Respecto al primer punto, su mentira tiene patas cortas. Yo no fui removido. Renuncié cuando se decidió promover la medida cautelar contra el bloqueo de los puentes. En esa oportunidad, en presencia del canciller Gargano y de varios funcionarios entre los que se encontraba el secretario general de la época, embajador Cancela, que puede ser consultado, manifesté mi desacuerdo con esa medida, agregando que se iba a perder y que ello iba a envalentonar a los piqueteros de Gualeguaychú, por lo que di un paso al costado. Como debería estar enterado el señor canciller, la medida cautelar fue rechazada por la Corte Internacional de Justicia y, por ese rechazo, los piqueteros se sintieron avalados en su ilegítimo bloqueo.
Con respecto al segundo punto, el señor ministro muestra una ligereza inaceptable, ya que me atribuye algo que no es cierto. La realidad es que nunca sostuve que nuestro país, sin cumplir con el régimen de consulta de los arts. 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, podía actuar unilateralmente. Por el contrario, si el señor canciller analiza mis declaraciones al diario “El País” del 2 del corriente, podrá verificar que he sostenido lo opuesto citando precisamente a la Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia en cuanto a cumplir con el procedimiento de consulta y esperar a que se cumplan los plazos allí establecidos.
El señor canciller, muy sobrador y astuto, me recomienda leer los trabajos de mi autoría sobre este tema, posiblemente haciendo referencia a mi libro “Límites de la República Oriental del Uruguay”, publicado hace 21 años, donde sostuve que el Derecho internacional impediría el actuar unilateralmente antes de haber agotado todas las vías posibles de negociación y de solución de controversias (p. 296). Sigo pensando lo mismo, obviamente, considerando que “las vías posibles de negociación y de solución de controversias” son las establecidas en los arts. 7 a 12 y que deben desarrollarse en los plazos allí indicados.
En síntesis:
A) El señor canciller Almagro miente cuando afirma que fui removido del equipo legal del Uruguay en el caso Botnia. Renuncié por las razones indicadas anteriormente y él debe saberlo.
B) Se equivoca feo, por guiarse por las palabras de un periodista, cuando me atribuye haber sostenido que, sin cumplir con el procedimiento de consulta, se puede actuar unilateralmente. Realmente, es injustificable que un señor canciller le asigne a una persona manifestaciones que nunca realizó, porque jamás he sostenido tal postura, sino que, en reiteradas oportunidades he afirmado lo contrario conforme a lo dispuesto por la Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010.
C) Se equivoca asimismo cuando interpreta sesgadamente lo qque dije en un libro publicado hace más de dos décadas.
Pero las incoherencias y errores del Ministerio a cargo del Dr. Almagro son múltiples y tienen mucha mayor trascendencia que las referidas a mi modesta persona, porque afectan a la soberanía nacional.
Sería muy largo referirme a lo actuado con respecto a los canales de Martín García, a los muelles en las proximidades de Nueva Palmira, al dragado del río Uruguay, a la delimitación de nuestra plataforma continental, al puerto de aguas profundas, a su participación en la suspensión del Paraguay del Mercosur, etc., por lo que, como muestra simplemente, voy a referirme sólo al canal lateral que va a construir la República Argentina en el Río de la Plata. El proyecto correspondiente fue presentado a la delegación uruguaya ante la CARP en el 2005, con todos los datos técnicos necesarios. La respuesta de nuestro país, prestando el consentimiento, se formuló en el acta Nº 416 de 17 de noviembre de 2006, “en el entendido” de que Argentina iba a profundizar los canales de Martín García.
Y, ¿cuándo se enteran, en ese Ministerio, de la existencia de ese proyecto consentido? Recién el 19 de agosto pasado por un artículo de Emilio Cazalá, publicado en su página de Marítimas de “El País”. Nadie estaba enterado, no existen informes anteriores a esa publicación, del ex presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, embajador Bustillo, ni del actual, embajador Koncke, al respecto, porque si los hubiera habido, el tema se habría discutido y, eventualmente, se habría impugnado el consentimiento otorgado o se hubiese exigido la contrapartida. Es tal el desorden que existe en la Cancillería que transcurrieron 7 años y gracias a la investigación de un periodista, su titular se entera de ese proyecto y de ese emprendimiento que tiene aspectos muy negativos para los intereses del país y que fue consentido por nuestros representantes en la CARP.
