Eso significa que el desequilibrio fiscal anual se amplió en más de un punto porcentual del PBI respecto a un año atrás (el déficit fue de 2,4% al término de 2013) y resultó el mayor guarismo al cierre de un año desde 2002 (3,7%), cuando Uruguay atravesaba una profunda crisis económica.
“Todavía es temprano para entrar en detalles, en números y en perspectivas; seguramente eso será parte de una discusión profunda enfocada en la ley de Presupuesto, pero desde ya descarto que el gobierno mantendrá la tónica de responsabilidad fiscal y macroeconómica que ha mostrado a lo largo de las dos administraciones anteriores”, afirmó el ministro de Economía, Mario Bergara, el martes 3 ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
“Rompe los ojos”.
Desde hace algún tiempo la oposición política y analistas privados se han referido con preocupación al nivel del déficit.
El “ajuste realizado” en enero con la suba de la tarifa de UTE y la baja en las de Ancap menor a la que se esperaba —en función de la caída de la cotización del petróleo— “no alcanza, por más que es relativamente importante, del orden de un punto” del PBI, afirmó el economista Javier de Haedo en una columna publicada el lunes 2 en el suplemento “Economía & Mercado” de “El País”. Y agregó que en nombre de la “cautela”, el nuevo gobierno “debería ser muy prudente en el cumplimiento de las promesas realizadas en tiempos electorales. Si entonces no vio o no se quiso ver la realidad, ahora esta rompe los ojos”.
El Fondo Monetario Internacional también aconseja aplicar un ajuste fiscal gradual que permita abatir el desequilibrio en al menos 2,5 puntos del Producto a lo largo del próximo período, de modo de mantener la trayectoria descendente de la deuda pública neta en el mediano plazo (ver Nº 1.795).
Las autoridades del gobierno saliente relativizan la magnitud del déficit.
El lunes 2, el presidente José Mujica dijo a periodistas que “no es ninguna sorpresa” y se “sabía perfectamente” que el resultado fiscal sería como el observado. “No creo que sea una cosa tan insalvable. El próximo gobierno tiene capacidad de reserva y una credibilidad internacional que le da tranquilidad” para el manejo de las finanzas públicas, agregó el mandatario.
Bergara, quien fue propuesto como presidente del Banco Central para el próximo período de gobierno, reiteró ese mismo día que la situación fiscal del país es “absolutamente sostenible”.
Luego de comparecer ante la Comisión de Hacienda para defender el proyecto de ley que eleva el tope de endeudamiento público, atribuyó el déficit mayor al esperado a la política de acumulación de reservas y la emisión de títulos de deuda en moneda nacional que operan como “seguros explícitos”. Esos aspectos explicaron 1,2 puntos porcentuales del desequilibrio en 2014, según el Poder Ejecutivo.
Otro factor son las inversiones destinadas a un “shock de infraestructura” en telecomunicaciones y energía eólica, añadió el ministro. También un costo mayor al esperado en un principio por la incorporación de nuevos colectivos al Fondo Nacional de Salud.
Ante la pregunta de un cronista, Bergara señaló que la realidad financiera del país es hoy mucho mejor que la de comienzos de la década pasada. “No, no. La situación macroeconómica, la situación fiscal de 2015 es el día y la noche comparada con el 2002”, dijo, en parte por el “contexto de crecimiento”, de “desarrollo” y “sustentabilidad” que no existía en aquel entonces. Agregó que la deuda neta “sigue cayendo” y se ubica en el entorno de 21% del PBI, lo que a su juicio es una “cifra casi envidiable” para muchos países a escala global hoy.
“La situación financiera y la situación fiscal está muy consolidada”, remarcó.
Sin “fiscalazo”.
Ante la Comisión de Hacienda, el ministro dijo: “Aumentar las tarifas eléctricas por debajo de la inflación después de haberlas bajado cinco puntos y medio seis meses atrás, y rebajar los combustibles como se rebajaron, difícilmente pueda calificarse de fiscalazo, ajuste fiscal, etcétera, porque, si no, reitero, lo que vivimos en las décadas previas no admitiría adjetivos razonables”.
Con un trasfondo de polémica por el manejo fiscal y de las tarifas, el martes 3 el Senado aprobó —solo con los votos del Frente Amplio— el proyecto que sube, con vigencia desde el 1º de enero de 2014, el tope de endeudamiento neto de cinco a nueve millones de unidades indexadas a la inflación (de unos U$S 605 a U$S 1.089 millones), más un adicional de 1,5 puntos si por factores climáticos se encarece la generación hidráulica de UTE.
Durante la discusión, Pedro Bordaberry (Partido Colorado) afirmó que el proyecto es “inconstitucional”, ya que establece una vigencia retroactiva a enero de 2014 y cuestionó las pérdidas registradas por varias de las principales empresas públicas, que según dijo sirvieron para “catapultar” las carreras políticas de algunos dirigentes del oficialismo.
“Ahora vivimos un ajuste fiscal disfrazado, oblicuo, vergonzante, porque se hace a través de quienes adquieren bienes producidos por el Estado: los combustibles, las tarifas de electricidad”, disparó el senador del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle, en el que fue su último discurso como senador.
El oficialista Eduardo Lorier (Partido Comunista) alegó que algunos entes realizaron inversiones y dijo que esas erogaciones no se deben considerar pérdidas. Puso como ejemplo el tendido de la fibra óptica de Antel.
Por su parte, Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) recordó que el tope de deuda ya había sido aumentado en años anteriores.
Los números del año
Históricamente, el sector público de Uruguay gastó por encima de sus ingresos.
Considerando solo al gobierno central, en el período 1903-2000, solo 18 años presentaron superávit (durante los primeros años del primer gobierno de José Batlle y Ordóñez; en la segunda mitad de los años veinte; entre 1959 y 1960 a partir de la aplicación de la reforma cambiaria y monetaria; durante dos años a finales de los setenta, y dos años a comienzos de los noventa), según el libro “¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas de Uruguay en el siglo XX”. El déficit fiscal promedio fue equivalente a 1,5% del PBI.
En 2014 el resultado negativo —del sector público consolidado— fue más del doble de esa media histórica.
El gobierno central cerró el año con un déficit de U$S 1.293 millones (U$S 843 millones en los 12 meses a diciembre de 2013). Ello fue debido a que los ingresos bajaron 0,3% en términos reales (descontada la inflación) y los gastos aumentaron 3,6%, en especial en remuneraciones y en transferencias a los entes y a otros organismos.
En un comunicado que acompañó las últimas cifras el MEF detalló que la recaudación de la Dirección General Impositiva se contrajo 0,4% del PBI frente a 2013, principalmente por menos impuestos abonados por las empresas públicas; el sector privado pagó más, sobre todo por IVA e IRPF. El Banco de Previsión Social también aumentó lo recaudado (0,4% del producto).
En conjunto, las principales empresas estatales comerciales e industriales dieron una ganancia de U$S 7,6 millones el año pasado, aunque tuvieron desempeños dispares. De hecho, solo UTE (U$S 292,2 millones) y ANP (U$S 30,3 millones) arrojaron resultados positivos y las demás dieron pérdidas: Antel U$S 194,3 millones, Ancap U$S 60,9 millones, OSE U$S 37,2 millones y AFE U$S 22,4 millones.
En 2013 estos entes habían ganado, sumados, U$S 2,7 millones.
