Coronavirus reflota viejas tensiones entre público y privado

Al crear por ley el Fondo Coronavirus, Lacalle Pou incluyó también un impuesto temporal para los jubilados, incluyendo a su padre, un expresidente, y a los militares, cuyas jubilaciones más altas que la media de los civiles estuvieron en la mira del gobierno pasado. La medida, que afecta a los sueldos más altos del Estado, a pesar de que no tuvo en cuenta la mesa de negociación de los funcionarios, no solo no despertó grandes quejas de los sindicatos, sino que obtuvo amplias simpatías en la sociedad, reflejada en las encuestas.

Durante la reciente discusión del Fondo Coronavirus en el Senado, que además decidió, igual que Diputados, eliminar la “partida de prensa” ($31.220 mensuales por legislador), el Frente Amplio retomó la propuesta del MPP y del Partido Socialista y, coincidiendo con Cabildo Abierto, quiso que se votase que el descuento para los cargos políticos fuera permanente. La iniciativa, sin embargo, no prosperó. El senador blanco Jorge Gandini apeló a munición gruesa y respondió que la del Frente se trató de “una chicana demagógica” hecha “para la tele”.

Solidaridad obligada y “fondo chiquitín”

Dispuesto a colaborar con el gobierno, a pesar de las diferencias, el Frente Amplio decidió votar a favor del proyecto e introdujo pequeños cambios. Sin embargo, para el senador socialista Daniel Olesker, el camino elegido por el Poder Ejecutivo para paliar las secuelas de la crisis sanitaria es equivocado porque crea “un fondo chiquitín, mal distribuido”. El economista explicó a Búsqueda que, de las cuatro fuentes que el Estado tiene para recaudar con el impuesto extraordinario, por razones filosóficas eligió solamente una, los funcionarios estatales, y que en cambio descartó, al menos por ahora, recurrir a los asalariados privados, a los profesionales que reciben honorarios y al capital.

En la misma línea, aunque insistió en la necesidad de lograr un acuerdo nacional a la altura de la crisis, se expresó el senador Mario Bergara, que el martes 14 mantuvo una reunión virtual con alrededor de 500 militantes a través del Facebook Live.

El gobierno escuchó a la oposición, pero reafirmó su camino propio. Lacalle Pou lo dejó claro cuando, durante una conferencia de prensa a fines de marzo, adelantó que no va a gravar al capital ni tampoco a los ingresos privados más elevados. Quien sí llamó la atención acerca de los altos sueldos que existen a nivel gerencial, incluso en el sector del mutualismo, fue el presidente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez. El topeo de los sueldos fue, según Bermúdez, una de las reivindicaciones del sindicato que el Frente Amplio en el gobierno nunca se decidió a implantar.

Para el exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública Miguel Fernández Galeano, la propuesta estuvo arriba de la mesa, pero no se llegó a tomar la decisión porque al comienzo no tenía tanta entidad, a pesar de que el 93% de los fondos provienen del sector público.

Olesker, que fue director general de la Salud y luego ministro, reconoció que en algunos países esos sueldos gerenciales están topeados, pero advirtió que se trata sobre todo de “una cuestión ética”, porque su incidencia, igual que los elevados honorarios de los anestésico-quirúrgicos, “no mueve la aguja en los alrededores de 2.000 millones de dólares al año que se pagan en sueldos en todo el sistema de salud, incluyendo ASSE”.

En el caso del Fondo Coronavirus, si el gobierno hubiera tomado el camino de gravar, aunque fuera por un tiempo, también a los sueldos privados más altos, no solo de la salud, sino también de la banca y demás sectores de la economía, la recaudación, según Olesker, se hubiera podido multiplicar por tres, llegando a alrededor de 60 millones de dólares. De todas formas, se trata de una cifra mucho más más baja que los presupuestos más modestos que se han realizado hasta ahora para paliar la situación y que tendrán que ser cubiertos con aportes de las empresas públicas y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Comisión Andina de Fomento, ya disponibles por unos 1.500 millones de dólares.

Desparejos

“Sabemos que no es una medida simpática, pero entendemos que es solidaria. (…) Quiero dejar claro que el concepto de trabajador es más abarcativo que el de trabajador público, trabajadores son todos y el desempleo está creciendo por el sector privado”, dijo el presidente al presentar el nuevo impuesto que luego tuvo que aterrizar, no sin dificultades, el equipo económico.

La seguridad laboral que tienen la mayoría de los trabajadores del Estado aparece como uno de los argumentos que pesan para que la opinión pública acepte que el gobierno haga diferencias entre públicos y privados a la hora de demandar solidaridad. A los públicos se les obliga a ser solidarios con un impuesto extra, mientras que para los privados queda en una decisión voluntaria.

Respecto a las donaciones, la ley de creación del Fondo no dispone nada para las empresas, pero sí exoneraciones tributarias en el IRPF para las personas físicas. Las donaciones, en todo el mundo, han sido utilizadas para la promoción de los donantes.