Realmente, como antiguo funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que ingresé en 1968, me da pena que esa importante Secretaría de Estado sea ejercida por este señor, cuando tuve el privilegio de servir con ministros de la talla de Venancio Flores, José Antonio Mora Otero, Luis Barrios Tassano, Enrique Iglesias, Héctor Gros Espiell y Sergio Abreu, entre otros.
Dr. Edison González Lapeyre
El embajador, los periodistasy UPM
Escuché en la radio las declaraciones del embajador argentino Dante Dovena a la salida de su reunión con nuestro presidente Mujica donde se explayó con una serie de disparates propios del gobierno que representa pero que igual no dejan de ser increíbles. Desde afirmar que la planta de UPM contamina y decir que la CARU no publica los informes que prueban la contaminación, hasta agregar la desfachatez de decir que su gobierno “por supuesto se opone al pedido de UPM”.
Todo esto está bien, sonaba como un estribillo preparado que propagó a cuanto micrófono se le ofreció. Lo sorprendente es, a mi entender, que uno espera que sosteniendo esos micrófonos debería haber algún periodista que pudiera cuestionar algo de lo que este señor estaba afirmando.
Por ejemplo indicarle que si la CARU no hace público el resultado de los análisis, es porque los representantes argentinos en ese organismo bilateral no lo permiten. Lo que nos hace suponer que no hay tal contaminación por la producción de UPM ya que de lo contrario no dudaríamos esos informes estarían en primera plana en los periódicos de la vecina orilla divulgados por el gobierno argentino.
¿Es mucho pedir esto? ¿No es lo que nosotros entendemos está pasando? Y si es así, por qué no decírselo y cuestionar al mismo tiempo de dónde tiene el señor embajador la otra información al respecto que le hace afirmar lo que dice. ¿Sería esto una falta de respeto al señor embajador?
Mientras tanto esperamos para ver qué es lo que nuestro presidente va a hacer en este sentido. Es hora de enviar alguna señal a la vecina orilla que no somos una provincia, que somos una nación independiente y soberana y podemos tomar decisiones que aunque no les gusten a nuestros vecinos, son en nuestro interés.
Además, pronto Montes del Plata entrará en funcionamiento y según tengo entendido su meta es producir un millón trescientas mil toneladas que sumadas al millón cien mil que produce ahora UPM harían un total de dos millones cuatrocientas mil toneladas. UPM pide aumentar solo un poco más del 8% de ese total lo cual nos llevaría a dos millones seiscientas mil toneladas anuales cuando las dos plantas estén operando normalmente.
¿No es ridículo el problema? Además ya hemos vivido con las rabietas infantiles de cerrar puentes, y hacer todo lo posible para que los ciudadanos de la vecina orilla no puedan viajar en sus vacaciones a nuestro país y sobrevivimos. Sr. Presidente, pregúntele a su correligionario el Dr. Tabaré Vázquez cómo lo hizo. Si mal no recuerdo, lo apoyaron todos los partidos políticos. Anímese.
J.C. Aguerre
“Canal lateral argentino”
Siempre es estimulante recibir aportes y comentarios fundamentados —críticos o a favor— de los diferentes aspectos de la política exterior del país.
Sin embargo, deja de ser de este modo cuando los cuestionamientos carecen de toda base científica y técnica y de todo argumento sólido o concepto que los sostenga.
Me estoy refiriendo a la “Carta a los lectores” firmada por el Dr. Edison González Lapeyre bajo el título “Canal lateral argentino” en el diario “El País” del jueves 22 de agosto, así como a las demás intervenciones públicas sobre éste y otros asuntos vinculados a la CARP y a la CARU que la citada persona ha vertido últimamente.
