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    Comisión analiza modificar esquema de aportación voluntaria a las AFAP y otros ajustes que ayudan a “mejorar la cuenta” del sistema

    La ley que reformó el sistema jubilatorio en 1996 y creó el pilar de las AFAP hizo forzosa la afiliación a aquellos trabajadores con salarios nominales por encima de cierto tope (hoy en $ 67.564); los que cobran menos pueden optar por hacerlo. Un artículo, el 8, previó como incentivo al ahorro individual en esas administradoras la alternativa de que quienes se afilian voluntariamente puedan hacer que la mitad de su aporte (del 15% del salario) vaya a su cuenta personal en la AFAP y la otra mitad quede en el Banco de Previsión Social (BPS). Eso tiene el beneficio de que se multiplica por 1,5 el aporte al BPS, a efectos del futuro cálculo de la futura pasividad de la persona.

    En el ámbito de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) está sobre la mesa una posible modificación de ese artículo, dijeron a Búsqueda fuentes del grupo. Consultado al respecto su presidente, Rodolfo Saldain, reconoció que es un asunto que se está “analizando”. Según él, el diseño actual del artículo 8 “no es adecuado” porque quienes no hacen la opción de forma temprana luego ven reducida considerablemente su renta futura. “Los primeros años son muy importantes para la generación del ahorro”, alegó en diálogo con Búsqueda. “Por regla general, lo más conveniente es ingresar tempranamente al proceso” de ahorro individual, sostuvo.

    Mencionó dos posibilidades: la opción podría pasar a un régimen “perceptivo” en el que sea obligatorio volcar a una AFAP cierto porcentaje del aporte, o que eso se haga “por defecto”, y que lo voluntario sea el salirse del sistema si el trabajador lo desea.

    El artículo 8 como estímulo a la afiliación a las AFAP ha sido cuestionado desde el Frente Amplio y organizaciones como el PIT-CNT por entender que opera en favor del régimen de ahorro individual en desmedro del pilar solidario administrado por el BPS.

    Otros cambios

    En cuanto a las política comercial de las AFAP, los delegados en la CESS están de acuerdo en que el mecanismo que implica que los promotores vayan a los lugares de trabajo “funcionó mal”, informó una fuente.

    Uno de los subgrupos en que se repartieron los asuntos para luego elaborar propuestas de reforma al sistema está dedicado a tratar “temas varios”, entre los que están incluidas las exoneraciones de los aportes patronales a los distintos sectores de actividad. Una idea que reúne consenso en este equipo refiere a que Rentas Generales se encargue de pagarlos y, de confirmarse, dejarán de aparecer como parte del déficit del BPS.

    Otro asunto que trata ese subgrupo involucra la comisión del 5% que cobra la Dirección General Impositiva (DGI) al BPS por los puntos de IVA destinados a las pasividades y el cobro de IASS. Si bien no se definió un mecanismo concreto, en la CESS coinciden que es un asunto a “resolver”, aseguró un informante. En este subgrupo se ha planteado que estas ideas “no mueven la aguja”, pero ayudan a “mejorar la cuenta”.

    Unidad técnica

    Las sugerencias de los técnicos de institutos previsionales encendieron las alertas hace una década, pero las decisiones políticas no estuvieron alineadas con lo que evidenciaban los informes. “El tema es que los decisores políticos… Claro, son medidas que cuestan porque no son populares”, dijo el presidente de la CESS, que hasta el próximo 6 de agosto tiene plazo para elaborar recomendaciones para reforma el sistema.

    Para contemplar ese tipo de situaciones, una de las propuestas a estudio de este grupo asesor es la creación de una unidad reguladora. Antes de avanzar en su análisis, la CESS había realizado una consulta al Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República sobre la viabilidad constitucional de esa eventual innovación institucional. Este lunes 28 Saldain recibió el informe con una respuesta “favorable” y, por tanto, el grupo asesor tiene luz verde para proponerla.

    Saldain aclaró que todavía resta definir cómo sería la integración de esta unidad, los cometidos que tendría y las obligaciones de los regulados, entre otros puntos. Está claro que sería un “órgano de técnicos” designados por el Poder Ejecutivo por períodos que no coincidan con los cambios de gobierno y que no solo se centre en el aspecto financiero, sino también en la cobertura de los sistemas. Debe tener “un nivel de independencia técnica muy significativa”, dijo.

    El integrante de la CESS por el Partido Independiente, Álvaro Forteza, hizo una propuesta similar en el documento Regulación y supervisión de la SS, publicado como anexo del diagnóstico preparado por el grupo. El economista sugirió la “creación de una superintendencia” con “competencia sobre todo el sistema”.

    El diagnóstico indicó que la conducción y supervisión del sistema previsional uruguayo no es “eficaz” porque “queda librada a iniciativas de las instituciones gestoras y no existe un adecuado seguimiento”.