Discutíamos de películas, sobre artículos de cultura, cosas que él había publicado y las pocas que yo también hice.
Era atropellado, un poco vehemente, yo también lo soy.
Los años tejieron una buena relación que me otorgó el beneficio secundario de que me perdonasen los infinitos atrasos en la devolución de las pelis. Gracias Ronie y a todos los que trabajaban y trabajaron junto a él, a cada uno.
Construyó una institución, una empresa casi única. Un lugar donde se encuentra mucho cine para ver en el hogar y que las veces que voy sin saber qué sacar me recomiendan de acuerdo a mis antecedentes. Un lugar que tiene algo de boliche, te quedás hablando de cine, con las personas que atienden y con muchos otros clientes como yo.
Hoy Ronie ya no está entre los que estamos de este lado de la realidad o como se le llame. Pero…“¿quién puede decir qué es real y qué no lo es? ¿Puedo creer que todos mis amigos ya no están, cuando sus voces son aún una gloria en mis oídos? No. Seguiré diciendo no una y otra vez, porque siguen siendo una verdad viva dentro de mi mente. No hay ninguna cerca ni seto alrededor del tiempo desaparecido. Uno puede regresar y disfrutar lo que guste, si puede recordar”. (Fragmento del texto en off del comienzo de la película Qué verde era mi valle, John Ford, 1941).
Chau Ronie; hola Ronie en mis recuerdos.
Manuel Esmoris
La independencia del Poder Judicial (I)
Sr. Director:
Asalto a la Corte. En primer término, me agradaría expresar mi más sincera solidaridad con las opiniones vertidas en la edición del día 13 de junio de ese semanario por un lector que no se identifica con su nombre y sí solamente con su C.I., por lo que, lamentablemente, quienes somos respetuosos de todos los principios democráticos y republicanos no podemos conocer la identidad de quien tan directamente prestigia un ideal que se ha ido diluyendo en el seno de nuestra sociedad, hoy profundamente dividida ante esa brutal escalada de franco rasgo totalitario que nos agobia.
Si se me permite, haré algunas observaciones que estimo muy pertinentes en este momento tan especial en que cada día nos sentimos más cercanos al quiebre de todos esos valores de libertad que forman parte de nuestra esencia humana y ciudadana.
Hace pocos días, el Dr. Luis Alberto Lacalle, en una alocución durante la presentación del libro de Doyenart “Como el Uruguay no había”, se refirió exactamente en términos muy similares a los manejados en la carta de marras respecto al proceso llevado adelante por la izquierda uruguaya durante 30 años, basándose en las teorías de Antonio Gramsci. (Ver nota en la misma edición de Búsqueda).
Quienes hemos vivido aquellos años de un Uruguay poco productivo, muy endeudado y lleno de problemas, pero cuna de una cultura floreciente y del respeto de las libertades, nos sentíamos profundamente orgullosos y envanecidos por la democracia ejemplar del país.
Lloramos tristemente cuando quienes debieron combatir y reprimir la escalada de robos, secuestros y asesinatos en que nos vimos envueltos por la nefasta acción de estos mismos señores que hoy ocupan el gobierno, abusaron del poder que se les confirió y tomaron el control del Estado, sumergiéndonos en más de una década de triste dictadura.
Luchando desde el llano retornamos a la tan anhelada democracia y, en aras de una pacificación y de la resurrección del país una vez perdido, los asaltantes y asesinos fueron amnistiados, los exiliados retornaron a su tierra, sus partidos políticos fueron readmitidos y un horizonte que parecía promisorio surgió ante nuestros ojos.
Esto no pasó de ser un sueño inalcanzado.
Los años de reclusión, bastante pocos si hacemos comparaciones con las penas que se aplicaron y se continúan aplicando por delitos similares, les dieron tiempo para reanalizar sus estrategias y cambiar las armas que se habían visto obligados a deponer por la infiltración sistemática dentro del nuevo entorno democrático.
Comenzaron alimentando el resentimiento contra los gobiernos de turno, mientras simultáneamente minaban y entorpecían su gestión tanto desde sus escaños parlamentarios minoritarios como por medio de la acción del sistema sindical, que les ha servido, y aún les sirve, como fuerza de choque.
