Japón enviará tecnología antidrogas a Uruguay, preocupado porque el país mejore el clima de inversiones

“Uruguay, que tradicionalmente gozaba de buena seguridad, ha visto aumentar el contrabando de drogas en los últimos años”, describió el periódico financiero Nikkei, basado en Tokio y con uno de los mayores tirajes del mundo, al anunciar el acuerdo en un artículo publicado el viernes 15. La noticia recoge, además, declaraciones del embajador de Japón en Uruguay, Kenichi Okada: “Dado que la presencia de empresas japonesas va en aumento, la inestabilidad de la seguridad dificulta el funcionamiento estable de las operaciones. Hay que cortar de raíz el problema cuanto antes”.

El embajador añadió que, con el suministro de herramientas de vanguardia, Japón busca también “reforzar aún más” su alianza con Estados Unidos en el combate a las drogas.

Bajo la presidencia de Donald Trump, la política exterior estadounidense hacia América Latina ha insistido en la importancia de reducir el narcotráfico y desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales que operan desde la región. Una de esas iniciativas es el Escudo de las Américas, una suerte de coalición militar lanzada este año por el propio Trump, de la cual Uruguay quedó fuera.

Inversión privada versus narcotráfico

Las conversaciones entre Uruguay y Japón tomaron forma a inicios de año con un encuentro en Montevideo entre autoridades del Ministerio del Interior uruguayo y del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, quienes se interiorizaron sobre la situación de seguridad pública del país y propusieron colaborar en los temas de crimen organizado y ciberseguridad.

El 5 de mayo, el embajador Okada se reunió con la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo. Del encuentro también participó Carla Cohen, jefa en Uruguay de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), organismo a través del cual Japón prestará su tecnología.

“Desde el Ministerio del Interior agradecemos esta coordinación con la convicción de que estos espacios permitan no solo mejorar nuestras herramientas, sino también afianzar una forma de trabajo basada en la confianza, la coordinación y el compromiso sostenido”, dijo Valverde en una conferencia de prensa posterior al encuentro, en donde señaló que el acuerdo responde al alcance transnacional que las organizaciones criminales han logrado.

Okada, por su parte, mencionó la importancia de crear “un entorno de negocios en el que las empresas extranjeras, incluidas las empresas japonesas, puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad”.

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Miembros de la Federación Empresarial de Japón durante una visita a la sede de la Secretaría del Mercosur en Montevideo, en 2023.

Ministerio de Relaciones Exteriores

El acuerdo, el primero de este tipo entre Japón y la región, busca facilitar la entrada y expansión de empresas japonesas, fomentar la introducción de productos japoneses de alta calidad y ampliar los mercados para Japón en América Latina. De acuerdo a Nikkei, más allá de brindar tecnología para mejorar la seguridad pública en ciertos países, Japón también aguarda el avance de convenios comerciales específicos, como un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) o un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Mercosur.

En diciembre, el Mercosur y el país asiático concretaron en Brasil un Marco de Asociación Estratégica para elevar su cooperación a un siguiente nivel y agilizar el proceso de negociación hacia un AAE o un TLC. “Las partes reafirmaron sus relaciones amistosas, basadas en valores fundamentales compartidos y en su compromiso con un sistema multilateral de comercio abierto, transparente y basado en normas. Reconocieron que son socios económicos de gran importancia mutua, con un significativo potencial para profundizar y diversificar sus relaciones económicas”, informó entonces el bloque sudamericano en un comunicado de prensa.

En enero en Asunción, Paraguay, delegaciones de ambas partes celebraron su primera reunión del Marco de Asociación Estratégica. Allí, los representantes de Japón hicieron referencia a una amplia gama de áreas para una posible cooperación, que incluye comercio e inversión, cadenas de suministro, economía digital, suministro estable de granos y transición energética.

China, otra inquietud

Aunque Japón no describió las características del equipamiento que proporcionará a Uruguay, sí señaló que será utilizado por autoridades de seguridad pública y aduaneras para prevenir el tráfico de drogas. Se espera que se destine a los puntos de mayor salida de droga hacia el exterior, como el Puerto de Montevideo y el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La tecnología será de fabricación japonesa y se descartó el uso de equipos de inspección chinos, ampliamente extendidos en aduanas de todo el mundo. El detalle no es menor: las relaciones entre China y Japón atraviesan uno de sus momentos más tensos, marcados por disputas en torno a Taiwán, el rearme japonés y la competencia por la influencia en la región.

“Existe la posibilidad de que China pueda detectar los artículos y las cantidades que Japón importa y exporta desde América Latina. Esto podría suponer un riesgo para la seguridad económica, ya que permitiría analizar los puntos débiles del comercio japonés”, explica el artículo de Nikkei.

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En 2024 se instalaron y comenzaron a operar nuevos escáneres de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Presidencia de la República

La nota también menciona los “problemas de seguridad” que existen en América Latina por la actividad de grupos narcos dedicados al tráfico de estupefacientes hacia el resto del mundo, mediante tácticas ya comunes en Uruguay, como el ocultamiento en maletas con doble fondo o el camuflaje en productos legales, como harina, azúcar o café.

En 2024, el Puerto de Montevideo instaló tres equipos móviles de rayos X de alta energía para inspeccionar camiones y contenedores en movimiento sin necesidad de detener completamente la circulación. Estos sistemas permiten aumentar la velocidad y precisión de los controles aduaneros, mejorar la detección de drogas, contrabando y mercadería irregular, y agilizar la logística portuaria, con una capacidad cercana a 80 camiones por hora.