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El 2020 fue un año atípico en materia de adquisiciones públicas, no solo porque hubo gastos que tomaron relevancia ante la pandemia de Covid-19 y la emergencia sanitaria, como los $ 64 millones destinados a alcoholes y otros fármacos antisépticos, cinco veces más que en 2019. También lo fue porque, con el nuevo gobierno y la Ley de Urgente Consideración (LUC), se reformó la institucionalidad que las canaliza: la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) reemplazó a la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).
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La ARCE, como órgano desconcentrado de la Presidencia de la República y con autonomía técnica, se encarga de la administración de plataformas transaccionales a través de las cuales interaccionan los organismos estatales y los proveedores registrados (39.858 en 2020). Su Consejo Ejecutivo lo encabeza Rodrigo Ferrés (secretario de la Presidencia), Isaac Alfie (director de Planeamiento), Azucena Arbeleche (ministra de Economía) y Hebert Paguas (director de la Agesic); Carina Pizzinat es la directora.
A través de la ARCE, el año pasado se adjudicaron compras de bienes y servicios por $ 144.054 millones (unos US$ 3.430 millones convertidos al tipo de cambio promedio de 2020), frente a $ 300.535 millones en 2019; en cantidades, la caída fue de 79.323 a 68.895. Esos bienes o servicios fueron adquiridos a 7.832 proveedores, la gran mayoría nacionales (95%).
Entre los compradores públicos en 2020 se destacaron los entes autónomos —en particular el Banco República, Ancap y UTE—, que participaron con 74% del monto; el resto correspondió al Poder Ejecutivo (13%), a los servicios descentralizados (8%) y a los gobiernos departamentales (5%).
Reforma
En 2019, en el último tramo de la administración de Tabaré Vázquez, el sistema de compras estatales recibió una autoevaluación satisfactoria realizada con un modelo conocido con la sigla MAPS (por methodology for assessing procurement system) y la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre cuatro pilares (marco legal y regulatorio; institucionalidad y capacidad de gestión; prácticas de mercado; e integridad y transparencia), que son evaluados a través de 12 indicadores, 54 subindicadores y 149 condiciones a cumplir, los aspectos más flojos del análisis refirieron, por ejemplo, a la evaluación de las ofertas y criterios de adjudicación. También la ausencia de un pliego estándar para la contratación de consultorías (Búsqueda N° 2.034).
En el entendido de que con los gobiernos del Frente Amplio el Estado se hizo “más ineficiente, más opaco y más burocrático”, los socios de la coalición multicolor se comprometieron en su acuerdo a “impulsar una reforma del Estado” que, entre otras cosas, debería “fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas”. La LUC incluyó algún artículo al respecto.
A partir de los nuevos cometidos atribuidos en esa norma, la ARCE elaboró una propuesta de plan estratégico hasta el 2024 —todavía en proceso de aprobación, según dijeron a Búsqueda fuentes del organismo— cuyos principales objetivos son “maximizar la eficiencia en el uso de fondos públicos”; fomentar la transparencia en la gestión de las compras estatales que “permita rendir cuentas y generar confianza en el sistema”; simplificar los procedimientos de contratación; intensificar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y promover la “adopción generalizada de instrumentos estratégicos” y evaluar su desempeño. Después de una serie de talleres e intercambios, también con la Agesic, se definieron tres “ejes”: “Fortalecer el ecosistema de compras públicas” para que sea “más eficiente e integrado; “perfilar el sistema” hacia un “enfoque estratégico”; y promover su “transformación digital” (e-procurement).
Como parte del propósito del fortalecimiento institucional de la ARCE, el año pasado comenzó a elaborarse una propuesta de estructura organizativa, y en ese marco se planificó la implantación de una “oficina de proyectos”. A su vez, con Comunicación Presidencial se discutió un cambio en la identidad visual de la agencia.
En su memoria anual la ARCE consignó que, por otro lado, en 2020 se identificaron mejoras al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) que derivaron en una propuesta de actualización del decreto reglamentario vigente. Entre otras cosas, plantea establecer una regla transversal para la consideración de los antecedentes negativos de los proveedores en los futuros contratos con base en el tipo, la cantidad y la proporción de sanción en el total de contratos. Otro cambio planificado apunta a la simplificación del proceso de inscripción de los proveedores, intensificando el uso de las TIC y las funcionalidades de la plataforma a fin de bajar los costos transaccionales asociados.
“Para obtener los mejores resultados en el uso de fondos públicos se requiere necesariamente un enfoque estratégico” que permita reducir “gastos por ineficiencias durante las etapas de los procedimientos de contratación”, además de “avanzar hacia procedimientos de contratación colaborativos” al consolidar la demanda pública y “promover la competencia” para que haya más cantidad de ofertas, explica el documento de la ARCE. Y describe parte del problema: hoy el mayor énfasis “se suele concentrar en el procedimiento de selección de proveedores, por lo que resulta necesario invertir la curva del esfuerzo hacia otras etapas”, como la planificación de la demanda y la ejecución de los contratos. En ese sentido, el año pasado se avanzó “sustantivamente en el proyecto de implementación de los planes anuales de contratación”, con una convocatoria para el desarrollo del sistema de soporte a dichos planes.
Otra acción fue relevar, a escala internacional, las mejores prácticas en cuanto a precios de referencia, así como identificar mercados regulados a escala nacional que pudieran aportar insumos para la instrumentación en Uruguay. A partir de eso se elaboró una primera propuesta de diseño regulatorio en la materia.
También con base en la experiencia internacional —en particular, en referencia a la evaluación de las ofertas y al tratamiento de la propiedad intelectual—, la ARCE diseñó un pliego estándar para la adquisición de servicios profesionales.
