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La Cámara de Senadores contó finalmente con los votos necesarios para aprobar el tratado de libre comercio (TLC) con Chile, tras una larga ordalía que comenzó con el encuentro entre el presidente Tabaré Vázquez y su colega chilena del momento, Michelle Bachelet, a fines del 2016 y que se definió luego del “permiso” otorgado por el Plenario del Frente Amplio a sus legisladores para acompañarlo. Otra vez, mientras el mundo se desarrolla (y los pueblos viven mejor) con una mayor apertura a los mercados internacionales, donde los TLC son moneda corriente en negociaciones que dejan a ambas partes como ganadores, Uruguay se mueve con una lentitud insoportable.
El verdadero problema tras este episodio es que la tarea del crecimiento y bienestar de un país es rehén de un grupo político con un ámbito de discusión paralelo, característico de una izquierda casi siempre controlada por el Partido Comunista y que le cuesta creer en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Todo esto gracias al abuso en el manejo de la mayorías parlamentarias, una situación que todos los partidos buscan como una forma de tener más ejecutividad en el gobierno, pero que en gran parte de los casos termina mal, con las minorías desplazadas y sin ninguna incidencia real.
Esa situación es preocupante y muy peligrosa. El espíritu de los constitucionalistas no era ese al planificar las funciones del Poder Legislativo, eso está claro. El Plenario de una fuerza política no debe ser el que decide qué votar en el Parlamento. ¿Los legisladores son representantes de sus partidos o del pueblo? En la Asamblea General del Poder Legislativo está la voz del pueblo. Es verdad que nuestro sistema electoral no es el más adecuado para cumplir con esa intención, pero no deja de ser el cometido.
Los parlamentarios deberían responder a sus votantes y ser controladores de un Poder Ejecutivo que puede ser más o menos avasallador. Esa representatividad, que de por sí es muy amplia, es lo que justifica la cantidad de integrantes de las cámaras y la proporción por departamentos, entre otras cosas.
Las mayorías parlamentarias, cuando se convierten en una obsesión, terminan en cierta forma haciendo que el Parlamento cambie de bando. En el caso nuestro, el Poder Legislativo dejó de ser el controlador del gobierno para convertirse en un anexo y facilitador de sus decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de mayorías y minorías, dependiendo el caso. La organización que debería estar parada frente al Poder Ejecutivo, con un oído puesto en quienes la votaron, y convertirse algunas veces en fiscal y otras en asesor calificado, pasa a ser un megáfono para el partido político a cargo del gobierno, en una verdadera confusión de lealtades.
A ese panorama que de por sí no es recomendable, se agrega la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Plenario del Frente Amplio para controlar esa mayoría parlamentaria. Un gobierno debería parecerse a lo que se espera de un trabajo en equipo, donde todas las opiniones, necesidades y aspiraciones de quienes lo forman son contempladas de alguna manera. Si un gobierno electo por el pueblo ignora ese compromiso con las instituciones, eso no es bueno; pero si a ello además se agrega una suerte de asamblea paralela, designada con los criterios que sean, para disputar el poder y limitar el funcionamiento de las instituciones democráticas, ese problema puede llegar a ser insostenible.
En estos tiempos es cada vez más importante tener presente las bases que llevaron a la formación de las repúblicas, la separación de poderes, el control necesario que deben ejercer unos con otros y los tres pilares que constituyen un Estado. Olvidar todo eso y poner en el centro a un plenario partidario va contra la propia naturaleza de la representatividad y la autoridad en la que se cimentó nuestro país. Y el pronóstico, si se continúa por el mismo camino, es reservado.