En la citada carta el firmante aborda con ligereza, inexactitud y preconceptos equivocados diferentes asuntos vinculados a las relaciones entre Uruguay y Argentina, en particular en lo referente al ámbito del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
Me resulta imposible por razones de espacio ser exhaustivo, pero creo que abordando algunos aspectos puntuales quedará de manifiesto la carencia de fundamentos de lo expresado por el Dr. González Lapeyre.
Señala el citado jurista, refiriéndose a la eventual modificación de la traza del Canal Punta Indio: “Por ende el proyecto no nos sorprende, pero sí nos sorprende que se informe de que el consentimiento uruguayo se ha efectuado sin contrapartidas”.
Le concedo que pueda carecer de la información necesaria para opinar al respecto, pero en consecuencia no debería aventurar juicios tan temerarios. Ninguna instancia oficial uruguaya ha confirmado el presunto consentimiento (hasta ahí admito la posible asimetría de información en desmedro del Dr. González Lapeyre) pero, menos que menos puede afirmarse sin la menor base argumental ni fáctica que “el consentimiento uruguayo se ha efectuado sin contrapartidas”.
Más adelante el autor de la “Carta a los lectores” agrega (me centro, de momento, en los temas relativos a la CARP) “para otorgar ese consentimiento se debería haber exigido (…) una definición clara de lo que se va a hacer con los canales de Martín García, que de hecho están siendo dragados exclusivamente por nuestro país”.
Nuevamente desconoce la realidad y los conceptos que de ella derivan. El mantenimiento de los canales de Martín García está siendo realizado en forma conjunta en base a las capacidades nacionales de ambos países. Esto fue acordado por ambos gobiernos mediante notas reversales de 18.01.13 (a la finalización del contrato con el concesionario Riovía S.A.).
Desde ese momento a la fecha la CARP y ambos países (ANP, Armada Nacional, Dirección Nacional de Hidrografía y sus correspondientes contrapartes argentinas) han venido realizando el mantenimiento y administración del Canal con la más absoluta normalidad.
De hecho, ha descendido el promedio de varaduras en el Martín García, y, al mismo tiempo, por citar temas vinculados a la agenda “histórica” entre los dos países, se han equiparado las tarifas de los peajes del Canal Mitre y el Martín García a U$S 2,25 por tonelada de registro neto, lo cual, entre otros aspectos acerca el canal a la autosustentabilidad y deja de representar una subvención implícita del Uruguay a la navegación por ríos internos argentinos.
Pero además de ello la CARP ha adquirido —sin que implicara erogaciones expresas para los países sino como parte del acuerdo transaccional de cierre con la empresa— tres embarcaciones que utilizaba “Riovía S.A.” para el mantenimiento del canal: la lancha hidrográfica “Riachuelo”, el balizador “Santa Lucía” y el remolcador “San Francisco”.
Todo esto estará fortaleciendo sustantivamente las capacidades de la CARP para el mantenimiento del Canal, llevándola a niveles institucionales sin precedentes.
Y hasta el momento en que se proceda a la creación del organismo técnico en el marco de la CARP (a tenor de lo previsto en el artículo 61 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo) efectivamente la ANP se encuentra a cargo del dragado de mantenimiento del Martín García y el Servicio de Balizamiento de la Armada Nacional de las tareas propias de su especialidad.
Seguramente desde el año 1996 (inicio de la concesión con Riovía S.A.) a la fecha, puede decirse que se trata del momento en que Uruguay ha contado con mayor responsabilidad y control directo sobre el mantenimiento y todos los aspectos de funcionamiento del Canal.
Los últimos párrafos de la carta del Dr. González Lapeyre son políticos y desenfocan absolutamente los temas que pretende abordar lo cual hace innecesario responderlos desde los aspectos diplomáticos y técnicos.
