Covid dejó una “profunda crisis” que se atemperó con el “boom actual de precios” y los proyectos de inversión “heredados”, según jerarca frentista

Con un cuadro con la imagen del rostro de José Artigas coloreado de rojo, azul y blanco como fondo, la jerarca aseguró que la pandemia encontró a “un país fortalecido por diversas razones”.

Señaló que el nuevo gobierno “se encontró con una economía estable, de acuerdo a las calificadoras internacionales de riesgo”.

Y opinó: “La política económica llevada a cabo por esta administración no logró traducir los buenos resultados sanitarios que tuvimos en el 2020. El conjunto de fortalezas políticas, sociales y financieras construidas por Uruguay, algunas de ellas de larga data como la estabilidad institucional, lograron un menor impacto en el shock y una recuperación económica más veloz”. Además, según ella, en materia de inversión, la “amortiguación del golpe y recuperación actual se cimentó en buena medida en proyectos heredados del gobierno anterior”, como la construcción de la planta de UPM 2, el Ferrocarril Central y obras de participación público-privada que estaban en curso.

En cuanto a la promoción de la inversión “no hubo un rediseño de la política. Los ajustes realizados simplemente respondieron a cambios en las necesidades que surgen de la coyuntura, como también se hizo durante los gobiernos anteriores cuando se ajustaron los parámetros para acceder a los beneficios en función del contexto económico”, afirmó.

Para Marcos, la reactivación reciente “también se apoyó en factores externos, como el boom actual de precios internacionales de productos de exportación uruguaya, como la soja y la celulosa, a valores en realidad cercanos a los máximos históricos”.

Apoyos

Comentó luego la creación del Fondo Coronavirus y mencionó egresos por US$ 711 millones informados por el Ministerio de Economía en 2020; “sería ese total lo que el Uruguay gastó en la temática Covid, incluyendo US$ 180 millones para la compra de las vacunas”.

Dijo que hubo apoyos fiscales a sectores productivos, con “foco en las pymes”, así como ampliaciones en el régimen de seguro de desempleo y la creación de uno de tipo parcial. “Se pudo potenciar al Sistema de Garantías como instrumento relevante para mantener el acceso al financiamiento a las empresas, aunque ya estaban sentadas las bases para que ello pudiera realizarse”, afirmó la jerarca. “Lo mismo sucedió con la matriz de protección social, que permitió brindar aseguramiento a una parte muy importante de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud, el seguro de paro y de enfermedad y las transferencias de ingresos”.

“Si resulta complejo analizar proyecciones económicas, mucho más lo es en un contexto actual pautado por una profunda crisis y una gran incertidumbre respecto al futuro. En el 2020 el Producto Bruto Interno se contrajo en casi 6% y, de acuerdo al segundo trimestre del 2021, puede preverse que llegará a crecer un 3% en este ejercicio 2021 y en el 2022”, dijo Marcos, citando estimaciones de Gabriela Mordecki, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración estatal.

Educación y recortes

También hizo alusiones elogiosas a los gobiernos del Frente Amplio cuando se refirió a la enseñanza. “La implementación del llamado Plan Ceibal desde el 2007, que implicó una computadora para cada niño en el país, se complementó con una ampliación de la cobertura de Internet en todo el territorio nacional por parte de Antel (...). Este fue un elemento central que facilitó en todo, en una situación sanitaria que demandaba y posicionó a Uruguay” con “ventaja relativa en materia de acceso y uso de la tecnología por parte de estudiantes y docentes, posibilitando la continuidad de la educación”, aseguró.

Y destacó, en referencia a períodos frenteamplistas, que desde el 2014 la Administración Nacional de Educación Pública amplió las matrículas de alumnos incluyendo a los menores de tres años, así como la creación de la Utec, de “perfil tecnológico”, en el interior del país y con “84% de los matriculados” que son la primera generación de su familia que accede a la educación terciaria.

Contrapuso eso con la visión de que el nuevo presupuesto quinquenal del gobierno de Lacalle Pou “se ha centrado en el control del gasto, tratando de disminuir el déficit fiscal. Esta definición ha hecho que se disminuyan varios programas sociales existentes”. Además, prosiguió, la Ley de Urgente Consideración “plantea la aplicación de la regla fiscal”. Y remató: “Esta es una discusión que de verdad dejamos abierta entre los colegas presupuestarios de cuál deben ser las prioridades en momentos tan difíciles a escala latinoamericana y mundial de pandemia como estamos viviendo. Es decir, es cierto que debemos trabajar en el equilibrio presupuestario, su control, eficacia y eficiencia. Pero en momentos en que la vida de las poblaciones está en riesgo y situaciones como la actual no se han vivido, en realidad, tendríamos que ver cuál es el equilibrio a lograr, dado que al momento actual hasta los países más desarrollados están planteando una serie de imposiciones a las personas con más riquezas y empresas multinacionales a escala mundial. ¿Hasta dónde debemos trabajar con el equilibrio presupuestario y hasta dónde debemos seguir invirtiendo en políticas sociales? Es un tema que dejo planteado”.

En el mismo foro de la Asociación Internacional de Presupuesto Público, Laura Tabárez, presidenta de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público y actual directora de finanzas de la Intendencia de Canelones, se refirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre otras cosas, allí resaltó que en Uruguay, con un “compromiso muy grande” de su entonces presidente Tabaré Vázquez, se empezaron a adoptar “acciones concretas que permitieron alinear al país con esta estrategia”.