La posibilidad de que el reemplazo sea el fiscal de Flagrancia de 5to turno, Diego Pérez, quien aceptó la propuesta de Ferrero, preocupa todavía más a algunos integrantes del oficialismo. En el Parlamento no descartan que el Poder Ejecutivo se oponga a la designación, si es que Ferrero la concreta, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
A eso se suma, según la fiscal general, que el concurso de ascenso para fiscales en Montevideo se realizará el 8 de agosto, que hay dos vacantes y otros dos fiscales de Flagrancia con licencia médica y que, de las tres fiscales suplentes, una está a cargo del “caso Penadés” porque la titular “hace meses que está con licencia médica”.
Consultada acerca de si esos eran los motivos por los cuales todavía no trasladó a Pérez a su nuevo destino, insistió en la subrogación que desarrolla Rodríguez, quien “está dirigiendo al equipo que está trabajando los casos”. Añadió que “no se paralizaron y, por el contrario, están avanzando”. Ferrero destacó que es “mucho trabajo para pocos fiscales, pero todos están trabajando. Son investigaciones complejas y algunas tienen investigaciones en el Parlamento, por lo que seguramente serán útiles para la dilucidación de las mismas”.
Pérez dijo a Búsqueda este miércoles que no volvió a hablar con la fiscal general desde que le propuso el cargo y él aceptó, aunque pidió tiempo para cerrar algunas causas. Añadió que está “muy cómodo” en la Fiscalía de Flagrancia de 5to turno y está “muy contento” con el equipo de trabajo que consolidó.
El juicio contra el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya está cerca de comenzar. Tras más de 90 audiencias y 30 apelaciones, este miércoles concluyó la audiencia de control de acusación. “Tuvimos una admisión de la casi totalidad de las pruebas presentadas por fiscalía”, destacó Pérez, y añadió que “casi la totalidad de las apelaciones de la defensa fueron rechazadas”. El representante público imputó al exjerarca de tres delitos de abuso innominado de funciones y pidió 22 meses de prisión. ”Si acusamos es porque lo hicimos convencidos de que correspondía y lo vamos a defender en el juicio”, subrayó.
El fiscal también tiene en su órbita la investigación por el atentado con granada perpetrado contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en 2020. En las últimas semanas esa causa tuvo avances, informó El Observador, después de que Uruguay recibiera información proveniente de las autoridades francesas. A su vez, en Estados Unidos acusan a Sebastián Marset de haber ordenado ese ataque, informó Búsqueda.
El 21 de mayo, el fiscal Pérez dijo a El Observador que había aceptado la propuesta de Ferrero por motivos personales y de crecimiento profesional, al tiempo que reivindicó su “independencia técnica”. “Pueden consultarle a cualquiera de los jerarcas que han estado desde el comienzo de mi carrera, en el año 1995, a ver si alguno tuvo algún tipo de interferencia o si hubo alguna conversación sobre los casos que llevaba, cuál fue mi postura. Eso lo sabe Ferrero”, declaró en aquel momento.
Causas con perfil político
En su visita al Parlamento, Ferrero no detalló qué investigaciones que tenía Machado avanzaron. Uno de los casos de más alto perfil político es el que se abrió en noviembre de 2023 para indagar la destrucción, en la Presidencia de la República, de un documento que debía entregar la Cancillería a la Justicia. Estaba previsto que Machado citara a declarar al entonces asesor presidencial, Roberto Lafluf, quien destruyó el documento que contenía chats sobre el narcotraficante Marset, al expresidente Luis Lacalle Pou y a otros jerarcas de primera línea de esa administración.
Hay otras causas más recientes. El Poder Ejecutivo denunció por presunto fraude al Estado al astillero Cardama, contratado por el gobierno de Lacalle Pou para construir dos patrullas oceánicas. En el oficialismo consideran que esa investigación está congelada desde que se fue Machado.
Esta semana la Presidencia de la República presentó una ampliación de su denuncia vinculada con la presunta falsificación de una garantía millonaria que entregó Cardama, confirmó Búsqueda. En el plano legislativo, el Frente Amplio evalúa presentar una denuncia en Fiscalía cuando finalice la investigadora parlamentaria que analiza la contratación del astillero.