No resulta sencillo intercambiar puntos de vista cuando desde un lado se aportan argumentos y datos técnicos con sustentos de política exterior y del otro únicamente visiones sesgadas sin fundamentos, pero sólo me permito agregar, para no extenderme en demasía, algunos hechos vinculados a los últimos acuerdos alcanzados por los dos países en el seno de la CARP:
- se aprobó el texto del Convenio de Cooperación entre la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y un tercer país o entidad para la profundización de los suelos duros del Canal Martín García a 38 pies,
– se aprobaron los términos de referencia para la realización de los estudios técnicos necesarios para dos trazas alternativas al Canal Martín García actual,
– se acordó el texto del intercambio de notas reversales entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para la creación del órgano técnico bajo lo previsto en el artículo 61 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, enmarcándose en la institucionalidad prevista en dicho instrumento: “La Comisión Administradora podrá constituir los órganos técnicos que estime necesarios”.
Algún párrafo aparte merecen las opiniones del Dr. González Lapeyre respecto al Río Uruguay. Sabido es que el Dr. González Lapeyre ha sostenido la tesis de que cumpliendo los requisitos ambientales internos del Uruguay no resulta necesario proceder a gestión o consulta ante la CARU para la realización de obras de carácter portuario-industrial como las de UPM.
No seré yo quien me ocupe de refutarlo sino el propio fallo de la Corte Internacional de Justicia: “En consecuencia, la Corte concluye de lo anterior que el Uruguay, al no informar a la CARU de los trabajos proyectados antes del otorgamiento de la autorización ambiental inicial para cada planta y de la autorización de construcción de la terminal portuaria adyacente a la planta Orion (Botnia), no ha cumplido con la obligación que le impone el Artículo 7, párrafo primero del Estatuto de 1975”.
Creo que el cúmulo de hechos, avances y argumentaciones jurídicas, de los cuales forzosamente he debido hacer una muy limitada selección, responden con creces a la perimida visión del Dr. González Lapeyre.
Saludo al Director atentamente,
Embajador Gonzalo Koncke
Director General de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores
Presidente de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata
Fecundación in vitro (I)
Sr. Director:
En los últimos días he visto dos programas en TV y oído uno por radio en que se hablaba el mismo tema: la fecundación asistida. “Cuando el río suena agua trae”. Sucede que se está por votar pronto en el Senado el proyecto de ley de fecundación asistida o “in vitro” (FIV) que hace poco fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Estos representantes pertenecen a todos los partidos y fueron elegidos por el pueblo, que puso su confianza en ellos para la dirección del país. Entre estas personas hay gente de todas las especialidades, profesiones, ideologías, educaciones y, también, hay científicos. Además, existe en esta Cámara, entre otras comisiones, una Comisión de Salud. ¿Cuál es su función si a la hora de votar algo, referente a la salud, nadie estudia a fondo el tema y opinan “tocando de oído”?
Uno de los programas de TV que vi, fue la entrevista que le hicieron al Dr. Gerardo Bossano, experto en el tema, ya que hace alrededor de 30 años que practica esta técnica. Averigüé algo sobre lo que dice la ciencia sobre la FIV. En pocas palabras, para tener una idea, dice: se juntan ovocitos y espermas hasta que se comprueba el número de ovocitos que fueron fecundados. En la siguiente fase, después de 3 a 6 días se realiza una detallada selección de embriones. Digamos, hablando en criollo, se hace lo que un jurado de admisión para seleccionar los ejemplares a competir en una exposición. Se eligen los embriones más vivaces y con apariencia de mayores posibilidades de progreso. Cinco días después, cuando llegan a la fase de blastocitos, se hace la transferencia del número de embriones que se considere al útero que los va a incubar. Como no todos los embriones son transferidos, otros, de suficiente calidad (hablamos de seres humanos) pueden ser criopreservados en termos para futuras transferencias en caso de fracasar la primera. A los preservados se les pone fecha de vencimiento y a los demás, que son muchos, se los tira.
Me pregunto: ¿algún diputado se informó de esto con detalle? ¿Alguien pensó en las posibles consecuencias? Estos embriones sobrantes se pueden vender, negociar, hacer tramoyas legales... ¿Y qué dicen de los casos de consanguinidad que se pueden dar, o qué puede pasar con las herencias y mil cosas más? ¿Se estudiaron estas posibilidades antes de la aprobación del proyecto?
