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    Colapso del sistema de salud debido a crecientes demandas por medicamentos de alto costo es un argumento “apocalíptico” y “falaz”

    El ministro de apelaciones en lo civil Edgardo Ettlin cuestionó las declaraciones del subsecretario de Salud, Jorge Quian

    Los medicamentos de alto costo son motivo de permanente debate entre la Justicia y las autoridades de la salud. El dilema entre el derecho de las personas enfermas a acceder a tratamientos de precios muy elevados —y a veces no lo suficientemente probados— y la necesidad del Ministerio de Salud Pública de imponer límites a esas prestaciones debido a la imposibilidad de financiarlos a todos, divide a los tribunales y genera preocupación en el gobierno, que alega dificultades económicas para hacer frente a los juicios.

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    El asunto fue abordado semanas atrás en un seminario organizado por el sanatorio Mautone en Punta del Este. Allí, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, cuestionó que cuando la Justicia “obliga” al ministerio a suministrar medicamentos que no están incluidos en las prestaciones de salud, se compromete “de a pequeños trocitos” el presupuesto. Además, afirmó que hay abogados que “trafican con la angustia y con el miedo a morir” de las personas enfermas al presentar acciones de amparo para obligar al Estado a proporcionarles tratamientos de alto precio.

    El Colegio de Abogados reaccionó a las afirmaciones y las calificó de “equivocadas” y “ofensivas” en un comunicado. Y días más tarde, el ministro de apelaciones civil Edgardo Ettlin se sumó a los cuestionamientos en un artículo que publicó en su blog personal. Ettlin tildó de “apocalíptico” y “falaz” el argumento de Quian de que el presupuesto de salud —que representa el 9,2% del Producto Bruto Interno— “no puede responder a todas las demandas que se generen”.

    Según informó Quian, el gasto en medicamentos de alto costo que el Estado tuvo que financiar a raíz de acciones de amparo en el 2017 fue de US$ 5,3 millones. Esa cifra, comparada con el monto total destinado a la salud (unos US$ 5.000 millones), representa “una erogación demasiado insular” como para comprometer al sistema, opinó Ettlin. Por tanto, el argumento de Quian “decae ante el imperio” de los números que “no mienten”.

    Por otra parte, Ettlin afirmó que “el Poder Judicial no está condenando a que se gaste, sino a que se invierta en seres humanos” y opinó que el argumento de que determinados medicamentos deben ser negados por su alto costo es “ajeno al Derecho”. El magistrado agregó que “la protección por amparo está exclusivamente determinada en clave de derechos humanos, (...) no en función del precio que pudiere requerir”.

    Según informó Quian, el gasto en medicamentos de alto costo que el Estado tuvo que financiar a raíz de acciones de amparo en el 2017 fue de US$ 5,3 millones.

    “¿Por qué los jueces no pueden pensar en números, ni en costos de sistema, y solo deben atender en función de los derechos? Porque entienden que en un sistema democrático que se propone hacer realidad los derechos, es la Economía la que debe adaptarse a los derechos y no al revés”, escribió.

    Ettlin argumentó que “los derechos cuestan”, y que por tanto “hacerlos realidad y no simple retórica demanda gastos”. Consideró, además, que “el administrador democrático que para no atender todos los derechos busque pretextos economicistas (...) mejor que renuncie”. En ese sentido, afirmó que “el juez que no esté dispuesto a jugarse por los derechos de los individuos deteniéndose ante posibles argumentos economicistas y no jurídicos, es responsable directo ante los habitantes y ante la Constitución por su omisión o por no haber hecho lo suficiente”.

    El magistrado concluyó que “el pretendido argumento” esgrimido por el subsecretario Quian “es de carácter no jurídico y como tal no debe ser considerado en la fundamentación de sentencias judiciales”.