El fiscal que asuma en esa sede también tendrá que estudiar una denuncia contra autoridades del actual gobierno. Legisladores de la oposición denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Blancos, colorados e independientes prevén presentar nuevos hechos ante la sede una vez que aprueben su informe final con los resultados de la comisión investigadora parlamentaria que analizó el tema, explicó a Búsqueda un diputado colorado.
El cruce de Pérez con Díaz y Negro
El fiscal Pérez despierta polémica en el oficialismo, al menos en parte, por los cruces que tuvo con jerarcas claves del actual gobierno en materia de seguridad. En un recurso de revocación que presentó durante la administración anterior, acusó al ministro del Interior, Carlos Negro, y al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, de operar en su contra cuando estaban en Fiscalía.
La controversia surgió en febrero de 2020 cuando Pérez y Negro eran fiscales de Flagrancia y Díaz era el titular de la Fiscalía General. Pérez se opuso a una decisión de la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía que le reasignó unas denuncias sobre usurpación de terrenos.
Pérez consideró que era la fiscalía del actual ministro la que debía investigar las denuncias, porque el tema usurpaciones estaba en su órbita por decisión de Díaz.
El tema escaló al punto que Pérez presentó recursos de revocación y anulación en Presidencia de la República durante el gobierno de Lacalle Pou, en los que describió un presunto “entramado” para favorecer a Negro, y, como consecuencia, cargarlo de más trabajo a él.
Pérez sostuvo que hubo un “cúmulo de irregularidades significativamente verificadas” en el procedimiento de reasignaciones que redundaron en la “concurrencia de ostensibles vicios y desviaciones de poder”. El fiscal acusó a Negro y a la actual fiscal de Homicidios Isabella Pioli —quien entonces lideraba una fiscalía de Flagrancia en la que también habían recaído denuncias de usurpación— de llevar adelante una “gestión informal” para conseguir la reasignación “desde las sombras”.
Actuaron a “hurtadillas” para llevar adelante su “irregular gestión”, insistió en uno de los escritos que presentó a Presidencia y al que accedió Búsqueda mediante una solicitud de acceso a la información. Pérez dijo que la resolución de las reasignaciones y la decisión de Díaz de desestimar su revisión fue un proceso que validó “un viciado e incontestable ilegal favorecimiento” a Negro e “innegable perjuicio de las más elementales garantías” del denunciante.
El fiscal sustentó parte de sus argumentos, presentados en octubre de 2021, en la “ciertamente cercana y especial relación” que Díaz tenía con Negro, a quien había designado en varios tribunales de ascenso y luego lo nombró fiscal especializado en Crimen Organizado. Pérez incorporó a sus alegatos, además, una información periodística sobre la contratación de Mariela Solari, entonces esposa de Negro, en calidad de adscripta a Díaz. Solari se desempeñó hasta el 2025 como directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.
El episodio que denunció y la negativa de Díaz a revertirlo, abundó Pérez, fue un acto que se “aparta y violenta gravemente los más elementales principios de transparencia, imparcialidad y también buena fe, que en todas las situaciones es dable exigir a los operadores involucrados, y por tanto, además de contrario a derecho resulta restallantemente configurativo de un incontestable supuesto de abuso y desviación de poder del que además, en este caso concreto, necesariamente se termina traduciendo en un acto también concreta e incontestablemente lesivo de la obligación legalmente impuesta al fiscal de Corte y procurador general de la Nación de llevar adelante y cumplir cabalmente y con arreglos los referidos principios de transparencia, imparcialidad y buena fe, con la adecuada aplicación precisamente de los objetivos criterios de atribución de competencia”.
El MEC desestimó el reclamo de Pérez mediante una resolución adoptada en diciembre de 2022 y firmada por el entonces ministro Pablo da Silveira. Apoyado en informes de su dirección jurídica, de la Presidencia de la República y de la Fiscalía de Gobierno de 1er turno, el MEC entendió que no se vislumbró “apartamiento normativo alguno en la decisión adoptada por la administración”, que se actuó “conforme a derecho” y sin “advertirse ilegitimidad, abuso, exceso o desviación de poder”.
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