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    Corte detecta “omisiones e irregularidades” en el régimen de libertades

    La Suprema Corte de Justicia detectó una “creciente ocurrencia de diversas omisiones e irregularidades” en el régimen de libertades, por lo que emitió una circular con nuevas disposiciones a todos los juzgados con competencia penal.

    A su vez, para resolver el tema de fondo, la corporación espera que el Parlamento apruebe dos proyectos de ley que remitió el año pasado: uno refiere a la creación de un cargo de juez de ejecución en Montevideo para que vele por la situación de las personas que han sido condenadas y el otro intenta dar una solución legal a aquellas personas que han estado sometidas a proceso y que necesitan que se “cierre” ese capítulo para reinsertarse en la sociedad.

    El 25 de febrero la Corte puso en conocimiento de los jueces la circular 7791, en la que informa la ocurrencia de irregularidades en las libertades y dispone una serie de medidas para corregirlas. Establece, por ejemplo, que deben comunicarse al Instituto Técnico Forense toda vez que se produzcan cambios de jurisdicción o toda información que deba agregarse a la planilla de los reclusos. También obliga a firmar, sellar y poner fecha a toda comunicación que implique la detención de los reclusos.

    La situación preocupa a la Corte porque el número de libertades otorgadas en los últimos años ha crecido. Según información a la que accedió Búsqueda, en 2009 se presentaron 1.432 solicitudes de libertad anticipada, de las que se otorgaron 285. En 2013, el número de solicitudes fue de 1.573 y la cantidad otorgada llegó a 554.

    A su vez, en 2009 se presentaron 1.618 solicitudes de libertad condicional, de las que se otorgaron 1.523. En 2013, se presentaron 1.690 y se otorgaron 1.623. Con respecto a la libertad provisional, en 2009 se presentaron 57 casos y se accedió a 7 y en 2013 se pidieron 128 y se accedió a 22.

    Según fuentes de la corporación, esta situación puede solucionarse con la creación de un cargo de juez de ejecución en Montevideo, que vele por los derechos humanos de los reclusos y por el estado de sus causas. De hecho, está previsto modificar el régimen de turnos de tres jueces por semana a cuatro y liberar a uno de los 21 jueces penales para que se encargue de la ejecución. Para ello se requiere una ley que está a estudio del Parlamento y que según la corporación no genera gasto, porque implica la transformación de un cargo.