Mientras la lista 658, vinculada al Partido Comunista y que es mayoría en el Sunca, defendió el accionar de la dirección al promover la denuncia en Fiscalía y desvincular a dirigentes y militantes involucrados, la corriente Manuel Barrios, principal fuerza opositora, criticó la falta de profundidad en el debate sobre el caso.
En la apertura del Congreso, el viernes 6, el secretario general del sindicato, Javier Díaz, sostuvo que la dirección nacional “estuvo a la altura” de la “mejor historia” del Sunca y de “su calado ético”. “Seremos los primeros en este Congreso en promover una profunda discusión acerca de mecanimsos más garantistas para que esto no se repita”, dijo. Como parte de ese trabajo, anunció que promoverían la integración en los fondos sociales de representantes de las distintas corrientes.
Días después del Congreso, el referente opositor Pedro Porley cuestionó en un mensaje a la militancia la discusión que se dio sobre el Fosvoc y apuntó contra la corriente mayoritaria por entender que impidió un debate más profundo.
En el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno sobre los desvíos de dinero del Fosvoc hubo ocho condenas. Uno de los condenados fue Bruno Bertolio, quien era presidente del fondo e integrante de la dirección nacional del Sunca por la lista 658. Víctor Rivero y Santiago Bernaola, quienes también cumplen penas de prisión por el caso, eran integrantes de la dirección departamental del Sunca e igualmente formaban parte de la lista 658.
Por fuera de la discusión del Fosvoc, el Sunca definió en el Congreso que luchará en los próximos años por “la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario”; por “una seguridad social pública, solidaria y sin lucro”; por “la necesidad de gravar al 1% más rico, para combatir la pobreza infantil”, y por una “ley integral” de salud y seguridad en el trabajo.
El Sunca también definió que celebrará sus próximas elecciones entre el 24 y el 26 de marzo.
“Enorme decepción”
El martes 10, el principal referente de la corriente opositora Manuel Barrios, Pedro Porley, envió a militantes un mensaje de WhatsApp con un balance crítico sobre el debate en el Congreso respecto a la estafa en el Fosvoc. “La enorme decepción” es el título que eligió para el texto, al que accedió Búsqueda, en el que cuestiona a la corriente mayoritaria 658, vinculada al Partido Comunista, por no habilitar una prórroga en el tiempo establecido para la discusión.
Por reglamento se había establecido que en el plenario del sábado 7, tras la presentación del informe de cada una de las seis comisiones de trabajo que tuvo el Congreso, se abriría una hora de debate con intervenciones de cinco minutos para cada orador. Para el informe de la comisión del Área Social se había solicitado una prórroga de ese tiempo, que permitiera más intervenciones, pero la lista 658 votó en contra.
“Tristemente la enorme mayoría de componentes de la hoy mayoría, lista 658, impidió discutir, debatir, intercambiar e informar en el plenario, en profundidad, sobre ‘el robo del siglo’ y/o la ‘gran estafa’”, escribió. En su opinión, ante una “situación vergonzante y de extrema preocupación” como la que se dio en el Fosvoc, era necesario habilitar una mayor “posibilidad de conocimiento a los congresales”.
“Se negó la posibilidad y se celebró tal cual barras bravas en eventos deportivos, alejados del comportamiento que se espera de trabajadores organizados supuestamente conscientes de la gravedad de los hechos”, señala Porley.
El dirigente, que es vicepresidente del Sunca e integra el Comité Ejecutivo Nacional, sostiene en el balance que por insistir en la discusión del tema del Fosvoc se lo acusa de “monotemático, tira mierda y demás adjetivos”. Sin embargo, reivindica la posición de su corriente: “No nos hacemos los distraídos en la peor maniobra de robo y corrupción en la historia del movimiento sindical y en los 68 años de nuestro Sunca”. En su opinión, lo sucedido “no se puede minimizar con simples adjetivos livianos” como “lúmpenes o sinvergüenzas” cuando “lamentablemente” hay “condenados y procesados, con vínculos con la organización, ex miembros de dirección nacional, direcciones departamentales, militantes” y “varios con responsabilidades políticas en el Sunca”.
Además, en el mensaje, Porley alude a irregularidades que van más allá de las operaciones que probó la Fiscalía en la investigación y que constituyen el grueso de la estafa: 193 transferencias bancarias indebidas y la entrega de decenas de beneficios por 140 unidades reajistables “a personas inexistentes, a personas fallecidas y otros ‘vivitos’ involucrados en las maniobras”.
“¿Quién responde (por) el resto?”, pregunta en el texto y abre una lista de hechos que entiende que están por fuera del reglamento del Fosvoc. Entre ellos menciona “beneficios irregulares por 140 UR, beneficio y medio, doble beneficio, doble beneficio y medio y hasta triples beneficios”, “sin controles y durante tiempos prolongados”; beneficios para “organizaciones sociales nunca aportantes” sobre las que pregunta con qué criterio se elegían y a quiénes estaban vincualdas; y “siete préstamos ‘canastas de materiales’ en favor de Stella Rey, funcionaria del Fosvoc (ni dirigente sindical ni empresarial) condenada con prisión como autora principal de las maniobras de corrupción”.
Porley pregunta quiénes, cuándo, cómo y por qué tomaban estas decisiones. “No todos tenemos la misma responsabilidad política”, afirma en el mensaje, y agrega que hay que ir “hasta el hueso, caiga quien caiga” para “hacer justicia” y “recuperar confianza y credibilidad”.
MEC: apercibimiento, intimación, observación.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió el pasado 6 de febrero aplicar una sanción de observación al Sunca por “infringir los artículos 13, 14, 65” y los “literales g y h del artículo 77” de su estatuto.
El artículo 65 del estatuto del Sunca establece: “El carácter de miembro del Consejo Directivo Nacional es incompatible con ejercer la representación político partidaria, así como de los cargos legislativos y/o ejecutivos a nivel nacional y/o departamental”. La condición de la dirigente Laura Alberti, que se desempeñaba como secretaria de Finanzas del sindicato y del Partido Comunista en simultáneo, iba contra esta norma.
El artículo 77 del estatuto, en tanto, establece que es competencia de la Secretaría de Finanzas presentar un informe bimensual de “entradas y salidas” a los centros de trabajo e informes “permanentes” al Comité Ejecutivo Nacional “de la relación entre cantidad de trabajadores en actividad y afiliados cotizantes”. En el libro de actas del Comité Ejecutivo Nacional del Sunca el MEC no encontró registros de estos informes.
Por otro lado, según el análisis del Ministerio, si bien el sindicato cumple con presentar anualmente en asamblea la memoria y el balance, no respeta los artículos 13 y 14 del estatuto que indican que “los acuerdos y las deliberaciones deben constar” en el libro de actas y que “los participantes de la asamblea tienen derecho a plasmar en las actas su voto y su opinión”. Tampoco se agregan a las actas “las respectivas memorias y balances”, lo que lleva a que se incumpla con la “publicidad dispuesta por el artículo 14” del estatuto.
Por otro lado, la resolución, firmada por el ministro José Carlos Mahía, dispone una sanción de apercibimiento a la Fundación Sunca Solidario por “no presentar las memorias anuales” de acuerdo al artículo 26 de la Ley 17.163. A esta institución la intimó a la presentación de esas memorias de acuerdo a la normativa.
La sanción deriva de una denuncia presentada por el dirigente del Sunca Damián Rodríguez, acompañado por otros integrantes del sindicato, por presuntas “infracciones a normas estatutarias”.
