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    Cendoya solicita su sobreseimiento a la Justicia

    Los abogados del exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya, Diego Camaño y Rodrigo Martínez Ruiz, presentaron ayer miércoles ante el juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de 31er turno un pedido de sobreseimiento de su defendido, según establece un escrito al que accedió Búsqueda, en el cual aseguran que “los hechos investigados no constituyen delito ni tampoco existe evidencia suficiente para llevar el caso a juicio”.

    Cendoya fue imputado el 8 de marzo de 2022 por tres delitos de abuso de funciones, por destrucción de documentos e irregularidades en la concesión de permisos de transmisión de una radio comunitaria en Salto, Bemba FM, y en la habilitación de una emisora de FM en la localidad de Palmitas, en Soriano.

    Los abogados solicitan que se suspenda el proceso penal y argumentan que ninguno de los actos realizados por Cendoya fue “arbitrario”, que “cada uno de ellos se ajustó a derecho y tuvo su motivación”. Agregan que “fueron decisiones adoptadas en beneficio de la administración y procurando evitar causar daños innecesarios a terceros, lo cual haría incurrir en responsabilidad al Estado”.

    En relación con la destrucción de información de la Ursec, en el pedido de sobreseimiento afirman que Cendoya “nunca ordenó” a su exsecretario Gustavo Sorrentino que lo hiciera, ya que “no tenía nada que esconder con relación a su gestión”. A su vez, plantean que el exjerarca convalidó la denuncia penal y la investigación administrativa derivada de lo que consideran una “pesquisa secreta” realizada por la presidenta del organismo, Mercedes Aramendía.

    Sobre la regularización de las radios comunitarias, en el escrito destacan que la legislación vigente establece que es una manifestación del derecho a la libertad de expresión y de información y que “el Estado tiene la obligación de garantizar y promover la radiodifusión”. Según plantean los abogados, la devolución de los equipos que habían sido incautados de la radio de Palmitas se debió a que su decomiso “no tenía sentido”, porque el trámite de regularización del medio estaba “demorado” solo por la falta de la firma del Poder Ejecutivo, que no lo realizaba por veda electoral. “Lo que el directorio buscó con la decisión de devolver los equipos fue evitar causar un daño ilegítimo a una radio comunitaria que había cumplido con todos los requisitos de regularización, en ejercicio de la discrecionalidad administrativa”, afirma el escrito.

    Cendoya también fue imputado por dar la orden de no inspeccionar Radio Bemba, pese a que tenía conocimiento de que se encontraba transmitiendo con exceso de potencia. Al respecto, los abogados plantean que esto sucedía porque había interferencias de radios argentinas que “invadían el espectro radioeléctrico e impedían a las radios uruguayas transmitir con normalidad”, por lo que entendieron que la “mejor solución” era que la dueña iniciara el trámite para aumentar la potencia.

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