Y volviendo al Dr. Bossano (y demás médicos que se dedican a la FIV), ¿se dan cuenta de que esto es mucho peor que un aborto? ¿Se dan cuenta de que cada fecundación “asistida” es un holocausto? Me llamó mucho la atención la pretendida calidez de su comentario al finalizar el programa: “Los niños que no nacieron por FIV hoy no estarían en el mundo”. Bienvenidos los niños que vengan al mundo, pero no a costa de los miles que se eternizan en un termo o que se derriten sobre el mármol de un laboratorio.
¿No hubo un diputado que discrepara con este proyecto?
Por favor, señores senadores, estudien de qué se trata lo que van a votar. Investiguen un poquito, no mucho. No puede ser que estemos gobernados por personas que carecen de la información necesaria para votar una ley. Confío plenamente en vuestra seriedad y honestidad.
Cristina Carrau
CI 906.617-0
Fecundación in vitro (II)
Sr. Director:
Recientemente se ha publicado en la prensa una carta del Dr. Bossano en la que este profesional hace la siguiente afirmación respecto de las técnicas de “fecundación in vitro” que se practican en nuestro país:
“Se puede estar de acuerdo o no por pensamiento, ideas religiosa o filosóficas sobre el tema, pero en ningún centro de este país se tiran embriones”.
Para intentar arrojar un poco más de luz sobre este tema, transcribo algunos pasajes de las declaraciones del Dr. Bossano en su visita a la Comisión de Salud Pública del Senado el 2 de julio de este año, durante el tratamiento del proyecto de ley de “Reproducción asistida”:
“De cualquier manera, de todos los embriones que puedan tener una evolutividad, si al día tres se tienen tres embriones, se transfieren, y si se tienen cinco pero no son de buena calidad, los otros dos esperan al día cinco. Si llegan al día cinco se vitrifican y se guardan, y si no es así es porque no podrían llegar, ni aún adentro del útero. Entonces, esos embriones que se detuvieron en dos, cuatro o seis células y no progresaron hasta el día cinco —y no fueron transferidos—, es porque no tenían la calidad suficiente en cuanto a expectativa de viabilidad.”
Ante todo tengamos en cuenta que se está hablando de embriones, es decir, de seres humanos ya concebidos. En primer lugar, la frase “que puedan tener una evolutividad” está diciendo que ya se prevé una selección inicial en la que quedarían por el camino los que “no puedan tener una evolutividad”.
Los que tienen “evolutividad”, parece, comienzan la carrera para llegar al “día cinco”. Se da a entender que hay otros que no llegan a ese día cinco, y que no se vitrifican ni se guardan, porque “no podrían llegar, ni aún dentro del útero”, “se detuvieron en dos, cuatro, y seis células y no progresaron”, “no tenían calidad suficiente en cuanto a expectativa de viabilidad”.
O sea que, en rigor de términos, sí se “tiran” embriones, por las razones arriba dadas.
En consonancia con eso expresó también el Dr. Bossano:
“Si una persona fracasó y se le genera la ilusión porque tiene embriones guardados —que llevan toda una preparación—, es una expectativa basada en embriones que no tienen un pronóstico bueno en el día tres y en el día cinco son de mala calidad; entonces, a veces es preferible insistir y hacer una nueva fertilización, antes que guardar algo que no tiene futuro”.
En esa misma sesión es interesante el diálogo que se da entre el presidente de la Comisión, el senador Alfredo Solari, y el Dr. Bossano:
“Señor presidente. La señora Senadora Moreira hablaba de la posibilidad de establecer en este artículo 9º una especie de indicación conceptual, dejando a la reglamentación la especificación de condiciones, número y demás. Por otro lado, pienso que hay una coincidencia entre la apreciación de la señora senadora Moreira y el doctor Bossano en cuanto a que no tiene mucho sentido que los embriones restantes no transferidos sean preservados para una transferencia posterior. Consulto al doctor si es correcto.