Más tarde, embanderados con una imagen de democracia y progresismo, avanzaron sobre el pensamiento fundamentalmente de la juventud, siempre proclive a la acción renovadora y modificadora de los presupuestos de sus mayores, pero también demasiado incauta y por lo tanto fértil terreno para plantar las semillas de promesas utópicas.
“En el nuevo orden, el socialismo triunfará por la primera captura de la cultura a través de la infiltración de las escuelas, universidades, iglesias y medios de comunicación mediante la transformación de la conciencia de la sociedad.” (Gramsci dixit)
Las tesis sobre el dirigismo y el dominio obviamente les han dado buenos resultados (han llegado democrática y legítimamente al poder), pero es muy importante tomar en cuenta de su verdadero sentido y valor, ya que su pregón es precisamente lo que ellos mismos han intentado combatir.
Veamos otro pensamiento de Gramsci que resulta un poco redundante con el anterior, pero es más explícito: “el poder no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, (…) está dado fundamentalmente por la ‘hegemonía’ cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases dominantes ‘educan’ a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Así, por ejemplo, en nombre de la ‘nación’ o de la ‘patria’, las clases dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad con aquellas, de unión sagrada con los explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto ‘destino nacional’”.
La clase dominante a la que se refiere es obviamente la clase privilegiada de los ricos, los banqueros y los grandes terratenientes.
Paradojalmente, lo que está atacando es precisamente lo que en este momento está haciendo el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, convertido hoy en esa clase dominante que por tanto tiempo criticaron, denostaron y combatieron, solo que su riqueza ya es casi ilimitada, pues es la riqueza de la nación, de la que hacen uso como si fuera cosa propia.
Educan inculcando que el MLN fue un movimiento revolucionario casi de carácter independentista y que luchó por la democracia y la libertad.
No se preocupan en lo más mínimo que la educación incluya también matemáticas e idioma español, y los resultados están a la vista: profesionales con serios problemas de lectoescritura, maestros que escriben con horrores (ya no son errores) de ortografía, aspirantes a ingresar en la Universidad con serias carencias de conocimiento.
Sobre los medios de comunicación ya se ha elaborado el proyecto. Una nebulosa aberración por la cual el Estado podría ser capaz de determinar la legitimidad —o ilegitimidad— de cualquier manifestación audiovisual a su gusto y conveniencia.
La columna de Claudio Paolillo en la misma edición de Búsqueda mencionada es harto elocuente al respecto.
En cuanto a las religiones, mientras por una parte se gestiona una visita a Francisco y se departe con él con ese aire campechano de que suele hacer gala nuestro presidente —una imagen muy bien estudiada, Manuela y Fusca incluidos, para impactar con fuerza en la opinión pública internacional y dentro de ese electorado que forma el núcleo que los respaldara en el acto electoral— se promulga una ley que no es simplemente una despenalización del aborto, para lo que hubiera hecho falta solamente un escueto texto que derogara los arts. 325 y 325 bis del Código Penal en cuanto su práctica se efectuase hasta el término de 12 semanas de embarazo.
De esta forma, muy probablemente, la discusión se hubiera minimizado y no hubiera adquirido la trascendencia a que se ha llegado.
La ley, en cambio, se extiende en una reglamentación extensa que propicia las divisiones dentro del conjunto de los médicos, dentro de la sociedad y hasta dentro del seno de la Iglesia Católica, debilitando así su cohesión y su accionar, lo que la convierte en fácil presa de esos lobos sedientos de control y poder ilimitado.
El enemigo exterior está permanentemente identificado en los Estados Unidos.
Pero…y a veces es una suerte que siempre haya un pero, a pesar de que consiguieron una importante infiltración dentro de las esferas del Poder Judicial, se han topado recientemente con una valla insalvable en la Suprema Corte de Justicia, donde cuatro de sus miembros se adhieren estrictamente a las normas constitucionales y no respaldan la violación de las mismas por parte del aparato de las mayorías legislativas. Y el quinto miembro —en realidad el único que verdaderamente ha prejuzgado si lo analizamos objetivamente— queremos pensar que se expide como lo ha hecho para no quedar mal parado frente a sus correligionarios partidarios, pero en su fuero íntimo sabe que tanto las inconstitucionalidades decretadas sobre la ley derogatoria de la caducidad y la ley creadora del ICIR, como el traslado de la jueza Mota —actitud muy indulgente por cierto, puesto que debió ser destituida y sancionada enérgicamente ya hace mucho tiempo por sus públicas manifestaciones contrarias a sagrados principios de Derecho— han sido resoluciones transparentes y totalmente ajustadas a las normas vigentes.
