Caja Profesional, crónica de una injusticia 1954-2019
La Caja de Jubilaciones Profesionales inicia su actividad a partir de 1954 hasta nuestros días. En el año 2004 se aprueba la última ley que regula toda su actividad hasta el presente. La nueva ley vigente mejora determinados aspectos y perjudica otros. Durante los 50 años que cubre este período, los factores exógenos que afectaron a la caja fueron de muy variada índole, tanto económicos como políticos. En este lapso de 50 años, las profesiones originales logran con su aporte, que la caja adquiera bienes inmuebles y financieros y además habilita a jubilarse con buenos ingresos. Entre los bienes inmuebles está: la sede de la caja, las 18.000 hectáreas de campo forestadas y el edificio Torre de los Profesionales.
Por otro lado, a partir del 2004, se generan factores endógenos que también afectan el resultado. La ley del 2004 introduce cambios en la curva de sueldos fictos de las distintas categorías, autoriza a estancarse en la categoría 2°, permite que nuevas profesiones pasen a aportar a la caja y se reafirma lo estipulado en el Código Tributario, sancionado por decreto ley de 1974, donde los atrasos en los aportes se sancionen con multas y recargos definidos por el Código y no por el directorio.
En el año 2007 se generan dos nuevos factores exógenos que afectan a los profesionales en sus ingresos y por lo tanto a la caja. Se aprueban: la reforma tributaria y la reforma de la salud, creando el impuesto a los ingresos mal llamado Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Estos factores, en el período de mayor bonanza económica de la que se tiene memoria, afectan fuertemente hasta el día de hoy la actividad de los profesionales.
Este año se agrega un nuevo factor exógeno, la facturación electrónica, que tiene un costo mensual mínimo de $ 800 más IVA.
Todos estos factores exógenos afectan el ingreso de aquellos que, siendo dependientes, ejercen actividad libre fuera de horario, restándole tiempo al descanso y al disfrute familiar.
El directorio que gobernó la caja en el período 2005 al 2009, no logra hacer aprobar una reforma a la ley del 2004, que habría permitido atemperar, en parte, la influencia de los factores exógenos de fecha 2007. Esta incidencia de los factores sobre los resultados operativos de la caja sigue aún vigente y sin solución.
A partir del 2008, se agregan nuevos factores endógenos que incrementan las dificultades de la caja y que son más difíciles de revertir. La actividad sindical se “desmadra” y los directorios se insensibilizan. Los sueldos de los funcionarios se elevan a valores nunca antes vistos y fuera de toda realidad. También se producen acuerdos extrasalariales que se salen de toda lógica. Los directorios, insensibles a los resultados últimos de esta acción, no relacionan la mejora de los ingresos y premios de los funcionarios a los resultados económicos efectivos de la caja.
También se genera una avalancha de contrataciones inexplicables de empresas y manejos desatinados de los bienes de la Caja, con contratos confidenciales o más bien secretos, con gastos de los que hasta donde sabemos, no han tenido el soporte necesario. Tampoco se relaciona la contratación a la obtención de resultados para la caja.
Agravando la situación, el directorio del período correspondiente, resuelve en el 2010 vender los bienes inmuebles de la caja en el edificio Torre de los Profesionales para comprar bienes financieros, en el preciso momento en que los inversores inteligentes y con conocimiento sobre inversiones, abandonan la especulación de bienes financieros, impulsados por la baja de las tasas de interés a escala mundial, para adquirir bienes inmuebles cuyos arrendamientos brindan una mayor rentabilidad de la inversión.
El directorio anterior al actual en el 2015 vende una serie de propiedades de la Torre de los Profesionales, en mayoría alquilados. Según comentarios, que habría que investigar, se hicieron rebajas importantes para lograr el asentimiento del inversor.
Para ejemplo, de lo que decimos sobre el acierto de las inversiones planificadas por los expertos, en el 2018 la rentabilidad real de las inversiones financieras resultó ser de 1,19%, mientras que en las inversiones no financieras el resultado es de 5,22%. En el mismo año, el balance cae a valores corrientes casi un 1000% respecto al logrado en el 2017. Si nos comparamos en el mismo período con las AFAP, las utilidades de la caja fueron aproximadamente un 33% de las utilidades obtenidas por ellas.
Por otro lado, desde hace tres períodos de gobierno de la caja, se viene contratando la misma firma asesora de inversiones, con resultados negativos.
Es en el último directorio 2013-2017 donde se recortan una serie de beneficios a jubilados y pensionistas, algunos fijados por la ley de la caja, como derechos legales. También en este período, se inicia una campaña de información sobre futuro incierto de la caja que perjudica su imagen, logrando que se acelere aún más su deterioro por disminución de los ingresos operativos. Esto debido a la casi segura corrida de profesionales jóvenes hacia otros lares, y al estancamiento en categoría 2° de aquellos que ejercen en forma liberal y están obligados por la ley a continuar aportando.
En la actualidad y por resolución de la mayoría del directorio, seguimos el mismo derrotero, apostando a seguir siendo asesorados por los mismos “expertos” de siempre, prestándole mayoritariamente al Estado uruguayo a tasas muchas veces negativas e intentando modificar la ley de la caja en aspectos que la convertirían en “enemiga” del profesional.
En la dirección que vamos y con los “maravillosos” planes de expertos y de la mayoría del directorio, es probable que pueda producirse una “estampida” de aquellos profesionales aportantes voluntarios que, por estar en relación de dependencia, no están obligados por la ley a aportar.
No se osa formular ninguna idea para fomentar el incremento del ingreso por aportes, ni el incremento del ingreso mediante nuevas propuestas. Tampoco se propone ninguna idea para evitar que los profesionales con deuda de aportes puedan zafar a la brutal sanción que representa aplicar el Código Tributario. Tan solo propuestas de ley de refinanciación cada cierta cantidad de años y con plazos restringidos.
Con la aparición en el mercado de títulos de deuda pública en UP (unidades previsionales) que permitirían al Banco de Seguros evitar el descalce que tiene actualmente en la cobertura de las pasividades, también lograría que se instalaran en el mercado uruguayo empresas aseguradoras con los mismos objetivos. Este desembarco podría generarle a la caja una corrida de profesionales aportantes jóvenes, ya que el producto que puedan ofrecerles no sería alcanzado por el IASS además de proveerlos con un mejor resultado.
Por todo lo precedente, se necesita la participación de todos los profesionales activos y pasivos para lograr un cambio en el rumbo de este barco. También hacer algún tipo de investigación para saber si esto es por motivo de incapacidad manifiesta u otra razón.
Ing. Mec. Carlos Malcuori
Exdirector de Caja Profesional
