Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Vicentinho Alves salió de su domicilio en Brasilia a las 10:10 horas del jueves 12, casi como si fuera un acto de rutina: por el garaje, en auto y con unas carpetas a mano. Su destino estaba a unos ocho kilómetros de distancia, pero tardó 40 minutos en llegar por los atascos de vehículos que había esa mañana. De todos modos, no parece demasiado tiempo si se considera que la misión que cumplía como primer secretario del Senado brasileño produjo el cambio político más trascendente que su país, y toda Sudamérica, han visto en más de una década: notificar oficialmente a la presidenta Dilma Rousseff en palacio del Planatlo que la Cámara Alta acababa de suspenderla para realizarle un juicio político, poniendo fin a 13 años seguidos de gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en el mayor país de la región.
El momento en que Rousseff recibió la comunicación transcurrió en reserva, sin cámaras ni micrófonos, a pedido de ella misma. Alves relató más tarde que la mandataria de 68 años lo trató de forma “natural y muy respetuosa”, acompañada por sus ministros, preguntando dónde tenía que firmar. “No la vi alegre, pero no la vi triste”, dijo el político del estado norteño de Tocantins, uno de los 55 senadores que votaron a favor del juicio político a Rousseff esa mañana, mientras 22 se opusieron.
Media hora más tarde, Alves cumplió la segunda tarea crucial de ese día, al notificar al vicepresidente Michel Temer que debía reemplazar a Rousseff mientras la juzga el Senado y por hasta 180 días. Esta ceremonia ocurrió en el palacio de Jaburu, residencia oficial del número dos del gobierno brasileño. Temer, de 75 años, estaba allí junto a varios aliados y su reacción, de acuerdo al relato del mensajero, fue sugestiva: “Recibió (la comunicación) con naturalidad, muy elegante, muy formal”, contó Alves, “pero también percibimos en la sonrisa que estaba muy entusiasmado”.
Aunque la remoción de Rousseff ya se daba como un hecho en todo Brasil desde hacía semanas, lo que ocurrió ese día no dejó de tener ribetes dramáticos, el momento culminante de una cruda batalla política y jurídica por el poder desatada meses atrás mientras el país atraviesa su peor recesión económica en décadas y el mayor escándalo de corrupción de su historia. La mandataria suspendida se retiró del palacio del Planalto insistiendo en que es víctima de un “golpe”, llamó a luchar contra el gobierno interino y saludó a cerca de 3.000 militantes que la aguardaban afuera. La secundaban ministros y congresistas del PT, así como su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien con un gesto preocupado se secó una y otra vez el sudor bajo los rayos de sol.
Caída la noche, Temer prometió en su primer mensaje presidencial un gobierno de “salvación nacional”, pidió confianza y definió que su mayor desafío será detener la caída libre de la economía. En particular habló de reformas en el área laboral y de previsión social, donde sus ministros ya trabajan en la fijación de una edad mínima de retiro, planteó recortar gastos públicos manteniendo los programas sociales, cuyos beneficiarios comenzaron a ser revisados con peine fino, y advirtió que “el Estado no puede hacer todo”, un preanuncio de las privatizaciones que su equipo prepara sobre todo en infraestructura.
Estas y otras señales del gobierno interino de Temer marcan un claro alejamiento de las políticas de izquierda que Brasil siguió desde 2003 con los mandatos de Lula y Rousseff, que buscaron reducir la desigualdad social con medidas asistenciales e intervencionistas, y fueron un referente para varios países de la región, incluido Uruguay. Tras el boom de las materias primas que financió esas políticas, las derrotas electorales de aliados en Argentina y Paraguay, la calamidad económica en la Venezuela chavista y el “No” de Bolivia a un cuarto mandato del presidente Evo Morales, la caída del PT del poder en Brasil supone el más claro indicio de que el eje político de Sudamérica se mueve hacia la centroderecha.