SEÑOR BOSSANO. Efectivamente, señor Presidente”.
La postura de la senadora Moreira al respecto, por otra parte, es clara:
“SEÑORA MOREIRA. Deberíamos preguntar en las clínicas, pero creo que les dan opción entre la donación y el descarte —he recibido testimonios directos—, es decir que preguntan a la pareja qué quiere que se haga con los embriones e, incluso, las clínicas hacen el descarte”.
“Demás está decir que en este tema vamos a tener una visión de fondo diferente. En lo personal, no tengo problemas en aceptar el descarte de los óvulos fecundados, porque la idea de la vida desde la concepción no forma parte de mis concepciones filosóficas ni mucho menos”.
Otro profesional que tiene una clínica que se dedica a estas prácticas, el Dr. Montes, indicó lo siguiente:
“hay embriones que son claramente inviables y están destinados a morir porque tienen una aneuploidía, una alteración a nivel de los cromosomas, y el desarrollo se detiene. Entonces, no sé si prohibir el uso de esos embriones para la investigación; son inviables. Lo planteo como duda; es muy difícil pero se podría hacer”.
Dijo también:
“Otro estudio que se está haciendo en el Uruguay es el PGD o Diagnóstico Genético Preimplantacional. ¿Eso también se va a habilitar? Por ejemplo, el hombre o la mujer tiene una enfermedad que no quiere transmitirle al hijo y, entonces, se estudian los embriones antes de transferirlos. Aquellos embriones que tienen la falencia no se transfieren; se transfieren solo los que son sanos”.
Es claro que los embriones que “no se transfieren” se descartan. Es decir, perdonando la expresión, se tiran.
Coincidente con lo anterior fue la intervención del Dr. Langón, que asesoró desde el punto de vista jurídico:
“En cuanto a estas técnicas, lo que va a quedar como resultado es que va a existir una cantidad de material biológico fecundado —no hablamos del espermatozoide ni del óvulo, sino del óvulo fecundado, o sea, el cigoto— que en algún momento va a ser destruido, descartado en el laboratorio, porque las cantidades que se producen y conservan no tienen suficiente vitalidad, o por otra razón”.
En cuanto al descarte de embriones en estas prácticas, es interesante una noticia del año 2008 publicada en la edición del 27 de Enero de “Nature Biology”, sobre una investigación realizada en el Hospital Infantil de Boston acerca de la posibilidad de obtener células madre de embriones descartados en la fecundación “in vitro”.
La noticia dice que “cada año, cientos de miles de embriones de mala calidad son descartados de manera regular durante el proceso de la FIV”, y que los doctores que realizaron dicha investigación trabajaron sobre “400 embriones de mala calidad de la clínica de FIV del Hospital Brigham and Women’s.”
Notemos la expresión “cientos de miles”, “cada año”.
Como dice en su carta la Sra. Cristina Carrau, esto es mucho peor, si ello es posible, que el aborto. Aquí no estamos hablando del famoso “peligro para la vida o la salud de la madre en el aborto clandestino”, sino simplemente del deseo de una pareja de tener un niño.
Según las estadísticas, solamente un porcentaje del 4 al 8 % de los embriones producidos por estas técnicas llegan a nacer, los demás quedan por el camino. Este 96 o 92 % de fracasos es mucho más que el 30 a 50% de abortos que se producen en forma natural en los embarazos naturales.
Si lo esperable es que una pareja obtenga, cuando lo obtiene, un embarazo exitoso luego de tres ciclos en cada uno de los cuales se implantan tres embriones, han debido morir 8 seres humanos para que nazca uno. Si luego de cinco ciclos sin resultado se considera que el tratamiento no tuvo éxito, estamos hablando de 15 seres humanos muertos.
Este proyecto de ley, de aprobarse, extendería aún más el desconocimiento del derecho a la vida, el más básico y elemental de todos, en nuestro sistema legal.
Lo saludo atentamente
Néstor Martínez
CI 1.508.753-8
