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    Comienza sistema para “cortar con el ciclo delictivo” de los menores

    Cuatrocientos nuevos funcionarios, convenios con empresas públicas y privadas para que a fin de año unos cien jóvenes tengan trabajo, más lugares de reclusión, y un programa para la atención de adicciones. Esas son varias medidas que las nuevas autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) esperan concretar este año para “cortar con el ciclo delictivo” de los menores en conflicto con la ley.

    “Ahora nosotros vamos a dormir un poquito más y ustedes un poquito menos”, dijo con ironía el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU, Javier Salsamendi, cuando el martes 10 impuso en sus cargos al presidente del Sirpa, Rúben Villaverde, y a los directores Robert Alonso y José María Mieres.

    En el acto estuvieron presentes representantes del gobierno, el Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente. El Sirpa surgió por un acuerdo de todos los partidos con el objetivo de atender a los menores infractores.

    “La población tiene miles de demandas y expectativas de lo que vamos a hacer. Somos responsables de que los adolescentes cumplan lo estipulado por la Justicia y somos responsables de velar por los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Y eso lo vamos a hacer con educación porque solo con educación se sale de las situaciones críticas”, dijo Alonso.

    A su turno, Mieres sostuvo que en el organismo tienen la firme creencia de que “todo el mundo es recuperable” si se le dan las condiciones necesarias.

    Villaverde informó que esta semana se realizó el llamado para la contratación de 300 personas que se encargarán de la seguridad en los hogares y que en los próximos días se iniciará el procedimiento para el ingreso de 100 técnicos.

    Además, anunció que antes de mayo se adjudicará la licitación para la construcción de más plazas, lo que permitirá disminuir el hacinamiento de los hogares en los que están recluidos los menores. En la actualidad, el sistema alberga poco más de 400 adolescentes infractores.

    Además de convenios para capacitación, el organismo también impulsa acuerdos con empresas públicas y privadas. Villaverde estimó que al finalizar el año unos 100 adolescentes en conflicto con la ley estarán empleados.

    Villaverde dijo que con estas medidas esperan “cortar con el ciclo delictivo”, lo que permitirá “dar vuelta la página de motines y fugas” a una de “educación y trabajo”.