Nº 2164 - 3 al 9 de Marzo de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáHace 15 días escribí sobre las PMC (Private Military Companies) o “contratistas de seguridad”, sobre el auge de los ejércitos privados o tropas de paramilitares, en definitiva, sobre la progresiva tercerización que sufre la guerra regular tal como la conocimos hasta el siglo XX.
Entonces no podía imaginar que 15 días después Rusia habría invadido Ucrania, que el ejército invasor estaría cercando la capital ni que la famosa empresa de operadores militares, el grupo Wagner que mencioné en mi columna, estaría ya en Kiev para ejecutar una presunta orden del Kremlin: asesinar al presidente Volodímir Zelenski.
Hablemos de estos buenos muchachos. El llamado grupo Wagner, financiado y dirigido por el oligarca Yevgeny Prigozhin, un amigo personal del presidente ruso, nació en 2014 y tuvo su bautismo de fuego, qué casualidad, en el este de Ucrania. Fue fundado por Dmitry Utkin, veterano de las guerras chechenas con una conocida inclinación hacia el nazismo, que no desmienten ni el nombre de su compañía ni los tatuajes que muestra en las fotos. Su existencia no consta oficialmente en ningún registro, y el Kremlin insiste en negar vínculo alguno con la organización.
Hace 15 días, cuando leía sobre las nuevas formas de subcontratación de la guerra, me llamó la atención una pequeña noticia que recogían pocas agencias: hace más de un mes el grupo empezó a retirar efectivos de Malí y de otros países africanos para trasladarlos a un nuevo destino, desconocido.
Acá es necesario que hagamos un alto, ¿qué hace este grupo de élite ruso en África? En el complejo escenario africano, donde solo en 2021 se produjeron cuatro golpes de Estado, es un actor importante que se codea con los ejércitos regulares en las operaciones armadas, que secunda a los regímenes locales en su lucha contra la violencia yihadista y del crimen organizado. El grupo, que trabaja de forma encubierta y, por supuesto, responde a los intereses de Moscú en la región, facilita el acceso del Estado o de las empresas rusas a los yacimientos energéticos y minerales del lugar donde opera. Así obtienen contratos comerciales, concesiones para la explotación de recursos naturales, oro, magnesio, uranio o diamantes, o espacios para instalar bases militares.
Vladimir Putin repite a quien quiera oirlo que no tiene nada que ver con Wagner, que no representa a Rusia y que no está financiada por el Estado ruso, pero es evidente que existe una afinidad entre la compañía y el Kremlin. La convergencia no deja margen de duda: casualmente, despliegan sus operaciones donde Rusia defiende sus intereses. Una perfecta interrelación entre geopolítica y beneficios, públicos y privados.
Por supuesto, cuando leí sobre la retirada masiva de efectivos del continente africano me pregunté a dónde irían a parar esos miles de paramilitares que salían de África, y 15 días después lo supe: una fuente cercana a las actividades al grupo reveló al londinense The Times que hasta enero habrían llegado a Ucrania entre 2.000 y 4.000 mercenarios. ¡Voilà!
Los analistas internacionales confirman las reiteradas violaciones de derechos humanos en su accionar y, aunque el centro de la atención se encuentra hoy en Ucrania, las instituciones multilaterales, desde la Unión Europea hasta las Naciones Unidas o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, han manifestado su preocupación por la actividad de estos mercenarios. El pasado mes de octubre los relatores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron explícitos refiriéndose a sus acciones en la República Centroafricana: “Muchas fuerzas, incluido el grupo Wagner, cometen violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, un fenómeno que continúa sin cesar y con impunidad”. Los expertos también han recibido informes de violaciones y violencia sexual contra mujeres, hombres y niñas en muchas partes del país.
La Unión Europea aprobó en diciembre pasado un paquete de sanciones contra ocho personas de la red rusa de paramilitares y contra la propia empresa, acusadas de gravísimos crímenes de guerra. Las penas incluyen prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de bienes en cualquiera de los 27 Estados miembros. La publicación de los cargos describe de manera detallada las espeluznantes actividades de la agrupación.
Hoy todos parecen escandalizarse con la noticia de los asesinos a sueldo aparecida en The Times, pero ya hace mucho tiempo que es conocida la brutalidad de las acciones perpetradas por la empresa en los conflictos de África y en la propia Ucrania, sus crímenes a civiles, sus constantes y salvajes violaciones a los derechos humanos. Pero las condenas a este y otros grupos de combatientes suelen llegar tarde, cuando llegan, y uno se pregunta por qué los organismos multilaterales deciden censurar recién ahora un modus operandi que lleva perpetrándose más de ocho años. Lo que choca no es la adopción de penas coercitivas o punitivas, ni mucho menos su alcance, lo que sorprende es el hecho de que hasta ahora no se hayan adoptado medidas legales contra estos buenos muchachos que, desde las sombras del anonimato y manejados por quién sabe qué titiritero, venden sus servicios de destrucción y de muerte.