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Decenas de personas con discapacidad inician el camino legal para reclamar el derecho al transporte gratuito
Se presentaron 40 “peticiones nominadas” ante Presidencia, un paso previo a iniciar acciones de amparo contra el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte
Movilización en el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2019.
El Estado uruguayo consagró por ley en el año 2010 el derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en el transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros. Sin embargo, a 16 años de la aprobación (que recién se reglamentó en 2021), lo que la normativa dice con claridad está lejos de ser una realidad en la práctica.
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El año pasado, Felipe Freire, un joven con trastorno del espectro autista, peleó por su derecho a viajar gratis por la vía legal. Presentó una acción de amparo y obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. La segunda sentencia dispuso sanciones económicas para el Estado si se mantenía en incumplimiento. Con ese resultado logró acceder a viajes gratis mensuales en las compañías que suele utilizar, Cutcsa, Copsa y Coetc, cuenta a Búsqueda Andrés Freire, padre de Felipe. Pero, más allá del caso de su hijo, sigue sin existir una implementación general del pase libre.
Días atrás, ante la falta de avances en ámbitos de diálogo que venían desarrollándose con instituciones del Estado, decenas de personas con discapacidad empezaron a recorrer el camino que ya completó Felipe. El jueves 21 de mayo se presentaron ante Presidencia de la República 40 “peticiones nominadas” del carné gratuito para transporte. Aunque la solicitud ingresa formalmente por Presidencia, está dirigida en realidad al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que son las entidades a las que el decreto reglamentario les atribuyó responsabilidades en la implementación.
En la presentación de estas “peticiones nominadas” trabajó la Fundación ProBono. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a “brindar asesoramiento legal gratuito, voluntario y de alta calidad a personas o entidades que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, no pueden afrontar honorarios profesionales”. Está integrada por distintos estudios legales y profesionales. Según explica en su página web, la fundación “nació en 2019 por la iniciativa de un grupo de abogados uruguayos, con el fin de canalizar y estimular el servicio pro bono de los abogados vinculados a temas de derechos humanos, derecho ambiental, y políticas anticorrupción y de gobernanza”.
Gastón Lapaz, del estudio Guyer & Regules, es uno de los abogados que está trabajando en el caso. Consultado por Búsqueda, explicó que las peticiones nominadas son el paso previo a presentar acciones de amparo para reclamar el derecho al pase libre, como lo hizo Felipe Freire. La posibilidad de dar ese paso legal se abre pasados 30 días de la lesión de un derecho. En este caso, si pasan 30 días de las peticiones nominadas y no hay respuesta.
Sin expectativas
Andrés Freire es integrante de la Coordinadora Pase Libre, un colectivo de personas con discapacidad y familiares que exige el cumplimiento del artículo 83 de la Ley 18.651. “Queremos que se cumpla. Que lo que le pasó a Felipe le pase a todo el mundo”, dijo a Búsqueda.
El colectivo mantuvo en el último año varias instancias de diálogo con referentes del gobierno de organismos implicados en el tema como el MTOP, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Economía. En algún momento les dijeron que la solución entraría dentro de la Ley de Presupuesto o en una partida extrapresupuestal, algo que no ocurrió. También, según Freire, en las reuniones pasaron de propuestas de una implementación abarcativa —que incluyera a todas las personas con pensión por invalidez del BPS (unas 65.000) y a unos 10.000 jubilados por discapacidad que ganan $ 22.000— a un planteo de 30 boletos interdepartamentales mensuales para unas 9.000 que además de tener pensión por invalidez deberían tener dos necesidades básicas insatisfechas. La Coordinadora Pase Libre considera que esta última propuesta no es aceptable.
Quienes presentaron “peticiones nominadas” el jueves 21 son casi todos de Montevideo, algunos de Canelones y un grupo de personas de Salto, contaron Freire y Lapaz. La mayoría son por casos de ceguera, autismo o síndrome de Down. Organizar el reclamo legal representa en sí mismo un desafío para esta población que enfrenta dificultades de movilidad. Se requiere firmar papeles, concurrir a audiencias. Por eso es más difícil concretar el reclamo para la gente del interior, dijeron.
La Coordinadora Pase Libre y la Fundación ProBono están trabajando para reunir en las próximas semanas algunas decenas de personas más para presentar sus peticiones nominadas. Tanto Freire como Lapaz sostuvieron que no tienen expectativas de que las “peticiones nominadas” desemboquen en el acceso al pase libre, por lo que las acciones de amparo son el paso casi seguro con el que continuará el proceso.
El decreto 176 del año 2021 establece que para acceder al carné de transporte gratuito es necesario acreditar la discapacidad mediante una certificación del Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas del MSP. Esa certificación debe presentarse luego ante las empresas de transporte. Son las compañías las encargadas de expedir el carné, del que deben comunicar al MTOP y a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad para el “registro y el control estadístico, la nómina e identificación de las personas a las que se les concede el derecho, así como a quienes se les retire” dicho derecho.
En el marco de la acción de amparo presentada por Felipe Freire en 2025, el MSP explicó que todavía no había creado el departamento para expedir los certificados de discapacidad requeridos para que luego se expidan los carné. Los ministros del Tribunal de Apelaciones que falló en segunda instancia establecieron que el MSP “no puede basar su defensa en su propia desidia, ya que la falta de creación del Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas es de su exclusiva responsabilidad”.
Los 30 días de la petición nominada se cumplirán el 18 de junio. Ese día solicitarán las audiencias de amparo que por día deben convocarse en el plazo de tres días.
“Es increíble ir a juicio por esto. Es un derecho que está clarísimo”, lamentó Lapaz.
