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    Combate a los “justicieros”

    N° 1659 - 26 de Abril al 02 de Mayo de 2012

    Miles aplaudieron la justicia por mano propia de la película argentina “El secreto de sus ojos”: Ricardo Morales (Pablo Rago) secuestra al asesino y violador de su esposa luego de haber sido liberado por la Justicia. Lo encierra durante 25 años en su casa en una improvisada celda condenándolo por su cuenta a cadena perpetua mientras espera su muerte. En ese proceso obtiene la implícita aprobación del ex jerarca judicial Benjamín Espósito (Ricardo Darín), quien había intentado infructuosamente una condena legal.

    La simpatía que despierta Morales desde la ficción de calidad de Juan José Campanella, no es diferente a la que generan Charles Bronson, Bruce Willis, Sylvester Stallone o Steven Segal, quienes, burdamente, exterminan a maleantes que escapan a la acción de los jueces.

    El aplauso es comprensible como respuesta visceral a la inefectividad policial, la incomprensión por los fallos judiciales y la frustración. Pero también es moral y legalmente repudiable, además de muy peligroso para la estabilidad social e institucional.

    Cuando se castiga personalmente un crimen —por venganza o debido al fracaso del sistema— se comete el delito de “justicia por mano propia” sancionado por el Código Penal con multa. Pero en la mayoría de los casos esa venganza deriva hacia delitos más graves como el daño, las lesiones e incluso el homicidio.

    Los casos de acciones “justicieras” van en aumento de la misma forma que quienes las apoyan. Es imprescindible combatirlas mediante acciones e información para desestimular a los Ricardo Morales agazapados en cada uno de nosotros. De lo contrario se añadirá un nuevo ingrediente a la inseguridad y a la violencia que ya nos agobia.

    Varios vecinos incendiaron la casa de uno de los deleznables violadores y homicidas de la menor Daiana Martínez. Los mismos, fácilmente identificables, reclamaron delictivamente en Facebook torturas para los asesinos encarcelados.

    En Manga se realizaron manifestaciones violentas (incendio de cubiertas y pedereas a personas y ómnibus) exigiendo que la Justicia libere a un joven de 19 años procesado por homicidio.

    Un conductor, harto de ser hostigado, atropelló con su auto a un “extorsionador-cuidacoches”.

    La jueza de Salto, Invón Kmaid, suspendió por error el juicio de un menor de 16 años acusado de un doble homicidio. Ese episodio se sumó a otros errores como, por ejemplo, la libertad que ordenó en 2011 el juez de la Ciudad de la Costa Juvenal Javier para “El Pelón”, que éste aprovechó para cometer un nuevo homicidio y se suma a la frustración generada por otros magistrados.

    A esas protestas se añaden otras que suelen plantearse frente a los juzgados o la Suprema Corte de Justicia, como si el clamor popular o el desborde pudieran modificar el curso de la ley u obligar a los jueces a desviarse de su aplicación.

    El presidente de la Corte, Daniel Gutiérrez, advirtió en declaraciones a “El País” sobre drásticos cambios en la sociedad: “es cada vez más violenta y más insegura”. Lanzó además un mensaje a jueces, fiscales y policías sobre esas reacciones que “también son delictivas (y) hay que actuar contra ellas como en cualquier delito”.

    Para el ministro esto tiene su origen en “un descreimiento en las instituciones” y admitió que éste “también existe sobre la eficacia del sistema judicial”.

    Sus dichos tienen puntos de contacto con lo que expresó luego el ministro del Interior, Eduardo Bonomi: la sociedad se ha vuelto “más intolerante” y “resuelve sus diferencias en forma violenta”.

    Nadie lo dice, pero la imitación a los argentinos en léxico y usos sociales no se limita a la lluvia de ordinarieces o banalidades. En Argentina esos reclamos, revanchas o venganzas son habituales y a veces se alientan desde el gobierno para distraer la atención del ciudadano de temas centrales.

    Magistrados y policías tienen que actuar con energía antes de que sea tarde. Para muchos uruguayos la justicia por mano propia es aceptable. Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de 2010 estableció que solo el 49,71% la desaprueba.

    Cuando no hay represión efectiva y los “justicieros” no temen ser castigados se sienten libres de actuar porque se consideran impunes e incluso apoyados. Hasta ahora el único que ha alentado a actuar ha sido el presidente de la Corte. Para muchos comentaristas, gremios, autoridades, gobernantes y magistrados es como si no sucediera. Miran hacia el costado. Quizá pensando en ese 49,71%. Combatirlo es la diferencia entre civilización y barbarie.

    En el siglo XVIII comenzaron a operar en Estados Unidos los llamados “Comités de vigilancia” contra la delincuencia; cometieron linchamientos a delincuentes pero aprovecharon para reprimir a las minorías. Años después se reinventaron los grupos barriales de vecinos y la contratación de sicarios. Más cerca en el tiempo se crearon escuadrones de la muerte en Perú, El Salvador, Filipinas y Brasil, entre otras naciones. Inspiración a los dictadores para crear escuadrones paramilitares para exterminar a los opositores.

    ¿A qué distancia estamos de situaciones similares si, como alerta Gutiérrez, se mantiene o aumenta la desconfianza en las instituciones? De gobernantes, policías, magistrados y legisladores depende que no ocurra. También de la exigencia de los de a pie.

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