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Las formas posmodernas de entender la razón están en crisis. Ellas no han sido útiles para facilitar la emancipación del pensamiento sino que se han convertido en el camino de la dominación. Queda poco espacio para la heterogeneidad y la aceptación de otras formas de ver el mundo. El progreso, como predijo Walter Benjamin por medio de la figura del ángel aterrorizado, es la fuente de legitimación de cualquier exceso. Millones de seres humanos se han convertido en las “florecillas” pisoteadas de la metáfora de Hegel para justificar los daños colaterales del avance de la civilización industrial moderna. La humanidad avanza sin cuestionarse ¿hacia adonde? Y ¿a costa de quiénes? y se vale del derecho para mantener determinadas estructuras y dinámicas de poder. Todavía hoy nuestras sociedades aceptan los discursos hegemónicos coloniales (sus “dispositivos de blancura”) sin cuestionarse ¿Quiénes somos nosotros hoy? Nos hemos olvidado de problematizar, de criticar —no para decir lo que hay que hacer o para hablar en “nombre de otros”— sino para marcar los límites. Dentro de este panorama asolador para la filosofía y la forma de pensar y entender el mundo en el que vivimos nos hemos acostumbrado a aceptar los designios de una razón (eurocéntrica y colonialista) dominante que actúa por medio de los legados del capitalismo y sus reglas económicas. Y ningún gobierno puede modificar esto porque la economía no se interesa por “derechas” o “izquierdas” sino por las seguridades necesarias para imponer leyes propias de oferta y demanda y valores sociales basados en la ponderación de quien más tiene o acumula.
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¿Cuál es la solución posible a este conflicto que nos plantea la modernidad? ¿Qué puede aportar el derecho (crítico) a esta solución? En primer lugar, exigir el respeto absoluto de los derechos humanos, sin excluidos ni exclusiones decretadas por los poderes centrales, que hacen uso de una razón de dominación carente de ulterior argumentación y justificación para quienes son “ajusticiados”. Rescatar y exigir la dignidad y la virtud de cada acto humano como un imperativo social o como máximas de comportamiento (también a quienes ejercen el poder y el monopolio de la fuerza). En segundo lugar, ofrecer espacios para el encuentro de las distintas “clases sociales”, culturas, razas, formas de ver el mundo, argumentos. Se debe apostar a las relaciones sociales emancipadoras y acabar con los discursos de dominación, cuya herramienta más básica y barata es el derecho penal autoritario y excluyente. Un camino es apostar a una “razón comunicativa”, la construcción de áreas de diálogo, de comunicación, de mediación, de entendimiento, de resolución participativa de los conflictos. La reconsideración de las relaciones sociales que permita la (re) dignificación de los individuos, rescatando, por una parte, su capacidad de pensar y el derecho de actuar libremente y, por la otra, su obligación de asumir (voluntariamente) la responsabilidad por sus actos.
Estos objetivos, desde un punto de vista social, solo se pueden lograr rescatando determinados valores sociales (comunitarios) que cada día pierden vigencia, porque son sustituidos por el “éxito fácil y rápido”, un éxito medido por un parámetro económico y vacío de contenido ético, cuyo paradigma es el “sicariato” o el “crimen organizado”. Desde un punto de vista normativo, en un régimen democrático y de derecho la tarea principal está en manos del legislador y los aplicadores del Derecho. En mi opinión, sin embargo, también está en los miembros de la comunidad y su capacidad de comunicarse en pos de lograr entendimientos. La intolerancia individual y los deseos ciegos de venganza solo alimentan las razones de dominación y las políticas de “mano dura”. En Uruguay, desde hace mucho tiempo, hay una crisis de “razón de ser”, pues se vive anclado en un pasado cada vez más lejano que produce resignación y asunción de los valores derivados de la “razón de dominación”. Uruguay tiene que rescatar su espíritu democrático, el diálogo, la comunicación, el entendimiento por medio de la palabra, la “razón” del lenguaje y de los mejores argumentos o mejor dicho, la necesidad de pensar y elegir las consecuencias incluso para los malos actos.
