El Colegio de Abogados del Uruguay rechaza que los letrados estén obligados a reportar a la Secretaría Antilavado operaciones sospechosas porque eso “implica denunciar a sus propios clientes”.
El Colegio de Abogados del Uruguay rechaza que los letrados estén obligados a reportar a la Secretaría Antilavado operaciones sospechosas porque eso “implica denunciar a sus propios clientes”.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn un comunicado divulgado ayer miércoles, el gremio advierte que si se aprueba la normativa que el Poder Ejecutivo estudia enviar al Parlamento para modificar la legislación en relación al combate del lavado de activos, “se verían comprometidas garantías básicas de los ciudadanos, en clara contravención al principio constitucional de los derechos humanos”.
El diario “El País” informó el martes 18 aspectos del anteproyecto de ley integral contra el lavado de activos elaborado por una comisión que actúa en esa materia.
El anteproyecto de ley establece una serie de medidas de “debida diligencia del cliente”, como la de identificar al beneficiario final de una transacción.
También aumenta las penas de delito de lavado de activos, que las fija entre dos y 15 años de penitenciaría. El ocultamiento de bienes que procedan de ese tipo de ilícitos, así como de asistencia del lavado, se castigará con 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría.
Algunos juristas consideran inconstitucional exigir que los abogados denuncien a sus clientes porque pone en peligro el derecho de la defensa, consignó ayer miércoles el matutino.
Consultado por Búsqueda, el titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, dijo que se trata de un “borrador” y no de un proyecto de ley, por lo que la redacción no está cerrada.
Sostuvo que el documento fue elaborado por una comisión que incluyó representantes de los tres poderes del Estado y que “no es cierto” que atente contra la confidencialidad del abogado y su cliente.
Ayer miércoles Díaz fue a informar del tema a la Comisión Especial del Senado para la Prevención del Fraude Financiero, Defraudación y Efusión Fiscal y Lavado de Activos.
Tras el encuentro, el senador colorado José Amorín Batlle dijo que hay que esperar que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto, pero señaló que luego de las explicaciones que dio Díaz, en principio la propuesta “no sería grave”.