, se relacionarán entre sí y cooperarán e intercambiarán información a fin de producir inteligencia estratégica bajo la dirección técnica de la SIEE. Fuentes policiales consultadas por Búsqueda afirmaron que, más allá de lo que diga la ley y de la intención del gobierno para que tenga más influencia, “no es posible” que la Secretaría de Inteligencia conozca detalles de investigaciones reservadas; menos aún de investigaciones internacionales que incluyen a la DEA y en un ámbito tan participativo como la Mesa Coordinadora, donde las filtraciones “pueden suceder”. Las fuentes añadieron que, además, debido a la pandemia la mesa se reunió en menos ocasiones durante 2021, año en el cual se desarrolló el caso Marset Cabrera.
El argumento es el mismo que esgrimieron Heber y Bustillo el lunes 22 en el Parlamento. Allí Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, se refirió en concreto al decreto 84 de 2019 para explicar por qué las máximas autoridades de los ministerios desconocían la investigación sobre Marset. “La norma dice que todo el personal que se desempeñe en Drogas, Crimen Organizado e Interpol, e Inteligencia Policial, debe suscribir una declaración de máxima reserva y confidencialidad en los procedimientos y actuaciones”, declaró.
Aunque nunca discutieron sobre Marset Cabrera, en la Mesa Coordinadora los órganos de inteligencia dirigidos por la SIEE sí elaboraron protocolos de intercambio de información para facilitar la coordinación y mejorar la seguridad de comunicación entre ellos. Además, a pedido expreso del presidente Luis Lacalle Pou, uno de los primeros informes que la mesa elaboró se enfocó en el narcotráfico nacional y regional, con un análisis de la situación en Uruguay y líneas de acción para combatirlo. Este documento fue elevado directamente desde la SIEE, ubicada en el piso 10 de la Torre Ejecutiva, un piso abajo de la oficina del presidente.