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Como si fuera una competencia de triatlón, la reforma de la seguridad social que está prevista para este período de gobierno se puede dividir en tres etapas. La primera ya quedó atrás y tuvo como protagonista a una comisión de expertos que hizo un informe de diagnóstico del sistema previsional y luego redactó recomendaciones. Las que siguen incluyen la redacción de uno o varios proyectos de ley y las posteriores discusiones políticas.
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Esa etapa se iniciará en enero. Para convertir el informe de recomendaciones en un anteproyecto de ley se conformará una nueva comisión (“redactora”), con cinco o seis integrantes. El director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Daniel García Zeballos, y el especialista en estos asuntos Rodolfo Saldain —quien presidió la comisión de expertos y en esta nueva fase tendrá un rol como “consultor”— serán parte de este equipo, del que aún no están designados los restantes integrantes. Así lo confirmó García Zeballos a Búsqueda.
Si bien no hay un detalle claro sobre el cronograma de trabajo de esta comisión, la idea es que desde enero a marzo redacte los artículos para tener, en abril, un anteproyecto de la reforma. Luego, otras autoridades del Poder Ejecutivo darán “el ok” al texto y “empezará otra etapa”, que será la de las “consideraciones políticas”, contó ese jerarca. “Hay que ver cómo definirlas previamente, cómo se encara en la técnica jurídica. Va a haber un régimen anterior, que va a quedar vigente, uno de transición y un nuevo régimen. A su vez, va a haber reformas en las cajas paraestatales y de los servicios de retiros” de las Fuerzas Armadas y policial, enumeró.
Una de las decisiones que debe tomar la comisión redactora es si la reforma implicará un único proyecto de ley “que regule las condiciones comunes a todo el régimen general, las paraestatales y los servicios de retiro” y tenga “ramificaciones” sobre cada “caja” —de notarios, de los demás profesionales universitarios y de bancarios— o si serán varias iniciativas que ingresarán al Parlamento.
El equipo redactor estará en contacto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el Ministerio de Economía. Una posibilidad es que integrantes de esos organismos sean “asesores correctores de conceptos” de los artículos. “Por especialización, capaz que no forman parte de la trinchera de redacción”, agregó.
García Zeballos recordó que resta esperar que el Poder Ejecutivo tome decisiones sobre las recomendaciones de la comisión de expertos, que en algunos casos son abiertas o propone varias alternativas. Entre otras ideas, planteó dos caminos para aumentar la edad de retiro a 65 años, crear un ingreso mínimo jubilatorio desde los 71 años y adoptar un régimen mixto para las cinco cajas especiales (Búsqueda No 2.143).
El director de Seguridad Social enfatizó que en esta próxima etapa tendrán un rol “técnico” y las opiniones políticas estarán al margen. Si hay “negociaciones”, serán a “otro nivel”. Agregó: “Nosotros vamos a redactar de acuerdo a parámetros que se han fijado en las recomendaciones y, a su vez, las decisiones que el Poder Ejecutivo tome con base en el abanico de posibilidades que las recomendaciones abrieron”.
Sin “vocación” de acuerdo
Este proceso de reforma tiene tres grandes objetivos, según Saldain: contener “el nivel de gasto” público, cambiar su “trayectoria” en términos de sostenibilidad y mantener un amplio nivel de cobertura de la seguridad social uruguaya.
“Lograr una reforma, y con el mayor acuerdo posible, sería un enorme éxito para el país como lugar de prosperidad e inversión”, evaluó al participar en un evento del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), el martes 14. Y pronosticó que los cambios ubicarían a Uruguay como “una isla en el contexto regional” y que eso sería “una oportunidad” para generar espacio para “lograr mejoras de productividad”.
Sobre el trabajo de la comisión que él presidió —integrada por delegados de distintos partidos políticos y organizaciones sociales—, consideró que evidenció “la necesidad de seguir conversando” sobre la reforma y las “dificultades” para llegar a “acuerdos de fondo”. “Si bien el trabajo que se hizo fue en muy buenos términos y con un rigor profesional importante, nos faltó una vuelta de tuerca al final”, opinó, aludiendo a “la vocación de llegar a un acuerdo”.
Las votaciones de este grupo fueron divididas: tanto el informe de diagnóstico como las recomendaciones de reforma que se entregaron al Ejecutivo y a la Asamblea General fueron rechazados por el Frente Amplio, el PIT-CNT y la asociación de jubilados Onajpu.
“La negociación no requiere solo estar de buena fe, sino la voluntad firme de ceder y de transar en busca de un acuerdo. Eso faltó un poquito”, comentó Saldain. El “contexto político no ayudó del todo”, dijo, dado que el trabajo de la comisión coincidió con la recolección de firmas para promover una derogación parcial de la Ley de Urgente Consideración.
