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Así titulaba Wilson su editorial de La Democracia del 26 de diciembre de 1986, cuando luego de que, como consecuencia directa del Pacto del Club Naval (donde se arriaron las banderas de elecciones libres y sin exclusiones), el entonces comandante del Ejército, Hugo Medina, informó que las citaciones judiciales a los militares las había guardado en la caja fuerte de su despacho, y que de allí no saldrían.
Ante esta situación gravísima, el Partido Nacional, sin medir costos ni pedir cuentas, actuó a la altura de las circunstancias y propició una salida institucional, a la que muchos blancos nos opusimos y que muy cara le costó al Partido y a la salud del propio Wilson.
Ahora, 34 años después, se presenta otra situación. Menos grave desde el punto de vista institucional, sin dudas, pero de una fuerte responsabilidad política.
Un militar, ascendido a coronel por el Frente Amplio, ascendido a general por el Frente Amplio y nombrado comandante en jefe del Ejército (recuerdo por enésima vez que la comandancia no es un grado militar, sino un cargo de particular confianza del ministro de Defensa y el presidente de la República) por el mismo gobierno, crea un partido político prohijado por quien fuera su mentor, el fallecido E. Fernández Huidobro, obtiene una importante cantidad de votos y una representación en el Parlamento, de tres senadores.
Al final de su carrera militar, y cuidando que los tiempos políticos den justos, para que pueda hacer política partidaria, es oportunamente “destituido” de su cargo.
En un confuso episodio, que sale a la luz pública por un artículo periodístico, resulta implicado en un presunto delito de omisión de denuncia por parte de un funcionario público, vale la pena aclarar que, a pesar de la opinión del fiscal actuante y vistas las comunicaciones del fallecido ministro Menéndez, entiendo que en similar irregularidad habrían incurrido el expresidente Vázquez y el Dr. Toma.
Durante toda la campaña electoral el mencionado militar declara ante quien lo quiera escuchar que pretende renunciar a sus fueros e ir a declarar en defensa de su honor.
Ahora, cuando los tiempos políticos y judiciales apremian, y llega la hora de cumplir con la palabra empeñada, sus legisladores, el órgano de prensa que le es afín y muchos de sus seguidores realizan una serie de declaraciones y presiones, dirigidas principalmente al Partido Nacional, para que no se haga lugar a que el líder del sector pueda concurrir a defender su honor en los estrados judiciales como dice querer. Lo que sin lugar a dudas deja un cierto tufillo a chantaje político, habida cuenta de la fuerza parlamentaria de ese sector.
Mientras el senador se debate entre cumplir con su palabra o presionar al gobierno para no hacerlo, el Partido Nacional debe decidir entre mantener la mayoría que le brinde gobernabilidad o volver a sacarle a otros las castañas del fuego y permitir que los pactistas de siempre, los que escondían actas y hacían acuerdos en clínicas y cuarteles queden, una vez más, en solitario levantando la bandera de ser los únicos defensores de los derechos humanos.
