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La quinceañera se baja todos los días del mismo auto y entra a la whiskería. Siempre la lleva su novio, y su madre lo sabe. Este es un “circuito clásico” de la prostitución infantil en Uruguay, según explicó a Búsqueda el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapese), Luis Purtscher.
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El combate a ese delito se ha vuelto más difícil en las últimas semanas. A partir del martes 12, las denuncias de prostitución infantil ya no son derivadas a los juzgados especializados en crimen organizado. La Cámara de Diputados aprobó una ley sobre lavado de activos que modificó el papel de esas sedes penales en el combate a la explotación de menores. La nueva norma establece que esos juzgados tendrán competencia en el caso cuando participe un “grupo criminal organizado”, compuesto por tres o más personas.
“El exigir la asociación para delinquir como condición para que los jueces especializados tomen competencia, despoja a la víctima de una serie de garantías que la ley les da a esos juzgados: posibilidad de contar con una policía especializada en el tema, escuchas telefónicas, protección a la víctima, la figura del policía encubierto. Con esta nueva ley, las competencias volverían a los juzgados penales que no cuentan con eso; viven y conviven tanto los integrantes de la red como las víctimas. Entonces, los espacios de protección se ven limitados”, explicó Purtscher, quien es director del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) en Colonia.
El jerarca señaló que “ya era complejo lograr procesamientos” con las herramientas que proporcionan los juzgados especializados, y “cuanto más (será) con esta nueva situación”.
Informó que en 2010 hubo 20 denuncias de prostitución infantil, en 2011 la cifra trepó a 40 y en lo que va de este año ya hubo 16. La mayoría ocurren en el interior del país, en donde los casos se hacen más visibles, y suelen tener como víctimas a adolescentes mujeres de 14 y 15 años. En total hubo 23 procesamientos por este delito entre 2009 y 2011. “Para esto fue una variable fundamental que trabajaran los juzgados especializados”, afirmó.
Purtscher indicó que el 82% de los procesados son personas que no contrataron abogados, por lo que no se trata de gente organizada en “redes tipo Vicio en Miami” ni eran casos de “explotación VIP”. “Son cuestiones mucho más modestas. La mayoría de los procesados son hombres entre 21 y 78 años, el 56% tiene más de 40 años. Entre los procesados hay siete desempleados, seis changadores, dos jubilados, un pensionista, dos amas de casa, un jardinero, un cantinero, un peón, una clasificadora y un contratista”.
Las autoridades no tienen clara la cantidad de casos que hay en Uruguay, aunque entienden que estas situaciones son parte de “la sociedad” y por eso “la comunidad se debe hacer responsable”. Si bien la explotación sexual comercial no ocurre exclusivamente en los sectores más pobres y vulnerables, en este ámbito es más frecuente; sobre todo en mujeres y adolescentes, aunque también lo sufren varones y niñas.
Purtscher señaló que en “general”, en Uruguay, el “explotador no trabaja solo, tiene contactos como el dueño de la whiskería, el del almacén, el de la empresa forestal, el de la estancia; son contactos para generar la situación de explotación”.
“El tema es qué consideramos red, porque en el circuito de explotación clásico está un familiar directo. Está el novio, que en realidad es el proxeneta, que la lleva a ser explotada en un taxi, que siempre es el mismo, y va a la misma whiskería. Ahí ya hay cuatro personas. No se reúnen a confabular pero en la práctica son cuatro o más”.
Purtscher aclaró que con este cambio legal no solo quedarán afuera de los juzgados los casos de explotación sexual comercial, sino también los de trata y tráfico a menos que se constate la asociación para delinquir de tres o más personas que actúan.
Lejos.
Purtscher sostuvo que la nueva normativa “aleja” al país de lo que son los “protocolos internacionales ratificados por Uruguay”. Esos protocolos exigen la existencia de juzgados especializados, policía especializada y protección a las víctimas. Con el cambio aprobado “se pierde esta herramienta”.
“El tema judicial, si bien es una parte de todo el problema, es esencial porque de esa instancia depende si realmente estamos protegiendo o no a la víctima”, dijo.
Era una mejora.
El director del INAU Jorge Ferrando dijo que para el organismo fue una “mejora importante” que este tipo de delitos se trataran en los juzgados de crimen organizado. “Ha sido una experiencia muy buena y nos gustaría que pudiera seguir enmarcada en eso”, dijo Purtscher al respecto.
Ferrando informó que además de las campañas de sensibilización y capacitación sobre el problema de la prostitución infantil, ahora se está “fortaleciendo la atención de las adolescentes para tener algunos lugares de internación de víctimas cuando se requiera”.
“Tenemos equipos de atención psicológica que atienden por lo menos una vez por semana a la víctima. También hay un equipo social que ve las condiciones del grupo familiar y ayuda para que la adolescente salga de esa situación. Acompaña un proceso de salida de la explotación. Muchas veces hay complicidad de la familia y entonces hay que buscar alternativas, algo que le genere algún ingreso para que no dependa de los servicios sexuales”, indicó.
Además, dijo que se están analizando los efectos de la construcción de la papelera en Conchillas, donde la presencia de mucha gente y de hombres solos genera la presencia de explotación sexual.
Por su parte, Purtscher informó que se realizará pronto un llamado para constituir “equipos nómades” que tendrán por objetivo “llegar a cualquier parte del país en horas para ser el primer apoyo de la víctima”.