En cuanto al nivel de ingresos, una investigación de 2019 (Búsqueda N° 2.022) reveló que, en general, los públicos ganan más que los privados, pero que esa situación se invierte en el caso de los profesionales y gerentes, los sueldos más altos.

Para el dirigente de los trabajadores de la bebida Richard Read, aun partiendo de la base de que se trata de una medida coyuntural y que concita una adhesión de la población, quedan flotando varias preguntas: “¿Es suficiente? ¿Es el inicio de otros impuestos? ¿Habría que tocar al sector privado aumentado las escalas del IRPF?”.

Read se preguntó también si no habría que recurrir a impuestos a algunas empresas que tuvieron exoneraciones durante estos 15 años. “Creo que el 20% por dos meses a los trabajadores públicos no les afecta, pero que también tendrían que pagar los privados desde ese monto para arriba y las empresas que tuvieron privilegios también deberían aportar, además de achicar los gastos como la partida de diarios de los legisladores, que parecía increíble que se sostuviera en el tiempo”.

Para el diputado frenteamplista de Soriano Enzo Malán, la explicación de que la sociedad acepte lo que dispuso el gobierno hay que buscarla en que “desde hace bastante tiempo se viene repitiendo la idea de que el Estado gasta y despilfarra y que los empleados públicos son excesivos, con privilegios y casi parásitos”.

Consultado por Búsqueda acerca de por qué no gravar también a los privados, Read sostuvo que, “si uno lo ve fríamente, por lógica se tendría que aplicar también a los privados, pero para eso naturalmente está más condicionado porque ahí están los gerentes, que en definitiva alimentan el staff del gobierno, como de la mayoría de los gobiernos”.

El secretario general del sindicato bancario Aebu, Fernando Gambera, opina que se debería seguir en la línea del IRPF y “discutir seriamente un gran acuerdo nacional para ver cómo cada uno va a poner de lo que tiene, no haciendo humo”.

En un artículo publicado el viernes 3 en Brecha, un colectivo de académicos propuso que el sector privado de la energía, entre ellas empresas extranjeras, aporten también al Fondo, porque tienen buenos contratos en dólares y costos en pesos. Entre las empresas del exterior se menciona a “grupos económicos argentinos como los de Alejandro Bulgheroni y Eduardo Eurnekián, Eurus Energy —principal jugador japonés en el rubro—, Sowitec y Enercon, de Alemania”, y entre los locales a “Fernández —antiguos dueños de Fripur—, el grupo Otegui —uno de los principales grupos económicos nacionales y socio en UPM— y otros más concentrados en el desarrollo de parques eólicos, como Ventus, del grupo Raquet, vinculado al sector lanero”.

Danza de millones del campo

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (Inac) operan en el derecho privado y se financian con fondos públicos y privados. En el caso del INIA, que tiene alrededor de 800 empleados, recibe entre 20 y 25 millones de dólares al año de un impuesto que pagan los productores por el 4 por mil de las ventas. El Estado debe aportar otro tanto cada año, pero desde 2007 esa contribución está atrasada. Las gremiales, que tienen dos votos en el consejo directivo del INIA, presidido por un representante del Poder Ejecutivo, acordaron con el gobierno que esa deuda, que son recursos de toda la sociedad y no de los productores en exclusividad, se vuelque al Fondo Coronavirus. También se recurriría a otro fondo de apoyo a la tecnología, aunque fuentes del sector dijeron a Búsqueda que seguramente deberá pasar por el Parlamento.

En efecto, el abogado administrativista Daniel Ochs dijo a El Observador que no se trata de una donación sino de una reasignación de hacienda pública que debe ser aprobada por una ley.

El aporte directo de los productores proviene de la renuncia a futuro a la devolución del impuesto a los semovientes, según las gremiales unos 40 millones de dólares.

Los principales dirigentes de las gremiales y de las cámaras frigoríficas concurrieron el martes 14 a la Torre Ejecutiva y se reunieron con el presidente, la ministra de Economía Azucena Arbeleche, el ministro de Ganadería Carlos María Uriarte y otros jerarcas. Durante el encuentro entregaron un documento donde expresan “una clara voluntad solidaria dirigida especialmente para los sectores más vulnerables”, a pesar de la pandemia y “la falta de competitividad generada en los últimos años”.

Mientras el ministro Uriarte celebró la solidaridad y destacó que fue voluntaria, la movida de los empresarios provocó una fuerte reacción en el Frente Amplio. “Es falso decir que las gremiales agropecuarias donarán USD 100M. Como máximo son USD 20M de imp. Semovientes. (…) El resto es dinero del Estado, recaudado por ley de INIA e INAC y si el gobierno acepta, lo donamos TODOS los uruguayos” escribió en Twitter el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García.