Los anuncios de cambios de rumbo son el denominador común de los nuevos responsables del gobierno brasileño. Un ejemplo claro de esto es el flamante canciller, José Serra, del mismo partido socialdemócrata que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Al asumir el cargo ayer miércoles, Serra sostuvo que la diplomacia brasileña “volverá a reflejar (…) los legítimos valores de la sociedad brasileña y los intereses de su economía, al servicio de Brasil como un todo, y no más de las conveniencias y preferencias ideológicas de un partido político y sus aliados en el exterior”. Fue una clara alusión al PT, así como a los gobiernos o grupos de izquierda latinoamericanos que Lula y Rousseff respaldaron. En los últimos días, la Cancillería brasileña emitió comunicados rechazando las críticas y cuestionamientos a la legitimidad del gobierno de Temer que habían efectuado países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y El Salvador.
Serra adelantó además que uno de sus principales focos a corto plazo estará en Argentina y habló de “renovar el Mercosur, para corregir lo que precisa ser corregido, con el objetivo de fortalecerlo”, pero también señaló que buscará acuerdos bilaterales y aumentar el intercambio con “socios tradicionales” como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
Reformas y demandas
Con su popularidad por el piso y debilitada por el colosal escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, Rousseff será juzgada por presunta violación de una ley de responsabilidad fiscal, acusada de maquillar el déficit atrasando pagos a bancos públicos. Si fuera declarada inocente o el juicio político en la Cámara Alta se extendiera más de 180 días, volvería a la Presidencia automáticamente por el resto de su segundo gobierno. Sin embargo, eso parece improbable ya que los votos que tuvo en su contra el jueves 12 para someterla al juicio político superan los dos tercios del Senado que se necesitan para destituirla (54 votos en 81). Si esto se confirmara, Temer sería investido presidente hasta el fin del mandato, el último día de 2018.
Desde que asumió como vicepresidente en 2011 hasta poco tiempo atrás, este experto en derecho constitucional había mantenido un perfil bajo. Su figura tampoco es demasiado popular: apenas 2% de los brasileños votarían por él según una encuesta de Datafolha divulgada el mes pasado, y 58% quieren verlo sometido a juicio político igual que Rousseff. Es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una colectividad política centrista y plagada de escándalos que desde el retorno de la democracia en 1985 ha dado tres presidentes al país, ninguno por voto popular: José Sarney aquel año tras la muerte del mandatario electo Tancredo Neves; Itamar Franco en 1992 tras el juicio político y renuncia de Fernando Collor; y ahora Temer.
Consciente de que su propia supervivencia en el gobierno depende en buena medida de que logre reactivar la producción y generar empleo, Temer logró formar un equipo económico considerado un dream team ortodoxo por especialistas. Su ministro de Hacienda es Henrique Meirelles, quien ganó prestigio como presidente del Banco Central durante los gobiernos de Lula (2003-2010) y el jefe de esta autoridad monetaria será Ilan Goldfajn, quien hasta esta semana era economista jefe de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de Brasil. La cuestión más urgente que enfrentan es definir la meta de déficit fiscal primario para este año, que según cálculos del gobierno superaría el equivalente a U$S 40.000 millones, aunque la proyección oficial vigente prevé un superávit.
Para recuperar la confianza de los mercados y evitar que la deuda pública llegue a niveles no sustentables, el gobierno interino tendrá además que aplicar reformas impopulares. El cambio en el sistema de previsión social está primero en la lista, y Meirelles advirtió ayer miércoles que debería afectar a los trabajadores en actividad —y no solo a quienes van a ingresar al mercado laboral— para que tenga efecto más rápido en el gasto. La expectativa del gobierno es enviar el proyecto al Congreso lo antes posible, quizá en junio, pero los sindicatos ya anuncian resistencia y algunos aliados dudan.
