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Por este medio adjunto a usted una carta para su publicación en la página de correo de lectores.
Prof. Claudia Díaz Bergallo
Señor Presidente de la República
Doctor Tabaré Vázquez:
Presente.
Hace dos años, tuvo comienzo una reivindicación tan justa como constante y que sin embargo aún se encuentra a la espera de una respuesta por parte del gobierno que usted preside. Me refiero al reclamo de los que hoy se nos reconoce bajo el rótulo de “cincuentones” o bien de los “Damnificados por el sistema mixto de jubilación, ley 16.713”.
Desde el inicio de nuestro planteo y hasta la fecha, nos hemos entrevistado en muchas oportunidades con varios legisladores representantes de las diferentes bancadas, y asistimos a una reunión con el secretario de Presidencia, Dr. Toma, así como con la Comisión de Derechos Humanos.
Movilizaciones, marchas, adhesiones a paros que contuvieron nuestra situación dentro de la plataforma reivindicativa, han sido algunas de las formas de pronunciamiento del pedido de revisión de nuestra situación.
Sé que no necesito explicarle a usted que nuestra jubilación no muy lejana, supone un recorte del 35 al 40% menos de lo que nos correspondería si hubiésemos permanecido en el régimen de solidaridad intergeneracional al cual aportamos la mitad de nuestra vida laboral.
En esa situación nos encontramos especialmente perjudicados los profesionales de la educación. Dadas las exigencias que a criterio de la OMS supone el ejercicio de la docencia en las aulas, maestros y profesores, tal como ocurre en un alto porcentaje de países, debemos cesar en nuestros cargos después de un promedio de 35 años de trabajo reales y consecutivos. Esto ha hecho que ya más de cien colegas se hayan visto confinados a una jubilación paupérrima después de haber dado sus conocimientos y energía laboral a la educación del Uruguay.
El perjuicio de la ley 16.713 a muchos de los docentes que han superado la franja de 55 años de edad es ya un hecho y una injusticia a todas luces.
¿Cómo puede entender un ciudadano común que el gobierno pueda llegar a destinar mil millones de dólares para asistir al establecimiento de una empresa internacional como UPM en nuestro territorio a la que además se le exonerará de ciertas cargas impositivas?¿Cómo es que un gobierno presuntamente “progresista” continuará subsidiando otras Cajas de jubilaciones mientras da la espalda y permanece en silencio ante el reclamo de ciudadanos que verdaderamente han trabajado para la transformación del país?
¿Cuál es el criterio del gobierno al que apostamos tantos uruguayos con una convicción hoy desencantada, para dilatar una respuesta ante este golpe que pasa por encima del precepto constitucional según el cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley? Un docente que al momento de aprobarse la ley 16.713 tenía 40 años de edad, hoy puede jubilarse por el sistema de solidaridad intergeneracional por el hecho de haber quedado fuera del sistema mixto de jubilación. Otro docente con igual cantidad de aportes y años de trabajo que el primero ve en cambio afectada su jubilación entre un 35 y un 40% por tener algo menos de 40 años al momento de la promulgación de dicha ley y pasar entonces al sistema AFAP-BPS después de haber aportado la mitad de su vida laboral únicamente al BPS. Aquellos aportes previos al nuevo régimen quedan ahora sujetos en forma arbitraria al cálculo de lo que establece la nueva ley 16.713 de sistema mixto, la cual nada establece respecto de los mismos por no tener efecto retroactivo a su promulgación. Este error —¿error?— constituye otro perjuicio para quienes aportamos con anterioridad a 1996 bajo otras coordenadas jubilatorias en aquellos años previos. Sobre ninguno de estos perjuicios se nos ha dado respuesta ni usted se ha dignado a recibirnos. La Secretaría de Presidencia nos informa desde hace más de un año que usted no puede incluirnos en su agenda para una reunión a fin de conversar sobre esta realidad. Ante nuestra insistencia y aclaración de que no requeríamos una fecha próxima y que la audiencia podía ser con miras a un largo plazo, se nos derivó al despacho del vicepresidente, Raúl Sendic, cuya secretaria también contestó telefónicamente en forma evasiva negándose a darnos una entrevista.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en una conversación telefónica, me informó que él reconoce el perjuicio que esta ley nos ha ocasionado y que ha procurado en consecuencia promover un cambio que ha chocado contra una pared infranqueable. Una economía que no prioriza a los actores del sistema educativo es algo más que una pared infranqueable. Es una muestra clara de la importancia que la educación tiene dentro de una lista de prioridades que no condice con las de un gobierno progresista. Por esa razón somos muchos los docentes damnificados que vamos llegando a la convicción de que los ciudadanos trabajadores tenemos voto solo en determinados momentos del país pero que nunca tenemos voz frente al poder que nosotros mismos otorgamos.
Este silencio de su gobierno no solo asombra a quienes apostamos a un país solidario, a un Uruguay en el que “temblarían las raíces de los árboles” sino que también indigna al ver a quienes ayer mandatamos negándose hoy a dar una respuesta que es de orden y más aún, de Justicia.
