N° 1966 - 26 de Abril al 02 de Mayo de 2018
N° 1966 - 26 de Abril al 02 de Mayo de 2018
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl eventual procesamiento por la Justicia del Crimen Organizado del ex vicepresidente Raúl Sendic no impediría su candidatura para las próximas elecciones. Lo mismo ocurriría con su segundo en la lista 711, el senador Leonardo de León, pero lo protegen los fueros. No hay ninguna norma que les impida postularse. Otra cosa es el respaldo en las urnas luego de que un huracán corrupto los desnudó. Tanto que varios dirigentes de ese sector tomaron distancia de la cúpula.
Un colega ironiza con que podrían haber evitado esta situación de haberle pedido ayuda a la diputada suplente del sector, la umbandista mae Susana (Susana Andrade): “¡Todo puede cambiar para bien! Trabajos fuertes para todos los fines. Limpieza astral de personas, ambientes, casas, negocios y vehículos. No permita que la envidia y la mala onda de sus enemigos le amarguen la vida”, dice una publicidad de Andrade sobre su negocio religioso.
De repente, su intervención los hubiera ayudado. Pero aunque la mae afirma que su limpieza es para todos los casos, difícilmente podría influir en el fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu. Con el código en la mano les pueden amargar la vida.
Con ese marco surge una interrogante: ¿Si Sendic y De León fueran procesados pueden ser candidatos? Pueden, aunque presentan situaciones diferentes. Sendic carece de fueros y Larrieu puede procesarlo en un periquete. En cambio, De León tiene fueros y para someterlo a la Justicia es necesario su desafuero, una condición que varios pretenden dejar sin efecto.
Para que el senador quede a disposición judicial hay otro camino: en febrero, el diputado blanco Pablo Iturralde presentó un pedido de juicio político (artículo 93 de la Constitución). Un vano intento.
Los dos políticos tienen algo en común para pelear por sus candidaturas: carecen de oficios y títulos profesionales. Tampoco tienen experiencia laboral privada, esa de las ocho horas sin tarjetas corporativas. Casi siempre han mamado de la teta del Estado y pretenden seguir así. A De León, de 52 años, y a Sendic, de 56, les resultaría imposible insertarse en el sector privado y están lejos de la edad jubilatoria. Por eso los compañeros tratan de darles una mano.
Pacheco pide el procesamiento sin prisión de Sendic como autor responsable de reiterados delitos de peculado por el uso de las tarjetas corporativas de Ancap. También le imputa abuso de funciones sobre un contrato sin licitación para refinar petróleo ecuatoriano y un mecanismo para cancelar una deuda con Pdvsa (Búsqueda Nº 1.962).
Para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), De León hizo un uso indebido de las tarjetas corporativas de Alur y el Tribunal de Conducta del Frente Amplio asumió su caso de oficio. La cosa pinta mal. Al senador no lo beneficia que Sendic, con un pie adentro, sostenga que goza de su “confianza”. ¿Se acuerda de la frase de Forrest Gump cuando alude a una indisoluble unión: “Éramos como el pan y la manteca”?
Otra pregunta que se hacen algunos es qué ocurre si luego de la elección y al cabo del proceso recibieran una condena firme: ¿podrán continuar desempeñando los cargos para los que eventualmente resulten electos? Podrán hasta el final de un eventual nuevo mandato. Los protegerían sus fueros hasta las elecciones de octubre de 2024.
El artículo 80 de la Constitución suspende la ciudadanía “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”.
Con ser “legalmente procesado” alcanzaría para que a Sendic se le suspendiera. Pero el constitucionalista Martín Risso recordó en Las cosas en su sitio de Radio Sarandí que la Carta Interamericana de Derechos Humanos establece que “la ciudadanía solo se puede suspender por sentencia ejecutoriada”.
La Carta, sostuvo el especialista, tiene más peso que la Constitución por su mayor protección a los derechos humanos y en consecuencia se requiere una sentencia ejecutoriada, la que no admite ningún recurso.
Por otra parte, la presunción de inocencia tiene rango constitucional y deriva del artículo 20 de la Carta, en cuya oración final prohíbe que se trate a los imputados “como reos”, como culpables.
Ambos políticos están en carrera y solo la abandonarían si su ética personal se lo impusiera. Pero según la escala de valores que han exhibido hasta el momento, no ocurrirá.
Otra posibilidad que puede trabar las pretensiones de Sendic de ser candidato es que se lo impidiera el Plenario del Frente Amplio que este sábado analizará la cuestión. Difícil que el chancho chifle.
A la amplia mayoría de los dirigentes y de los votantes poco les importan las sentencias judiciales. Caminamos como un cangrejo rengo: la pasión, el ansia de victoria y la adhesión partidaria tienen más peso que los fallos judiciales. Son los votos que el alma pronuncia.
Al elector no le interesa que los gobernantes mientan o gasten los bienes del Estado —en definitiva los suyos— en su beneficio. Se observa en todos los partidos pero es mucho más fuerte entre votantes del Frente Amplio. Alentados por sus dirigentes sacan de la galera teorías conspirativas de la oposición o el escudo de la “judicialización de la política”, como si jueces y fiscales no fueran independientes.
Tienen memoria selectiva. La enfática afirmación de Tabaré Vázquez en la campaña de 2004: “En un gobierno del Frente Amplio podemos equivocarnos, podemos meter la pata, pero no la mano en la lata; y si la metemos, se la cortamos”, quedó en esas gárgaras emocionales. El gobierno nunca le cortó las manos a nadie. Por el contrario, las estrecha.