Personalmente, discrepo profundamente con todo el sistema jurídico penal del Uruguay, que considero anacrónico, de sesgo dictatorial y claramente discordante con las finalidades a las que debería apuntar.
Peor que eso. Estoy firmemente convencido de que la propia magistratura utiliza todos los medios a su alcance para evitar las modificaciones varias veces proyectadas, preservando así esa suerte de poder casi mesiánico de que están investidos los jueces gracias a normas (CP y CPP) inadecuadas.
Tanto la magistratura como la SCJ pueden ver en mí más un enemigo —con muy poco poder por falta de exposición mediática y militancia política, para suerte de ellos— que un amigo, mas no por ello voy a dejar de defender la validez y legitimidad de las veces en que los miembros de la corporación emiten dictámenes o toman resoluciones administrativas ajustadas a derecho y al correcto orden institucional.
Lo jurídico estará siempre muy por encima de lo político, y más arriba aún, ya por encima de todo, lo justo y lo moral.
Viendo que la infiltración en el máximo órgano judicial no ha sido totalmente exitosa (apenas uno en cinco al cabo de tantos años), los popes del régimen dejan de lado las tesis del teórico italiano y lanzan un violento asalto sobre el baluarte de la justicia.
Primero la asonada el día del juramento de los magistrados en sus nuevas designaciones, después la visita “amistosa” de varios notorios miembros del Ejecutivo a la SCJ, por último los actos vandálicos organizados con gran meticulosidad en oportunidad de los festejos del triunfo de Peñarol, todo ello alternado con la intromisión de elementos foráneos como el español Baltasar Garzón, famoso por sus extralimitaciones ilícitas, o el italiano Amerigo Incalcaterra, funcionario de la ONU metido a establecer normas sobre derechos humanos.
La democracia tan duramente reconquistada se va convirtiendo en lo que Friedrich Hayek denominó acertadamente como democracia ilimitada, puerta de acceso para un inevitable autoritarismo que, a todas luces, es el fin procurado.
Vale la pena leerlo y adjunto el link. Friedrich Hayek. Los límites de la Democracia.
www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&ida =1220&Itemid=9
Le digo a nuestro pueblo que si no los paramos ahora, cuando todavía estamos en condiciones de hacerlo —por lo menos quiero creerlo así— en forma pacífica y por medio de un voto consciente y bien pensado, de aquí a no mucho tiempo deberemos desempaquetar aquellos pañuelos que usamos allá por el ‘73 para enjugar nuestras lágrimas.
A ellos, a toda esa estirpe totalitaria que pretende adueñarse de nuestros derechos y nuestras libertades para usarlos a su antojo, les digo las mismas palabras que su maestro Gramsci dijo en el parlamento italiano el 16 de mayo de 1925: “Ustedes pueden conquistar el Estado, pueden modificar los códigos, pueden tratar de impedir que las organizaciones existan en la forma en que han existido hasta ahora, pero no podrán prevalecer sobre las condiciones objetivas con que están forzados a moverse”.
A las que agrego: “Prevalecerán la cultura y el espíritu democrático y libertario de los uruguayos, que sabrán hacer cesar esa autoridad inmerecida ante su presencia soberana”.
Fernando Queijo
CI 1.080.722-8
La independencia del Poder Judicial (II)
Sr. Director:
A la asonada en la Suprema Corte de Justicia, a la inusitada visita a los ministros de la Corte por una delegación de personas vinculadas al Ejecutivo, a la declaración de varios fiscales sobre que recusarían a determinados ministros de la Corte por prejuzgamiento cuando ellos mismos estaban prejuzgando, a los comentarios que realizó el representante regional del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU durante una visita a Montevideo, Amerigo Incalcaterra, a los ataques vandálicos a la Corte y al Palacio de Justicia coincidiendo con los mal llamados festejos de un evento deportivo, se suma ahora el ex juez Baltasar Garzón en su exposición sobre “El derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado”, que tuvo lugar el 11 el junio pasado en el Paraninfo de la Universidad.
Criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional los Arts. 2º y 3º de la ley 18.831, interpretativa de la ley 15.848, promulgada el 22 de diciembre de 1986, de “Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado”.
Sostuvo el ex juez que en Uruguay la Suprema Corte de Justicia es contraria a la tendencia de los jueces y fiscales que intentan cumplir con la doctrina internacional y la promoción de los derechos humanos, como si la tendencia de los jueces y fiscales estuviera por encima de los textos constitucionales y legales.
Opinó que la Corte “dio un paso atrás” y que discrepa absolutamente con el planteo jurídico de la corporación. Naturalmente que la “discrepancia” del ex juez Garzón quizás haga reflexionar a los ministros sobre el principio de la irretroactividad de la ley.
Mencionó, sin dar nombres, el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. Expresó que no entiende por qué se removió a un juez que lo que hizo fue aplicar principios básicos del derecho internacional. Y agregó que no puede ser sancionada una persona por una interpretación de la norma de acuerdo a los estándares nacionales internacionales.
En medio de una fuerte ovación, el magistrado agregó que el traslado “fue una decisión política para sacarse de arriba a una jueza incómoda”.
Quizás el ex juez Baltasar Garzón debería haber sido consultado por la Suprema Corte de Justicia antes de tomar esa decisión, pensando (la Suprema Corte) equivocadamente que tenía la competencia y motivos para tomar la resolución. En el futuro esperemos que la Corte tome en cuenta la opinión del ex juez Garzón y que esto no se repita.
Antes, en conferencia de prensa y al hablar sobre el tratamiento dado a los crímenes de lesa humanidad en América Latina, también marcó las diferencias que él, el ex juez Baltasar Garzón, tiene con el fallo de la corporación sobre la inconstitucionalidad de la ley derogatoria expresando: “Cuanto antes espero que se corrija porque va en contra de la historia, de los derechos de las víctimas y de lo que hoy es el derecho internacional humanitario”.
Sí señor: la Suprema Corte se tiene que corregir. ¡Mire Ud. el disgusto que le ha causado al ex juez Baltasar Garzón!
Dijo además que “si Uruguay fue un país signatario de la declaración de Londres de 1945 por la que se crea el tribunal de Nüremberg, a mí me cuesta asumir (está hablando el ex juez) que una ley interna posterior vaya en contra de lo que es el núcleo del derecho penal internacional. Cuesta trabajo asimilarlo. No sé cómo se argumenta eso por la Corte Suprema, pero me gustaría verlo”, afirmó.
Y le diríamos nosotros al ex juez Baltasar Garzón que después de la declaración de Moscú del 30 de octubre de 1943 en la que los gobiernos de Gran Bretaña, la Unión Soviética y los EEUU declararon que los oficiales y soldados alemanes y los miembros del Partido Nazi responsables de atrocidades, masacres o ejecuciones o que habrían consentido tomar parte de las mismas serían enviados a los países en donde sus crímenes hubieran sido perpetrados para ser sancionados conforme a las leyes de esos países ya liberados, los gobiernos de los EEUU, la URSS, Gran Bretaña y el gobierno provisional de la República de Francia firmaron en Londres el 8 de agosto de 1945 un acuerdo por el que se creaba un Tribunal Militar Internacional para juzgar a los criminales de guerra. Se consignó asimismo que todos los gobiernos de las Naciones Unidas podían adherirse al mismo. Entre otros países, Uruguay se adhirió.
Después de la firma del acuerdo del 8 de agosto de 1945 se constituyó el Tribunal Militar Internacional según las disposiciones del Estatuto anexo al tratado, por los representantes de las cuatro grandes potencias.
Este Tribunal Militar fue constituido para juzgar excepcionalmente los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Su competencia fue definida en forma unilateral por los vencedores solo para los criminales de guerra de los países derrotados.
Se fijó imperativamente la constitución, la jurisdicción y las funciones del Tribunal Militar Internacional, determinando además el derecho aplicable y las funciones del tribunal, no aplicándose el principio de la irretroactividad de la ley.
Los estatutos del Tribunal de Nüremberg (y posteriormente también el de Tokio) establecen que aquellos dirigentes que las potencias de las naciones aliadas harían comparecer ante la Justicia eran los responsables directos de los crímenes que ahí mismo quedaban definidos. La responsabilidad criminal de los acusados no quedaba reglamentada por ninguna norma de derecho nacional sino por las normas de derecho internacional.
