Corruptio

Empecemos por la Real Academia, para la cual el vocablo corrupción es la “acción o efecto de corromper”. Suele aplicarse cuando instituciones del Estado o uno de sus integrantes desarrollan una “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho propio o de otra índole”. Provecho propio no es solo meterse dinero ajeno en el bolsillo. Debe leerse también como torcer o alterar determinado curso en forma arbitraria, antojadiza o con abuso, que pueden incluirse en lo que la academia define como “de otra índole”. ¿Que en algunos casos hay “coimas” o favores para beneficiar a terceros, amigos o familiares? ¡Claro que sí! Pero meter la mano en la lata —aunque a esa acción se la considere un paradigma— no es lo único. Es más amplio. No en vano sinónimos de corromperse son, entre varios, enlodarse, estropearse, ensuciarse o enviciarse.

La semana pasada las sumariadas pidieron una entrevista con el ministro Jorge Larrieux. Este trasladó a sus compañeros de la Corte el contenido de esa reunión. La corporación sugirió que para distender el ambiente en Treinta y Tres lo más conveniente era que solicitaran licencia. Así lo hicieron.

Si al cabo del sumario que instruye el juez Rolando Vomero se las encuentra responsables de abusos, irregularidades o arbitrariedades, serán sancionadas dentro de la gama prevista en la ley de la Judicatura Nº 15.750. Los castigos van desde la amonestación hasta la destitución. En casos similares se ha sancionado con la pérdida del derecho al ascenso por un año o más, el traslado a otra ciudad o un cambio de materia. Esto último como si, mediante los cambios, los justiciables o los defensores de otro lugar o materia estuvieran a salvo de padecer nuevos desbordes del sancionado.

Hace algunos días recibí el reproche de dos jueces por haber escrito la semana pasada sobre las sumariadas bajo el título “Algo huele mal en la magistratura”. Argumentaron que pude haber omitido los nombres cuando todavía no se decidió una sanción. Pero olvidan u omiten que se trata de un indiscutible asunto de interés público y que, dentro del marco de la libertad de prensa, no cabe otra cosa que divulgarlo. Lo contrario significaría, una vez conocido el hecho, actuar con complicidad violando nuestra obligación de informar y el derecho del ciudadano de saber. Nada hay mejor que la transparencia.

Tienen pleno derecho al reproche pero resulta llamativo por el conocimiento legal y filosófico que esos experimentados magistrados deberían tener sobre esas libertades. El corporativismo es muy fuerte.

Nadie se atrevería a discutir hoy que la magistratura debe asegurar los derechos individuales y que los jueces tienen un papel central y responsable frente a la comunidad. Sin embargo, ante algunos incumplimientos los desbordados corren con ventaja: muchos abogados evitan denunciarlos porque argumentan que deben seguir litigando y creen que con su silencio les aseguran mayores garantías a sus clientes. Hay jueces que los destratan, que no toman decisiones dentro de los plazos, que llegan tarde y que son autoritarios. Pero se aguantan. Perverso pero cierto.

Algunos jueces olvidan o desconocen los principios del Código de Ética Iberoamericana que la Suprema Corte de Justicia hizo propios mediante la Acordada 7.688 del 28 de julio de 2010. Fue suscrita por los ministros Jorge Chediak, Leslie van Rompaey, Daniel Gutiérrez, Jorge Ruibal y Jorge Larrieux. De ellos, Chediak y Larrieux siguen en funciones.

Ese Código de 82 artículos —al que necesariamente deberá remitirse el sumariante— establece las pautas de comportamiento de los magistrados, quienes deben ceñirse, entre otras cosas, a la honestidad profesional, diligencia, prudencia, transparencia e integridad.