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El Manual Emerald de Administración Pública de América Latina —una publicación coeditada desde su rol de académico por Conrado Ramos, también jefe de la Oficina del Servicio Civil— incluye dos capítulos con enfoque regional referidos al problema de la corrupción y el monitoreo de las políticas.
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¿Qué se hizo para prevenir la corrupción y promover un “buen gobierno”? Luego de analizar experiencias que han sido muy diferentes, se puede afirmar que existe al menos una “preocupación formal por promover la integridad en varios países, pero existen problemas de diagnóstico y formulación”. Pero, al mismo tiempo, los ejemplos de “fallas en la implementación son demasiados”.
En cualquier caso, según el autor, el factor más importante que explica los problemas de diseño e implementación de las prácticas anticorrupción es la presencia de “trampas” de carácter social y político. Las primeras se expresan en la incoherencia de la propia sociedad, que exige honestidad al gobierno pero en la práctica incentiva la corrupción pagando sobornos, incumpliendo normas y exigiendo privilegios” clientelísticos. Y la trampa política surge del “fuerte efecto de dependencia de la trayectoria resultante de la consolidación de redes de patronazgo o clientelares”.
Otro capítulo describe una opción institucional que la mayoría de los países latinoamericanos han tomado en los últimos 25 años: la creación de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación del desempeño público; Uruguay la tiene, y el gobierno de Luis Lacalle Pou está implementando cambios en ese aspecto (Búsqueda Nº 2.116). El análisis efectuado demuestra el potencial de este tipo de agencias, aún no realizado, para “cumplir con su vocación como instrumentos de responsabilidad política y democrática”. En tal sentido, el documento señala que a pesar del “notable progreso en su institucionalización, la evidencia sugiere que los sistemas no logran producir una sólida responsabilidad democrática orientada a resultados”. Entre los factores clave que dificultan esta aspiración se encuentran su baja credibilidad y poca coherencia institucional, además de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación.
Así, estas agencias, en los hechos, “dependen de las condiciones ambientales más allá de las estructuras y procesos gubernamentales”.