Temer ha buscado construir una base amplia de apoyo en un Congreso que conoce bien desde dentro, colocando a miembros de varios partidos en su gabinete. Pero aprobar cada reforma puede volverse un verdadero parto para el gobierno. Después de vencer a Rousseff, los legisladores tienen una larga lista de exigencias para su reemplazante, por ejemplo para las elecciones municipales de este año. En su primera reunión con representantes de 17 partidos y bloques que lo apoyan, Temer escuchó el martes advertencias contrarias a un aumento de impuestos, una opción que no ha sido descartada por Meirelles.
En la nueva coalición gubernamental surgieron esta misma semana roces internos, con la elección del líder del gobierno en Diputados. Finalmente se impuso André Moura, un aliado de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara suspendido por la Justicia por enfrentar varios cargos de corrupción. Moura también tiene problemas legales: es reo de tres procesos penales en el Supremo y además lo investigan hasta por sospechas de tentativa de homicidio.
Ahora recae sobre él una responsabilidad clave para “salvación nacional” que propone Temer.
Sorpresas
El nuevo gabinete de Brasil ha dado sorpresas a muchos de los que reclaman una nueva forma de gobernar. El ministro de Planeamiento, Romero Jucá, es un hombre de confianza del presidente que está bajo investigación del Supremo por presunto involucramiento en la red de sobornos de Petrobras. Henrique Eduardo Alves, a cargo de Turismo, enfrenta un pedido del procurador general para indagarlo. Y otros tres ministros fueron citados por delatores de la misma causa, aunque hasta ahora no son investigados. Todos ellos pertenecen al PMDB de Temer.
El presidente interino ha afirmado que impedirá cualquier intento de debilitar las investigaciones de desvíos en la petrolera, por las cuales ayer miércoles fue condenado a 23 años y tres meses de prisión José Dirceu, ex hombre fuerte del gobierno de Lula. Pero el nuevo ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, causó inquietud el lunes al declarar que apoya cambios en la forma de elegir al procurador general, permitiendo que el presidente opte entre los tres candidatos más votados por los fiscales en lugar de nombrar al más votado como es tradición. Para detener la alarma, el propio Temer descartó esa modificación.
Su equipo de ministros también ha sido criticado por estar formado solo por hombres blancos, en un país donde son mayoría tanto las mujeres como los negros o mulatos. La última vez que Brasil tuvo un gabinete ministerial exclusivamente de sexo masculino fue en los años 70, durante el régimen militar. La inclusión fue una suerte de regla de diferentes gobiernos desde entonces, aunque el de Rousseff aún estaba lejos de reflejar fielmente la diversidad social brasileña.
Sin la legitimidad del voto popular, el gobierno interino parece bastante lejos de tener el éxito asegurado. “Temer nunca tuvo experiencia en el Ejecutivo, siempre ocupó cargos ligados al Parlamento, y ese es uno de sus problemas”, dijo Vera Chaia, profesora de Ciencia Política en la Universidad Católica de São Paulo. El presidente interino niega que le quite el sueño su falta de popularidad y asegura que está fuera de sus planes ser candidato presidencial en 2018, algo que incluso podría serle prohibido ya que una corte electoral de São Paulo lo condenó recientemente por pasar el límite de donaciones de campaña. Además, el Tribunal Superior Electoral analiza denuncias que piden acabar con el mandato presidencial, con el argumento de que la fórmula Rousseff-Temer recibió dinero desviado de Petrobras para los comicios de 2014.
Aunque el nombre del mandatario interino también fue citado en las investigaciones de sobornos en la petrolera, el procurador general evitó hasta ahora pedir al Supremo investigarlo, al considerar que faltan indicios suficientes. Chaia sostuvo que por ahora todo indica que solo un revés en la Justicia podría amenazar la permanencia de Temer en el poder. “Incluso si su gobierno no va bien durante estos seis meses, tiene un apoyo de sectores empresariales y del Congreso”, señaló a Búsqueda. “Entonces a pesar de todos los errores, debe continuar”.
Fuera de Fronteras
2016-05-19T00:00:00
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