Las cuatro grandes potencias al crear los tribunales militares internacionales de Nüremberg (y Tokio también) ignoraron la comunidad internacional.
A eso se adhirió Uruguay sin querer ni poder exorbitar ese marco excepcional.
El ex juez Garzón señaló que la posición jurídica de la Corte es una “contradicción” que “no es buena para la protección de los ciudadanos, para el país, ni para la consolidación democrática” y que “no puede ser ese el sentido de la interpretación literal de una norma local en el contexto de las normas internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico del Uruguay”.
Y le diríamos además al ex juez Baltasar Garzón que parte de la explicación se la acabamos de dar y la otra parte viene a continuación.
Que en su perversidad para nada hace referencia en su conferencia sobre “El derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado”, al Estatuto de Roma, siendo como es, asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000 y entró en vigencia el 1º de julio de 2002.
Fue promulgado por la República Oriental del Uruguay el 27 de junio de 2002 por la ley Nº 17.510.
La Corte, cuya sede es en La Haya, ejerce su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el Estatuto y tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
La Corte tiene competencia respecto de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión y únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto.
Nadie será penalmente responsable a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía.
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el Estatuto.
Nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a su entrada en vigor.
De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.
La Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el Estatuto.
De conformidad con el Estatuto, será penalmente responsable y será penado por la comisión de los crímenes que se enumeran en el mismo.
Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
La Corte podrá imponer al culpable, entre otras, las penas de reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 y la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen.
Para el ex juez Baltasar Garzón, destituido de la magistratura en su país por ordenar escuchas telefónicas en forma ilegal y por tomar injerencia en crímenes cometidos durante el período franquista, no existe la Constitución de la República Oriental del Uruguay como base y fundamento de la Nación; desconoce la independencia de los poderes del Estado y en especial la del Poder Judicial; tiene la falta de pudor de atacar a uno de los poderes del Estado nada menos que en el Paraninfo de la Universidad de la República, en lo que fue una actividad política en la que fue ovacionado por quienes fueron a escuchar lo que querían oír.
Y si no hemos mencionado el Pacto de San José de Costa Rica es porque el ex juez Baltasar Garzón no se refirió a él, quizás porque sabe muy bien que en nuestro país entró en vigencia el 19 de mayo de 1985. Él sacará sus conclusiones.
Enrique Silberstein
CI 1.300.793-0
La “ley de medios”
Sr. Director:
Anoche, sin proponérmelo, me puse a mirar una película que trataba de la la vida de un señor llamado Larry Flint, director de una revista porno denominada “Hustler”, allá por los años 60. Cuánto tiempo, ¿no? Dicho señor, que aún hoy vive y cuya vida se puede ver por Internet y la cual no comparto, sostuvo en aquella época una dura lucha contra todo el sistema que pretendía censurarlo, impidiendo la venta de sus revistas por considerarlas inmorales, pues afectaban la psiquis de los jóvenes y otros argumentos más del estilo. Se preguntaba con fotos qué era mas obsceno, si la foto de una mujer desnuda o un cuerpo muerto mutilado en una batalla o en una sesión de tortura.
En su alegato sostenía que él hacía uso del derecho constitucional de libertad de expresión y que la gente tenía el derecho constitucional de libertad de optar por lo que le gustaba o no, tenía la libertad de elegir lo que deseaba leer o no y que ningún grupo puede arrogarse la facultad de decidir por uno lo que deber leer o ver, so pena de terminar en un Estado totalitario incompatible con un régimen democrático.
Esto no es otra cosa que la eterna lucha que se ha dado en la historia de la humanidad por la conquista de la libre expresión del pensamiento frente a aquellos que pretenden limitarla.
Más de 50 años han pasado de dichos hechos y hoy en el Uruguay, con el proyecto de ley de medios remitido por el Poder Ejecutivo, tenemos frente a nosotros la misma discusión. Es increíble que discutamos por lo mismo medio siglo después y no en una dictadura sino en una democracia, en un Estado democrático de derecho.