El Uruguay se caracterizó por una dinámica política de participación pública en los temas centrales, que ha puesto en aprietos a las visiones liberal-autoritarias y a cualquier intento de dictadura (militar o proletaria). El ejercicio de la soberanía directa ocupa un lugar de privilegio en la vida nacional. ¿Por qué abandonar entonces el derecho penal a los discursos de dominación y a las visiones unilaterales del mundo social? El Uruguay tiene que revalorizar la dignidad individual y los espacios colectivos, públicos, los lugares de encuentro y entendimiento. La dictadura rompió con los lazos sociales y nos legó un código del procedimiento penal que no hemos querido modificar por nuestra imposibilidad de pensar de modo emancipado de los discursos de dominación. La sociedad uruguaya no puede aceptar una “normalización de la indiferencia social”, porque no tiene que ver con su esencia de sociedad “ilustrada y valiente”. Educación y coraje son los ingredientes para cambiar el rumbo y pensar lo que tenemos y lo que queremos. El sistema “ordenamiento jurídico” tiene que apostar a la convivencia social por medio de la “paz duradera”, y ello solo se puede lograr ofreciendo “equivalentes funcionales” a la pena de cárcel, la segregación, el olvido.
Por supuesto que los violentos tienen que ser controlados y vigilados, eso lo hemos tenido siempre presente y lo haremos mejor gracias a la tecnología bien aplicada, pero en un Estado de derecho la pena y la vigilancia tienen que tener una duración limitada, y luego: ¿qué? En varias publicaciones científicas y en estas Cartas al Director he propuesto espacios de mediación, conciliación y reparación al momento de solucionar los conflictos sociales, incluso los más violentos, por medio de la participación procesal o procedimental de los involucrados en los conflictos (autor, víctima, familiares de ambos, vecinos, mediadores, asistentes sociales, psicólogos, etc.). El nuevo sistema penal aún no ha sido votado en el Parlamento, de modo que estamos a tiempo de ofrecer alternativas al encierro, la segregación y el olvido. Podemos hacer frente y evitar que la indiferencia social se “normalice” y “normativice”. La reparación a la víctima del delito tiene que tener un lugar preponderante en el catálogo de consecuencias jurídicas al delito, durante el procedimiento (suspensión condicional a cambio de reparación) y durante la ejecución de la condena (formas de probation). Se tienen que permitir formas de mediación o conciliación para delitos de poca gravedad que tienen un trasfondo social.
Algún día, aceptaremos formas de justicia restaurativa que permitan una resolución colectiva de los conflictos sociales. Se deben ofrecer espacios para que los involucrados solucionen responsablemente los conflictos. Desconocer esta máxima y responder al delito agitando el miedo, la inseguridad, la intolerancia, la indiferencia, la desidia, significa pensar con el poder dominante, sentirse inmune-ajeno-indiferente a ese sistema (“porque yo nunca ingresaré al sistema penal”) y a favor de la exclusión social (las florecillas de Hegel). El “Estado” uruguayo (instituciones y ciudadanos) afín a las “leyes del mercado” propone una política criminal más severa, como si el “nunca más” (finalidad preventiva del castigo) se consiguiera por medio de “más derecho penal”: construir cárceles privadas (que luego tendrán que tener los reclusos necesarios para satisfacer la inversión privada, como si la pena fuera una cuestión meramente económica), crear más delitos y aumentar las penas (coherente con la necesidad de tener más reclusos), disminuir la edad de la inimputabilidad (propuesta popular que se decidirá en los próximos meses). El pueblo uruguayo tiene que pensar en el día después de la pena y el Uruguay tiene que poner un freno a este avance y reforzamiento de los discursos dominantes y de exclusión por medio de una urgente reforma del procedimiento penal que admita instancias de diálogo y reparación. El sistema en Uruguay tiene que brindar esperanzas de “paz social” e integración, para acabar con los daños colaterales aceptados por Hegel y modificar el rostro horrorizado del ángel de la metáfora de Benjamin, para que lo que esté por venir no sea “más de lo mismo” o, incluso, algo peor sobre lo que ya no estemos a tiempo de pensar.
