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En ciertos ámbitos empresariales, el cierre de Ecolat es visto como un “caso emblemático” de lo dificultosas que se han tornado las relaciones laborales bajo los gobiernos del Frente Amplio, según consultas efectuadas por Búsqueda.
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Esa industria láctea de Nueva Helvecia propuso meses atrás un plan para recortar gastos salariales que fue resistido por el personal. La negociación no avanzó y el jueves 12 su accionista, el grupo peruano Gloria, anunció su retiro. Aunque aceptó mantener conversaciones con el Poder Ejecutivo, el martes 24 la empresa ratificó la decisión de procesar un “cierre ordenado”.
Desde algunas gremiales empresariales se ve el retiro de Ecolat como un mensaje negativo. “No da una buena imagen, no nos gusta que se vayan los inversores y a veces el gobierno no da buenas señales”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo.
“Hay un grupo que viene a invertir y el gobierno, que dio apoyos para captar a esos inversores, tiene que buscar la manera —dentro de las normas legales, de ética y de comercio— para que esa gente no se sienta vulnerada en sus principios y sus derechos”, opinó.
Corallo analizó que las dificultades de Ecolat responden a una “sumatoria” de situaciones: “Si además de problemas de acceso a mercados hay problemas de relacionamiento con los funcionarios, llega un punto… No se puede tirar de la piola hasta romperla, (…) hay que poner buena voluntad de las dos partes”.
“A veces, aunque uno pone voluntad, factores externos a la empresa o la capacidad de generar soluciones, no permiten salir de la encrucijada”, justificó.
Ecolat es socia de la CIU.
Corallo dio su visión sobre la decisión de la industria coloniense y su accionista: “No estoy dentro de Ecolat, pero es una empresa muy poderosa en Latinoamérica, ha hecho inversiones muy diversificadas y no creo que Ecolat venga a perder dinero, las empresas vienen a buscar una utilidad, (…) pero no se le puede pedir a la empresa que mantenga la planilla siempre indefinida si las condiciones del mercado no dan”.
Recordó que Ecolat presentó en octubre un plan para mantener su presencia en el mercado y destacó que la industria asegura que cumplirá con todas sus obligaciones. Y citó el artículo 7º de la Constitución, que garantiza el derecho a la propiedad privada.
“Los capitales se mueven y buscan las mejores condiciones y está en la habilidad de nuestros políticos y de nuestros gobiernos y gestiones lograr que esos capitales se sientan lo más cómodos posible, cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias, comerciales, financieras y laborales con la sociedad que los está acogiendo”, reflexionó.
Apeló a que “se entienda que las empresas que vienen a invertir en activos fijos no son de capitales golondrina, son empresas que si el país les da las condiciones razonables se quedan. Entiendo que no hubo señales buenas. Es preciso que las empresas vean que hay un ambiente laboral que apoya a la actividad productiva”.
Por su parte, el gobierno de Perú “lamenta la decisión de la empresa de capitales peruanos Ecolat”, que debió detener sus operaciones debido a que sus dueños “alegan no haber encontrado la rentabilidad esperada en el mercado uruguayo”, señaló en una declaración por escrito ante la consulta de Búsqueda.
“En el mundo actual, globalizado y competitivo, las empresas optan por invertir en un determinado mercado en base a criterios de rentabilidad y riesgo. Las expectativas de los agentes económicos por conseguir mayores ingresos al menor costo posible no son siempre alcanzadas debido a los riesgos propios de la actividad empresarial”, agregó.
El gobierno peruano aclaró que no interviene en las decisiones empresariales de ese origen en Perú ni en el exterior.
