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    Bancarización: avances y barreras

    Uruguay ha ido mejorando su evaluación en los distintos estudios referidos al acceso y uso de los servicios financieros, al mismo tiempo que los consumidores y los comerciantes —algunos resignados— van habituándose a los pago digitales.

    El Global Findex de 2017, difundido en abril por el Banco Mundial, destacó a Uruguay como el país de la región donde más aumentó el acceso a las cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico. Eso se explica en gran medida por la ley de “inclusión financiera” de 2014 que —entre otras cosas— obligó a utilizar canales bancarios para pagar sueldos, y a las instituciones financieras a ofrecer cuentas gratuitas si dan ese servicio.

    Un nuevo estudio, publicado esta semana, fue recibido en el gobierno como un espaldarazo a ese programa. En el Microscopio Global 2018 elaborado por The Economist Intelligence Unit con el patrocinio de varios organismos, el país figuró con un puntaje de 75 en un máximo de 100. Se ubicó tercero, por detrás de Colombia (81) y Perú (78), en un ranking que abarcó a 55 países en desarrollo o pobres. El peor fue Sierra Leona, con 22 puntos.

    En la anterior edición de este ranking (2016) Uruguay había sido undécimo, con 59 puntos.

    La Ley 19.210 dispuso “medidas básicas para fomentar pagos digitales, cuentas bancarias simplificadas y sistemas de pago interoperables. Se necesita más trabajo para aumentar la inclusión de clientes de bajos ingresos y para comprender el uso de las cuentas financieras para una mejor gestión de las finanzas personales”, señala el informe. Marca algunos aspectos que juegan a favor del desarrollo de la inclusión en Uruguay —como un sector financiero “estable, transparente y bien regulado”.

    Por otro lado, advierte que las brechas entre ricos y pobres, de edad y las divisiones entre zonas urbanas y rurales, operan como “obstáculos” para una mayor bancarización. Parte de eso se explica por las excepciones establecidas en la propia ley a jubilados y regiones con menos de 2.000 habitantes, añade. “El costo de implementación en estas poblaciones se consideró mayor que el beneficio, pero el resultado es que los jubilados y las personas de las comunidades rurales tienen menos acceso a los servicios financieros”.