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    Consejo asesor del MEC sugiere a Muñoz no habilitar nuevo Instituto Universitario, tras ratificar un discutido dictamen

    Mediante un dictamen ratificado el martes 19, el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), órgano asesor del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), rechazó una solicitud para habilitar al Instituto Universitario Sudamericano­ (Iusur), tras observar “debilidades en varios aspectos sustantivos” que a su juicio le impiden funcionar como institución universitaria. El dictamen, basado en informes del Área de Educación Superior (AES) del MEC y de la Universidad de la República (Udelar), aprobado por la mayoría de los consejeros (seis votos en siete, una ausencia), generó un intenso debate a la interna del órgano consultor del MEC, dijeron a Búsqueda fuentes consultadas.

    En ese ámbito, la representante propuesta por el ministerio, Cristina Contera, dijo no encontrar “justificación” para no solicitar una “evaluación institucional” y contar con otros “insumos” antes de que el CCETP tome una posición definitiva. Ahora, la última palabra la tiene la ministra de Educación, María Julia Muñoz, quien deberá ratificar o rectificar el dictamen.

    En él, el CCETP —órgano de carácter consultivo, no vinculante, del MEC, con representación mayoritaria de la Udelar— expresó que aunque Iusur cuenta con “un plantel docente de alto nivel académico”, muestra una serie de “debilidades” en cuanto a financiamiento, infraestructura edilicia y recursos materiales. Además cuestionó que la mayor parte de su plantel académico no resida en el país.

    Según el informe de la Udelar, firmado por el prorrector de Enseñanza, Fernando Peláez Bruno, si bien la propuesta se apoya en un plantel académico “de reconocimiento internacional”, el proyecto está basado en una serie de supuestos sobre el número de estudiantes “del exterior” que se matriculen para cursar el programa de Maestría en Educación.

    “No corresponde que esta Administración prosiga el trámite y en tal sentido sugiere al Poder Ejecutivo no acceder a lo solicitado”, concluyó el CCTEP en su dictamen, fechado el 21 de noviembre y firmado por su presidente, Álvaro Díaz Maynard.

    Iusur —que surgió en 2015 como fundación y que aspira a convertirse en instituto universitario para las áreas de Educación y de Estudios Globales y Regionales— pidió al ministerio la designación de evaluadores académicos externos para constatar la calidad de su oferta educativa como “insumo clave” para el dictamen del consejo consultivo.

    “Ante la falta de designación de evaluadores externos, fuimos al MEC y nos encontramos con que había un dictamen negativo que nos asombró muchísimo, porque los argumentos no se enmarcan en la normativa vigente”, dijo a Búsqueda Enrique Martínez Larrechea, consejero académico de Iusur.

    Iusur entiende que aunque el informe de la Udelar “es respetuoso y reconoce el mérito docente, falla en la apreciación central sobre la estructura académica de la maestría y eso lo conduce a una conclusión equivocada”, según Martínez Larrechea. Dijo que el informe de la Udelar se “autoinvalida” al basarse en una ordenanza de posgrados de la Universidad estatal que “no constituye el marco normativo aplicable a los proyectos de educación terciaria privada”.

    Además, esgrime, el decreto N°104/2014 requiere que la mayoría absoluta de la planta docente sea conformada por ciudadanos naturales, como sucede en el caso de Iusur.

    “La Maestría de Educación está pensada fundamentalmente para superar el déficit de ofertas públicas o privadas para los profesionales de la educación del Uruguay, (…) y también está abierta y posee interesados en la región (Argentina y Brasil) y en el sur regional (Angola y Guinea Ecuatorial)”, según la institución.

    Universidad “patito” y libertad de enseñanza.

    Para Iusur, la fundamentación del dictamen del Consejo Consultivo es “superficial e inexacta” en varios puntos, porque sus observaciones “se limitan, solamente, a la infraestructura —financiera, edilicia, bibliográfica— y se hace caso omiso de la valoración de los aspectos académicos y universitarios del proyecto”, según la respuesta de Iusur a la vista del dictamen N° 589, fechada el 6 de diciembre, a la que accedió Búsqueda.

