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Codicen pide informe jurídico sobre derechos y obligaciones de inspectores y directores que desistan de cursos de formación
Fenapes cuestiona que ANEP recurra al Ejército para coordinar la entrega de alimentos escolares durante el paro convocado por los gremios docentes contra la transformación educativa
Los principales gremios de la enseñanza se concentraron en el Platense Patín Club? de Montevideo. Foto: Mauricio Zina, AdhocFOTOS
Las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) solicitaron un informe jurídico interno para precisar “el alcance de los derechos y obligaciones” de los inspectores y directores de Primaria que pidieron retirarse de las instancias de capacitación vinculadas con la reforma educativa. Los consejeros pidieron además “un informe de situación” a la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro.
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Las dos decisiones responden a la difusión de una nota que una treintena de inspectores de escuelas hicieron llegar a los sindicatos de maestros, solicitando —y recibiendo— el respaldo gremial para desistir del curso sobre la transformación educativa en la etapa de tutorías.
Según la carta dirigida a la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de Montevideo —leída por la consejera docente y maestra Daysi Iglesias el martes 25 en su canal de YouTube—, los inspectores definieron abandonar los cursos de formación para la transformación curricular integral dirigidos los a directores de escuelas que comenzó en setiembre por entender que la información sobre los cambios a aplicarse en 2023 es insuficiente y que el proceso es “de poca o nula seriedad”, dado que los planes y programas aún están por definirse.
Este planteo, suscrito por unos 30 inspectores de Montevideo y luego acompañado por más de 80 directores de escuelas que también consideraron inadecuada la formación recibida, motivó preocupación en las autoridades del Codicen, que expresaron distintas posturas. Los dos consejeros electos por los docentes respaldaron el derecho de los profesionales a hacer valer su “libertad de cátedra” o “de conciencia”, según dijeron tanto Iglesias en YouTube como Julián Mazzoni a la diaria. Los consejeros políticos, encabezados por el presidente del Codicen, Robert Silva, entendieron que no les asiste razón y además evaluaron la aplicación de sanciones.
El martes 25, Silva dijo en rueda de prensa que “no se va a bajar nadie” de los cursos, que la participación en estas instancias formativas es “una obligación inherente al cargo de inspector” y anticipó posibles sanciones. Entre los consejeros oficialistas entienden que no se trata de un número significativo de profesionales, ya que los 30 solicitantes representan menos del 10% del total de los 290 que hay en el país.
La discusión del tema siguió en la sesión del Consejo de este miércoles 25, en medio de un paro de 24 horas convocado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), bajo la consigna “No negocian, imponen”, en referencia a la reforma educativa que impulsa la ANEP. La medida fue acompañada por el sindicato de la educación privada. En tanto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) extendió el paro hasta hoy, jueves 27, con ocupaciones de centros educativos.
Contradicciones
La escalada del conflicto desatado en la educación sorprendió a algunos integrantes del Codicen. El consejero Juan Gabito (Partido Nacional) consideró “muy contradictorio” que se plantee este conflicto “justo” en la semana en que los sindicatos de la educación que funcionan bajo la órbita de la ANEP firmaron el acuerdo por la recuperación salarial del sector.
Destacó el 5,7% de aumento acordado, que se suma a los incrementos correspondientes por inflación, porque no solo implica un aumento de sueldo especial para los funcionarios de ANEP —y por encima de la media de los funcionarios públicos—, sino que reconoce una serie de reivindicaciones que en algunos casos llevan décadas planteadas. Citó por ejemplo la equiparación de salarios a los maestros de tiempo completo, adscriptos, profesores ayudantes de laboratorios, equipos de dirección e inspección y docentes y funcionarios agrarios de UTU.
Según Gabito, este acuerdo “demuestra una voluntad de acercamiento y de buena disposición” del Poder Ejecutivo y las autoridades de la enseñanza. Aunque entiende que es un tema distinto, dijo no comprender “cómo se lleva la conflictividad a este extremo”.
El consejero afirmó que otra “gran contradicción” radica en el fundamento del paro —en contra de la reforma educativa—, porque “implica cuestionar el sistema institucional”. Argumentó que los dos miembros del Codicen con representación docente —Mazzoni e Iglesias— “no votaron en contra” del nuevo Plan de Educación Básica Integrada sino que “se abstuvieron”.
“Incluso el consejero Mazzoni dijo que ‘la montaña parió un ratón’, como diciendo que es algo sin demasiada importancia. Entonces no se entiende que si no es algo tan malo para los consejeros docentes como para no votar en contra del cambio propuesto, ¿cómo los sindicatos argumentan que eso es suficiente como para paralizar la educación?”, planteó.
Desde el ámbito gremial explicaron que la medida de paro obedece a un “descontento muy grande” del cuerpo docente, asociado a una “enorme incertidumbre” sobre la reforma educativa en curso.
“Particularmente, en Educación Secundaria se vive un clima de terror y de miedo, nada metafórico”, dijo el secretario general de Fenapes, José Olivera, y apuntó a “la presión que ejercen algunos mandos medios”, como “inspectores afines política e ideológicamente a las autoridades”, que “están sembrando pánico” en la comunidad educativa.
El dirigente gremial reivindicó “el pronunciamiento” de los inspectores y directores en Primaria tanto como el paro de ayer. “Hacía muchas décadas que no había un pronunciamiento del cuerpo inspectivo, y esta es una señal de alerta muy importante a la que infelizmente el Codicen responde con amenazas de sanciones, como parte de una lógica de violencia institucional”, afirmó.
Ante el paro, la ANEP implementó un sistema para cubrir la alimentación escolar en coordinación con las Fuerzas Armadas, sobre todo en aquellas zonas que no cuenten con un centro educativo abierto y cercano de Montevideo y Canelones, donde la medida suele tener mayor nivel de acatamiento. La resolución fue adoptada después de que los sindicatos de maestros definieron que no harían más guardias gremiales durante los paros.
Fenapes adjudicó la implementación de esta medida a una estrategia de marketing. “¿Por qué la señora Fabeyro (directora de Primaria) no lo hizo en setiembre cuando tuvo tres días cerrados los comedores producto de las vacaciones? ¿O es que los días feriados los alumnos no comen?, dijo Olivera.
