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El Colegio de Abogados del Uruguay reclama al Parlamento la “urgente” aprobación de la reforma del proceso penal porque el sistema vigente es “violatorio” de algunas de las garantías básicas de los ciudadanos, dijo a Búsqueda el vicepresidente de la gremial Bernardino Real.
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“Somos el único país de América que todavía no reformó el proceso penal, estamos peor que Haití, porque hasta ese país lo hizo”, señaló Real, quien hace más de 30 años que se desempeña como defensor público, por lo que conoce las penurias de quienes transitan por los juzgados penales, especialmente de aquellos que no pueden costear una defensa privada.
Según Real, es un buen momento para recordarle al Parlamento que apruebe la norma. “El tema de la inseguridad está instalado y uno de los instrumentos que se tiene a mano para intentar neutralizarlo o corregirlo es este. Desde siempre el Colegio ha entendido que el cambio en el sistema se impone, porque estamos con un instrumento no solo anticuado sino absolutamente inadecuado”, razonó.
El anteproyecto de reforma del Código del Proceso Penal fue elaborado por una comisión presidida por el juez Dardo Preza e integrada por diversos operadores judiciales. El Poder Ejecutivo presidido por Tabaré Vázquez tomó como suyo ese proyecto y lo envió en la anterior legislatura al Parlamento. El actual gobierno repitió la decisión y el proyecto está siendo estudiado por la Comisión de Constitución y Códigos del Senado.
Para Real, uno de los principales inconvenientes que tiene el sistema actual es que el mismo juez que dicta el procesamiento es el que condena a las personas.
“Esto no tiene levante, porque se afecta gravemente la imparcialidad del juez. Poner a cargo de una misma persona la investigación, es decir la carga de la prueba, y luego la competencia para juzgar es como creer que hay súper hombres que son capaces de no enamorarse de su propia obra”, añadió.
La reforma del proceso penal corrige este aspecto, porque propone un sistema acusatorio en el cual la investigación descansa sobre los hombros del fiscal y el juez pasa a ser un tercero imparcial.
Además, la reforma implica que los juicios penales pasen a ser orales y públicos; es decir, que se pueda ejercer un control ciudadano sobre la acción de los operadores. Otro de los grandes cambios implica la inmediación, ya que se requiere la presencia del juez en todas las instancias del proceso.
Según Real, algunas de las críticas que se formulan al nuevo código no son de recibo. Por ejemplo, suele afirmarse que se trata de un proyecto muy caro que demandará un gran esfuerzo económico al país. “El gasto es mínimo en relación a los beneficios que traería aparejado”.
El abogado también rechazó la posibilidad de que la población no acepte que la prisión preventiva sea la última alternativa, como establece el proyecto. Según su experiencia la gran mayoría de los casos que se presentan pueden resolverse dentro de las 48 horas en las que constitucionalmente se puede tener detenida a una persona, por lo que el sujeto saldría condenado, con la ventaja que sabría exactamente el delito que cometió y la prueba que existe en su contra.
