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Desconcierta que un movimiento nacional se considere satisfecho con tomar distancia de un gobernante de su sector investigado por la justicia penal y cuestionado por el uso indebido del poder público. Sorprendente para quienes reclaman actitudes ejemplares de los gobernantes. El líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, pactó/negoció/acordó con el intendente de Soriano, Agustín Bascou, que deje de integrar ese sector.
Ambos mantienen en reserva los términos de la conversación telefónica que los condujo a esa decisión. Lo indiscutible es que Bascou no fue expulsado de Alianza Nacional ni censurado públicamente por el sector que integró. Tampoco le pidieron que renunciara a la intendencia y sigue integrando el Partido Nacional. Antes del lapidario informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Larrañaga lo respaldó y se enfrentó al senador Luis Lacalle Pou, que reclamaba su renuncia.
Previo al dictamen de la Jutep intervino el Comité de Ética del Partido Nacional. Cierto es que el intendente le escamoteó información, pero el comité no puso demasiado empeño en llegar al hueso. Se empeñó en contemplar a los dos sectores mayoritarios y salió con un complaciente “apercibimiento”.
Cuando era chico, un amigo del barrio se quedaba con parte de los vueltos de las compras en el almacén. Escamoteaba de a poco para evitar que la madre se diera cuenta. Cuando lo descubrió ni siquiera le permitió argumentar: los hechos son los hechos. Le dio un coscorrón en la nuca, dos sopapos, lo mandó a la cama sin comer y le prohibió hablar en la mesa durante un mes.
Hechos similares son habituales en la vida familiar o social aunque los coscorrones y los sopapos han sido sustituidos por otras sanciones. En política se usan otros códigos. Hasta lo malo se negocia, se acuerda, se pacta o se silencia. Los intereses partidarios suelen anteponerse a los éticos, morales o legales.
Es tan grave como que Bascou descalifique a la Jutep sin ninguna prueba. A todos, sin distinción de partidos, debe importarles la opinión de ese organismo. En particular a Bascou: “adoptó decisiones y firmó convenios” que “generaron beneficios” a estaciones de servicio de su propiedad que vendieron combustible a la comuna. Violó el artículo 21 de la Ley 17.060 de 1999 que dicta “Normas referidas al uso indebido del poder público –Corrupción”.(1)
El artículo 21 dice que los funcionarios públicos “evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”. Esas acciones harán incurrir a sus autores en responsabilidad administrativa, civil o penal. También dice la Jutep que violó el decreto 30 de 2003 el cual compiló, ordenó y reglamentó las normas de conducta en la función pública.
Para ese organismo, debe ser sancionado, porque pisoteó las normas sobre rectitud, probidad, legalidad y transparencia y no declaró las implicancias entre su cargo y el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de las que es copropietario.
En buen romance, quedó agarrado del pincel y a merced de la Junta Departamental y del Código Penal. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, le remitió el informe de la Jutep a la fiscal penal de Soriano, Herminia Viotti.
Bascou descalifica al organismo. Sostiene que actuó con “prejuzgamiento”. La Jutep no juzga ni prejuzga. Por ley tiene el cometido de analizar el uso indebido del poder público y de asesorar al Poder Judicial. Ni sus actuales integrantes ni los de su predecesora, la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado (Jamefe), han recibido nunca descalificaciones con pruebas.
Para abonar sus argumentos el intendente remarcó que también los abogados del ex vicepresidente Raúl Sendic cuestionaron a la Jutep por su dictamen sobre la gestión en Ancap y el uso de tarjetas corporativas. ¡Nunca falta un roto para un descosido!
Bascou se resiste a renunciar. Tal vez porque su sueldo, que le pagan los contribuyentes de Soriano, le permite paliar una pequeña parte de sus deudas personales en cheques sin fondos y embargos civiles millonarios en dólares.
Probablemente al intendente le ofenda el vocablo “corrupción” que surge del título de la Ley 17.060, pero le calza como anillo al dedo. La academia lo define como la “acción de corromper o efecto de corromper”: esto es degradar, degenerar, pervertir, viciar.
Los sabiondos del idioma dicen que ese vocablo se aplica cuando instituciones del Estado o sus integrantes desarrollan una “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho propio o de otra índole”. Bascou transita el camino de Sendic, y como ocurre con el ex vicepresidente, su futuro legal depende de la fiscal y el juez.
No son los primeros y tampoco los últimos casos en que los dirigentes políticos anteponen intereses personales y partidarios a la ley y al interés general. Desde 1985 gobernantes y exgobernantes blancos, colorados y frenteamplistas han debido posar para el fotógrafo de la Jefatura de Policía con el número del prontuario sobre el pecho. Todos tuvieron desde el comienzo de las investigaciones el respaldo y la defensa de sus partidos y sectores. También a varios les mantuvieron el apoyo luego de ser procesados y/o condenados con los coscorrones y sopapos de la justicia.
Entre muchos estuvieron Enrique Braga, Julio Grenno, Daniel Cambón, Salomón Noachas, Benito Stern, Juan Justo Amaro, Carlos Signorelli, Juan Carlos Bengoa, Leonardo Anzalone, Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. En ese mundillo una manida frase parece tener más fuerza que en otros: la culpa no es solo del chancho...
Un decepcionado amigo blanco remarcó una frase que atribuyó a Aparicio Saravia y que parece haber caído en desuso: “Con postes podridos no se hacen corrales”.