La ley de medios audiovisuales establece un sinnúmero de limitantes y de prohibiciones, muchas de ellas a reglamentar por un “Consejo de Comunicación Audiovisual” que determinará qué podemos y no podemos ver los habitantes de este país. Decidirá por encima de los padres qué podrán o no podrán ver sus hijos. Esto no es invento de quien escribe sino que está plasmado en los artículos 31, 32, 33, 35, 51, 61, 114, 116, entre otros, del proyecto de ley. El proyecto de referencia delega en un Consejo de Comunicación Audiovisual y en una Comisión Honoraria, los cuales por quién sabe qué pautas determinarán qué es saludable o no para nuestra salud mental.
En definitiva, mientras sigan existiendo los censores, seguirán existiendo los libertarios, llámense Flint o como quiera que se llamen, exigiendo y reclamando el derecho a expresar libremente y a tener el derecho de optar qué leer o ver. Les guste o no a los censores de siempre.
Dr. Gustavo Rodríguez Tabó
CI 1.271.010-4
Estados Unidos y Uruguay
Sr. Director:
Solicito la publicación de la siguiente carta abierta a la embajadora norteamericana, Julissa Reynoso.
“El principal negocio del pueblo de Estados Unidos son los negocios.”
Presidente Calvin Coolidge, 1925.
Me irrita. Cada vez que la veo en algún medio de comunicación o escucho que va a participar en actividades populares tan sueltita de cuerpo, me irrita, me subleva y se me disparan los recuerdos en mi memoria de todas las cosas que hemos sufrido y sufrimos como consecuencia de vuestra ambición sin límites.
Es imperdonable la visita de los artistas frenteamplistas a la embajada americana. El señor Ruben Rada debe saber que para desarrollar la vacuna contra la sífilis fueron usadas personas de origen africano, ¡bah!, negros, al final de la II Guerra Mundial, pues fue cuando se descubrió la penicilina. El grupo testigo presumo, terminó en el cementerio. Se olvidó del asesinato de Martin Luther King por parte del FBI.
Fue el gobierno de su país que le ordenó al Presidente de nuestra República en 1951 “dolarizar la economía; en 1958 le ordenan abandonar el patrón oro, lo cual es acatado. La onza troy de oro valía $ 1,99. No me olvido de la visita del Mr. Dan Anthony Mitrione, “doctorado” en torturas, uno de cuyos alumnos, el más brillante de apellido Cordero, está siendo juzgado en estos momentos en la hermana República Argentina. El militar jubilado Daniel García, con grado de General, en una entrevista radial declaró que tenían la orden de asesinar a cinco mil opositores cuando se dio el golpe de Estado el 9 de febrero de 1973, aprovechando la siesta veraniega y el ambiente de carnaval, característico de nuestro pueblo. Se tomó como ejemplo la “noche de los cuchillos largos” (sábado 30 de junio a lunes 2 de julio de 1934, cuando Hitler asesinó a sus principales colaboradores que le estaban cuestionando su autoridad e inteligencia).
En estos momentos una ONG está presentando una denuncia contra su país por el asesinato, el genocidio, de 260.000 niños iraquíes desde 2003 hasta este momento en el cual se cumplen 10 años de la invasión a ese país por parte del suyo. Es conocida la confesión de Barack Obama sobre el “asesinato de Osama Bin Laden”, palabras textuales en CNN y también la información de que el 53% de la población de su país considera un gran error la invasión a Irak, según la empresa Gallup.
Teniendo en cuenta lo anterior con relación a nuestro país, le digo que no confunda la gordura con la hinchazón. Una cosa son los integrantes de los poderes constitucionales, Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y otra cosa es nuestro pueblo. Ellos son administradores de la cosa pública, la “res pública”. Para su conocimiento, la soberanía reside en la nación, el pueblo es quien manda.
Le solicito a usted que se limite a sus tareas diplomáticas, que retire todo tipo de ayuda, no la precisamos, muchas gracias, que retire de nuestro territorio todo personal que no esté abocado a la tarea diplomática, también que cese en su pretensión de instalar una base militar en nuestro territorio. Siempre tengo presente lo que dijo George W. Bush en Mar del Plata durante la IV Cumbre de las Américas el 4 de noviembre del 2005 a los presidentes Hugo Chávez Frías de Venezuela, Néstor Kirchner de Argentina y a la senadora Cristina Fernández por la República Argentina: la base del capitalismo es la guerra.
Víctor Torres
CI 2.972.730-4
