Si el lunes 25 alguna autoridad de Salud Pública hubiera estado en la sala de conferencias del Parlamento, se habría escandalizado al ver el poco caso que los legisladores hicieron a algunas medidas para evitar la propagación del Covid-19. Allí estaban los integrantes de la coalición de gobierno, la mayoría con tapaboca, apretados y compartiendo el micrófono. Para los parlamentarios era un momento importante: podían anunciar que finalmente habían llegado a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley de urgente consideración.
La extensa negociación, que se realizó mientras se recibió a una delegación en la comisión especial del Senado, llevó a que se realizaran varios cambios al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. De los 501 artículos, se bajaron poco más de 35 y se introdujeron cambios en otros 330. Pero de estos 330, en 160 casos se trató de una formalidad al poner el nombre a cada artículo.
“Se acordó gracias a la generosidad de los partidos”, dijo en la conferencia de prensa Gustavo Penadés, presidente de la comisión especial, que estuvo acompañado por legisladores de los partidos que integran la coalición. Mientras, a poco metros de esa sala, la bancada del Frente Amplio analizaba el proyecto y afinaba sus críticas, Penadés resaltaba que la “mayoría parlamentaria se va a reflejar” en la votación en comisión (que comenzó ayer miércoles) y en el Senado la semana próxima.
Pese a que no estuvo en el momento de la foto, Jorge Gandini se mostró satisfecho con el resultado. “Hubo buen ambiente, mucha predisposición al trabajo. Nunca vi tanto laburo. La propuesta superó las expectativas. Menos problemas de lo que esperaba y bastante mejor resultado”, comentó a Búsqueda.
Además de los planteos de la oposición, la comisión recibió a 120 organizaciones de la sociedad civil y muchas de ellas criticaron el alcance de las medidas de seguridad.
Si bien se hicieron algunos cambios en esta área, Gandini defendió los lineamientos que vienen desde el Ejecutivo. “Tomamos debida cuenta de algunas visiones, pero no son diferentes a las visiones que ha sostenido ideológicamente el gobierno del Frente Amplio, que perdió las elecciones por esas visiones. Se critica que se le dé mayor respaldo a la policía, pero nosotros creemos que es fundamental para que la policía pueda actuar”, afirmó.
El legislador blanco defendió las medidas tomadas respecto a las ocupaciones y la prohibición de cortar la calle. “Hay derecho a la huelga, al piquete, pero no puede sobrepasar el derecho de otros. Protestar y hacer un piquete no puede impedir que otros puedan circular y el Estado garantiza el derecho de huelga pacífico. Esos son cambios de fondo, los escuchamos, pero estamos en contra de lo que dicen”, dijo.
Artículos retirados.
Como resultado de la negociación, la coalición de gobierno retiró el artículo 211 del proyecto, en el que se limitaba el aumento del gasto, por entender que eso está comprendido en la Constitución de la República.
Se quitaron dos artículos vinculados a normas de los funcionarios públicos luego de observaciones que realizó la División de Estudios Legislativos del Senado, debido a que son cambios que necesitan mayoría especial o deben ser propuestos en la ley de Presupuesto.
A pedido del Ministerio de Desarrollo Social, se quitaron ocho artículos sobre el funcionamiento de la secretaría de Estado. También desaparecieron artículos vinculadas a la violencia en el deporte, debido a que se unificó la redacción en menos normas. Se modificó el capítulo sobre adolescentes infractores, quitando algunas penas que aumentaban la severidad y el confinamiento (Búsqueda Nº 2.072).
La redacción final no incluye nueve artículos sobre el Instituto Nacional de la Granja, dos modificaciones al Código Civil y otros dos referidos a las relaciones laborales y la seguridad social. Tampoco sobrevivió a la negociación el artículo 500, vinculado a las áreas naturales protegidas, y la propuesta de desmonopolizar la importación de petróleo
La coalición de gobierno introdujo un cambio en el artículo 219 sobre la restricción al uso del efectivo para algunos pagos en el marco de la ley de inclusión financiera. También hicieron cambios en lo propuesto sobre lavado de activos para evitar que el país sea puesto en la “lista gris” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Respecto al capítulo seguridad, hicieron varias modificaciones pero no aceptaron los planteos de las organizaciones sociales y el Frente Amplio. Por ejemplo, se mantiene el alcance del artículo 11, referido a la pena por agraviar a la autoridad policial. La redacción actual indica que quien “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión”. En el proyecto original decía de tres a doce meses de prisión.
En la primera versión del proyecto, el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que habilitaba al Ministerio del Interior a solicitar a los operadores telefónicos a que en un plazo de 48 horas le dieran “información detallada de la localización geográfica” del terminal y el punto de origen y destino de una llamada o de transmisión de datos. La nueva redacción dice que previamente, la policía debe conseguir una orden judicial para obtener la información.
Respecto al artículo sobre el derecho a la libre circulación y el orden público, se eliminó la frase que habilitaba al Ministerio del Interior a usar la fuerza pública para “disolver los piquetes”. En el texto quedó establecido que la secretaría de Estado dispondrá las medidas “pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público”.
Retroceso.
Los legisladores del Frente Amplio, apoyados por un equipo técnico político, llegaron a la conclusión de que están dispuestos a votar casi 200 artículos del proyecto de ley de urgente consideración. Ayer en la comisión del Senado, la oposición acompañó más de 50 artículos.
Muchos de los cambios que no apoyan, en particular vinculados a seguridad y educación, son considerados un “retroceso” en las políticas públicas.
“El trabajo del gobierno nos parece bastante caótico. Se reúnen el fin de semana para acordar posiciones, el lunes arman una conferencia de prensa y dicen que el proyecto está cerrado y hasta hoy (miércoles) siguen presentándonos cambios”, dijo a Búsqueda el senador y coordinador de bancada Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular).
“Lo más liberal económico, de corte herrerista, quedó fuera del proyecto”, afirmó Carrera. Aunque aclaró que eso no es suficiente para dejar a la oposición satisfecha.
Al Frente Amplio le preocupa los cambios que prevé el proyecto al trabajo de la policía, porque permitirá, según Carrera, un “uso irracional de la fuerza”. Son modificaciones que llevan a una “lógica de policía autónoma, que no rinde cuentas”.
Los legisladores frenteamplistas acompañarán la creación del Ministerio de Medio Ambiente y creen que en la discusión “se mejoró muchísimo la propuesta”. Están de acuerdo con la nueva “institucionalidad” ideada para enfrentar problemas de vivienda, lo que implicará reunir programas como el Plan Juntos y el de eliminación de asentamientos en la misma órbita, dijo Carrera.
También apoyarán la creación de algunas agencias de control de gestión, pero no la unificación de las compras públicas en la órbita de Presidencia de la República. “Estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta, pero no con la forma, porque al quedar en Presidencia, la nueva agencia escapará al control parlamentario”.
La bancada de senadores frenteamplistas y la Mesa Política se reunieron el sábado en un encuentro que fue “muy útil” para limar asperezas entre los dirigentes. Es que en los días previos hubo dudas sobre qué órgano de la coalición de izquierda debía definir la postura final. El Frente Amplio resolvió que era importante mantener la “unidad de acción” y que todos los legisladores votaran a favor o en contra de los artículos según lo acordado.
En su declaración final, la Mesa Política insiste en que, pese a que votarán artículos, el Frente Amplio cree que el proyecto de ley es “inoportuno, inconstitucional y antidemocrático”.