    Por otra parte, “en lo material, dos años y medio de continua ejecución del proyecto, de sostenimiento de la infraestructura, de realización de diversas actividades académicas de investigación y extensión, son un indicador bastante concluyente de la capacidad del proyecto”.

    En otro pasaje, indica que la ratio de alumnos de Iusur “impide cualquier proceso educativo de educación supermasiva de baja calidad, de lo que lamentablemente existe alguna experiencia actual en el medio nacional a nivel de maestría”.

    “Es importante precisar que la educación propuesta por Iusur se encuentra en las antípodas de la que podríamos llamar ‘universidad de garaje’ —o con el colorido término mexicano de ‘patito’—, o con la apelación rioplatense de ‘trucha’”.

    Martínez Larrechea —que fue director nacional de Educación del MEC en dos oportunidades (1993-1995 y 2000-2002)— expresó que Iusur es una institución “chica pero de calidad”.

    La universidad “patito” o “de garaje” es un modelo de provisión de educación terciaria basado en insumos de baja calidad —profesores de titulación mínima, mal pagos, con gran carga de trabajo—, en la docencia frontal y rutinaria, y con pobres resultados.

    Profesionales “de amplia y reconocida trayectoria en América Latina”, como las doctoras Hebe Vessuri, María Isabel da Cunha, o el doctor Augusto Pérez Lindo integran el Consejo Consultivo asesor de Iusur.

    “En el fondo hay una gran resistencia a reconocer la libertad de enseñanza universitaria. Porque acá hay una oferta académica de calidad, con buenos profesores y contenidos. Las otras observaciones —financieras y edilicias— se pueden ajustar”, añadió el también investigador categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

    Históricas tensiones.

    Un decreto de ley de 1984 habilitó a funcionar a las universidades privadas (entonces se creó la Universidad Católica) y en 1995 se aprobó el marco regulatorio con los decretos 308/1995 y 309/2002 que fijaron el ordenamiento aún vigente, con los criterios y estándares mínimos de la creación de instituciones y programas terciarios. Aquel decreto de regulación creó el CCETP como órgano asesor no vinculante del MEC.

    El Consejo Consultivo está conformado por ocho consejeros: tres propuestos por la Udelar, dos por el MEC, dos por las universidades privadas y uno por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En ese ámbito juega un rol clave la Udelar, ya que, además de miembro mayoritario del órgano y competidora, no está sujeta a las disposiciones y criterios del consejo, dada la autonomía establecida por la Ley de Universidades de 1959.

    Desde 1995 se autorizaron varias instituciones con trayectoria docente a conformarse como universidades o institutos superiores. Por ejemplo, se autorizó a funcionar a la Universidad ORT (1996), la Universidad de Montevideo (1997), la Universidad de la Empresa (1998) y al Centro Latinoamericano de Economía Humana (2017). Además se habilitaron otros institutos terciarios.

    Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, en 2005, la Udelar asumió un manejo central para la formulación de la política universitaria, según dijo a Búsqueda el experto en educación superior Claudio Rama. “El gobierno del Frente Amplio colocó al frente del MEC a diversos cuadros de la Universidad de la República y limitó la expansión de las privadas al restringir las autorizaciones de programas, enlentecer los trámites administrativos e incorporar más exigencias”.

    A partir de entonces “hubo un endurecimiento en la política pública contra la educación privada”, opinó Rama, y agregó que los dictámenes del CCETP sirvieron de “instrumento administrativo” para ese fin.

    “El Consejo, pese a ser un mero ámbito de asesoramiento, en los hechos se convirtió en un órgano político y normativo en la regulación de la educación superior, en tanto el MEC asumió una postura de no alterar sus dictámenes”, dijo. Rama contó que tales orientaciones llevaron a “fuertes tensiones” entre las universidades privadas y el Consejo Consultivo, y por añadidura con el MEC.

    Información Nacional
    2017-12-21T00:00:00