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Delegación uruguaya en Salto Grande suma dos asesores con sueldos de casi US$ 9.000
El presidente de la delegación defendió la contratación de dos exgerentes generales para colaborar en la toma de decisiones del “día a día” y del “proceso de renovación” de la represa; aseguró que bajaron el 20% del presupuesto
La gestión de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estuvo en el ojo de la tormenta durante el gobierno anterior. El entonces presidente de la delegación uruguaya en la represa binacional, Carlos Albisu, debió renunciar al cargo después de que quedaran expuestas decenas de contrataciones directas de militantes del Partido Nacional.
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Gonzalo Casaravilla asumió el rol en mayo del 2025 con la misión de eliminar la mayor cantidad posible de los contratos cuestionados, un objetivo que no podrá cumplir. Mientras tanto, está abocado a profundizar el proceso de “reforma” de Salto Grande, para lo cual decidió contratar como asesores a dos exgerentes generales de la represa.
El 28 de abril, a pedido de la delegación uruguaya, la comisión aprobó incorporar como “asesores técnicos” a Hugo Eguía (gerente general entre 2012 y 2015), y Gabriel Sardi (2022-2024). Ambos recibirán una compensación mensual correspondiente a la categoría I del escalafón, la más alta, puntaje 6. Un cargo de esas características recibe $ 473.761 por ocho horas de trabajo, aunque en el caso de ambos el acuerdo es por seis horas, lo que implicaría un salario de $ 355.320 (casi US$ 9.000). A eso se debe sumar un sueldo anual complementario, salario vacacional, antigüedad y asignaciones familiares, describe la resolución a la que accedió Búsqueda.
En ambos casos, el cargo es “asesorar en materia técnica y presentar informes periódicos y a demanda a la delegación uruguaya” en la comisión técnica y “colaborar en la preparación de las sesiones plenarias de la delegación de Uruguay”.
Consultado por Búsqueda, Casaravilla dijo que los dos ingenieros se sumarán al equipo para enfrentar los “desafíos que enfrenta Salto Grande”, que está en un “proceso de renovación”.
“Hay una serie de movidas, de trabajos de análisis que hay que hacer y estábamos necesitando un refuerzo”, dijo. Y agregó en seguida: “Optamos por la calidad” y la experiencia.
Casaravilla aseguró que ambos acumulan experiencia y conocimiento sobre Salto Grande, al punto que llegaron a ocupar su Gerencia General. Señaló que los dos tuvieron que dejar la organización cuando cumplieron 65 años, el límite de edad para los funcionarios de esa dependencia. Ese tope no corre ahora que son asesores.
Eguía y Sardi con tareas distintas
El presidente de la delegación uruguaya aclaró que Eguía y Sardi tendrán tareas distintas. El primero colaborará “en el día a día de la gestión de la delegación”, mientras que el segundo estará “orientado a una parte muy importante del proceso de renovación” de la represa.
Sardi trabajará para “articular con un montón de actores” para “lograr las líneas de crédito que todavía quedan por cerrar con los organismos financiadores” de la futura reforma de Salto Grande. Casaravilla dijo que el exgerente general participó en las dos etapas anteriores (2019 y 2025) en las que se obtuvo un financiamiento millonario.
En sus perfiles de LinkedIn, tanto Sardi como Eguía exponen que tras dejar Salto Grande se dedicaron a los servicios de consultoría. “Tuvimos que convencerlos a los dos de que volvieran porque hay una tarea muy grande que es, ni más ni menos, renovar este complejo hidroeléctrico”, dijo Casaravilla. En el horizonte está el cambio de las turbinas como uno de los hitos más importantes.
El jerarca añadió que cuando presidía UTE tenía la posibilidad de llevar a su despacho hasta a ocho funcionarios para integrar su equipo. En su rol actual recurrirá a las dos contrataciones para la “toma de decisiones”, dado que debe “analizar todos lo temas que llegan al plenario y que son muchos”.
“En el cuadro técnico de la delegación no hay ningún ingeniero”, describió. “Se supone que conozco de este negocio, pero hay que estudiar muchísimas cosas y para tomar las decisiones de mejor forma, para coordinar mejor con los ministerios de Economía, Industria, Relaciones Exteriores y organismos como el BID necesitamos brazos y apostamos a tener cabezas, además de brazos”.
Las contrataciones durante la gestión de Albisu quedaron en el centro de la discusión política en setiembre de 2023, cuando el gobierno le otorgó a la Comisión Técnica Mixta un refuerzo de crédito de $ 200 millones. Albisu fue forzado a renunciar y la Cámara de Diputados aprobó una comunicación en la que solicitaban la finalización de unas 35 contrataciones —en una decena de casos, ediles del Partido Nacional— sospechadas de clientelismo político.
“La delegación de Uruguay se comprometió a no hacer ingresos directos y eso lo estamos haciendo a rajatabla”, dijo Casaravilla. Las actuales autoridades no renovaron 15 contratos señalados por Diputados y se hicieron algunos llamados para volver a ocupar los cargos que se necesitaban. En 13 casos, los funcionarios “no habían aceptado pasar de empleados a contrato”, recordó. No pudo tomar ninguna medida “porque para echar a un empleado tenés que hacer un sumario y para eso tienen que haber cometido una falta”.
Casaravilla aseguró que llevó adelante una “restructura” de la delegación uruguaya, lo que implicó una reducción de 35 a 20 funcionarios y redundó en un ahorro del 20%. Además, bajaron el uso de viáticos en 60% porque, dijo, “cada peso vale”.
